Shakira admite el fraude fiscal y pacta una multa millonaria para evitar la cárcel

La defensa de Shakira ha alcanzado un pacto con las acusaciones a las puertas de su juicio en la Audiencia de Barcelona, con el que la artista ha reconocido un fraude de 14,5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014, un acuerdo con el que ha conseguido no entrar en prisión.

La previsión era que el juicio durara hasta el 14 de diciembre, pero se ha saldado este mismo lunes en solo 10 minutos en los que el tribunal ha constatado que acusaciones y defensa han presentado un acuerdo que Fiscalía, Abogacía del Estado, Abogacía de la Generalitat y la defensa de la artista han ratificado en la sala.

También la propia Shakira ha ratificado el acuerdo, para lo que se ha sentado en el banco de los acusados para contestar "sí" a las dos preguntas del juez sobre si entiende de qué se le acusa y si reconoce los hechos y se conforma con la condena que se le ha impuesto.

En concreto, Shakira ha reconocido seis delitos contra Hacienda con las declaraciones del IRPF y el Impuesto de Patrimonio entre 2012 y 2014, y en el pacto se ha añadido una atenuante porque antes del juicio ya devolvió el dinero defraudado.

La condena pactada le supondrá a la artista una multa de 7.329.990 millones de euros (a parte de las cuotas que ya devolvió) y una pena de tres años de cárcel que no cumplirá a cambio de pagar otros 432.000 euros.

A la vista del acuerdo, el tribunal ha suspendido el resto del juicio (para el que estaban citados 117 testigos las próximas semanas) y ha dictado sentencia 'in voce' en el momento: como todas las partes han anunciado que no recurrirán el fallo, la condena ya es firme.

Antes de este acuerdo, la Fiscalía reclamaba para Shakira una condena a ocho años y dos meses de prisión y una multa de 23,8 millones de euros, una petición de pena que ha visto reducida al haber alcanzado este pacto con las acusaciones.

En paralelo, Shakira tiene pendiente una segunda causa por presunto fraude a Hacienda a través de un entramado de empresas en paraísos fiscales, un caso que está en fase de instrucción y en el que la Fiscalía reclama a la artista una deuda de 6.686.502 euros.

"Para que sus hijos vivan una vida plena"

La defensa legal de Shakira ha llegado a un acuerdo de conformidad para que la cantante pueda "priorizar su carrera y su estabilidad y la de sus hijos".

En un comunicado de 'Llorente y Cuenca', han detallado que, este acuerdo, pretende "poner un punto y final al proceso y evitar así el impacto de la exposición mediática y el tiempo de juicio que en muchas ocasiones es de una longitud extenuante".

"Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión", ha manifestado la artista.

Ha detallado que tenía dos opciones: "Seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos; dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante".

Además, en el mismo comunicado, Shakira ha sostenido que quiere que sus "hijos vivan una vida plena" y enfocarse en lo realmente importante, verlos crecer hijos y pasar tiempo con ellos, en sus palabras.

Por contra, Shakira seguirá su "lucha contra la Agencia Tributaria en el caso administrativo por el ejercicio fiscal de 2011, una vía con menos desgaste y exposición que la penal".

"Desde el fondo hasta la forma, el caso de 2011 es un sinsentido; no solo porque no estaba ni cerca de ser residente en el 2011, sino porque me han hecho pagar por todo el capital de trabajo de mi gira. No han tenido en cuenta los gastos en los que incurrí y acabé pagando los gastos de mi gira dos veces", añade la artista en el comunicado.

También confía en el "adecuado discernimiento de las autoridades de justicia, y en que sabrán separar la forma en que ha finalizado esta causa penal, sin que esta condiciones o afecte en lo más mínimo al caso de 2011, ya que se trata de un compartimento jurídico estanco y un proceso completamente distinto a todos los efectos".