El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha acordado imputar al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a la gerente del partido, Ana María Fuentes, y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez.

Según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas este miércoles, el magistrado instructor ha dado ese paso porque indaga, entre otras cosas, en si hubo pagos desde el PSOE a la presunta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad.

Las imputaciones se han conocido el mismo día en que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han accedido a primera hora a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.

El requerimiento de documentación lo ha ordenado el juez de la AN por una pieza separada que instruye y que afecta a Leire Díez, la presunta 'fontanera' vinculada al PSOE, así como al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso.

Pedraz ha ordenado que los agentes se personen igualmente en los domicilios de Cerdán y de Zarrías. Las diligencias también afectan al empresario Javier Pérez Dolset, al que también declara investigado.

Gaspar Zarrías, que fue vicepresidente andaluz, declaró en el marco de otra investigación en los Juzgados de Plaza de Castilla sobre la exmilitante socialista, que instruye Arturo Zamarriego, que contrató a Leire Díez para que investigase una supuesta implicación del comisario jubilado José Manuel Villarejo en la investigación de la trama de los ERE, por la que Zarrías fue juzgado. Según precisó, llegó a pagarle 4.000 euros mensuales durante cuatro meses por ello.

A principios de mes, el juez de la Audiencia Nacional prorrogó un mes más el secreto de sumario en la causa que investiga a Díez, Fernández y otros por presuntas irregularidades en contratos de empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI.

Pedraz asumió las pesquisas el pasado mes de diciembre de 2025 después de la detención de Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario y administrador de Servinabar Antxon Alonso, vinculado al ex 'número tres' del PSOE Santos Cerdán.

Agentes personados en varios puntos

En este contexto, agentes de la UCO se han desplegado desde primera hora de manera coordinaba en varios puntos, incluyendo la sede federal del PSOE en la madrileña calle de Ferraz para requerir diversa documentación relacionada con esta presunta trama de corrupción.

El juez ha ordenado, en el marco de estas pesquisas, que los agentes se personen igualmente en los domicilios del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la localidad de Milagro (Navarra) y del exdirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías en Madrid capital, así como del empresario Javier Pérez Dolset en una urbanización de Móstoles.

Fuentes del caso han indicado que el teniente coronel del Departamento de Delitos Económicos de la UCO, Antonio Balas, ha acudido este miércoles a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil porque la investigación también afecta a un exagente de la UCO.

Se trata de Juan Sánchez Yepes, agente de la Guardia Civil que formó parte del grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa, y que ya ha declarado con anterioridad en otras causas relacionadas con tramas de hidrocarburos como el 'caso Gaslow'. Los investigadores han reclamado información sobre expedientes disciplinarios e informaciones reservadas abiertas.

La UCO rastrea comisiones

La UCO sospecha que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado 700.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en un total de cinco operaciones bajo sospecha.

Los tres habrían formado parte de un grupo llamado 'Hirurok' dirigido a orientar "diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública", según consta en un auto del magistrado Antonio Piña, quien estaba de guardia el día que pasaron a disposición judicial.

Entre 2021 y 2023, Díez, Fernández y Alonso habrían actuado de manera coordinada con el objetivo "de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones" a través de "contratación y facturación mendaz", según la investigación.

En conjunto, habrían conseguido decisiones favorables a sus intereses desde distintas administraciones "y a través de diferentes cargos públicos, implicando en su operativa a empresas públicas" y entidades vinculadas a la SEPI en un total de cinco operaciones que están siendo investigadas.

La UCO intervino material informático y dispositivos electrónicos durante un registro efectuado en el domicilio de Leire Díez. Posteriormente, el magistrado solicitó a la Guardia Civil que realizara un expurgo del mismo para preservar todo aquello que no tenía nada que ver con la causa.

Los agentes de la UCO ya accedieron a la sede federal del PSOE en Ferraz en junio de 2025 tras la imputación del que era secretario de Organización del partido, Santos Cerdán.