Luz verde al defensor del cliente financiero, que penalizará a los bancos más incumplidores

El Congreso de los Diputados ha aprobado por mayoría absoluta la creación de la nueva Autoridad del Cliente Financiero, una nueva agencia de supervisión que unificará los criterios para gestionar las reclamaciones entre clientes y entidades bancarias.

Tal como se esperaba, el proyecto de ley ha sido respaldado con una holgada mayoría de 186 votos a favor. Sólo ha votado en contra Vox, mientras que PP y Junts se han abstenido y el resto de grupos han votado a favor. Ahora el texto pasa al Senado para continuar con los mismos procedimientos que en la Cámara Baja. De añadirse nuevas enmiendas en la Cámara Alta, el proyecto retornaría a la carrera de San Jerónimo para ser refrendado de manera definitiva.

El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, ha acudido al Congreso con motivo de la votación del proyecto de ley y ha aprovechado para celebrar su aprobación, porque dice que se trata de un organismo "muy esperado" y que ha conllevado "mucho trabajo" con diferentes ministerios, la industria y asociaciones de clientes financieros.

"Por primera vez los clientes van a tener la posibilidad de obtener una resolución de sus reclamaciones de sus hipotecas, de productos de ahorro para las aseguradoras de manera gratuita y rápida", ha apostillado.

En esta línea se ha expresado también el portavoz de la Comisión de Asuntos Económicos del PSOE, Pedro Casares, quien eso sí ha lamentado el voto en contra de Vox y la abstención del PP. A su juicio, estas formaciones "han buscado muchas excusas" para no apoyar el proyecto, pero ha dicho que no es algo nuevo y sucedió de manera similar con la Ley de Vivienda o la reforma laboral.

 

Tono de consenso en el hemiciclo

En lo que se refiere al debate en el hemiciclo, tanto Idoia Sagastizabal, del PNV, como Edmundo Bal, de Ciudadanos, y Ferran Bel, del PDeCAT, han querido ensalzar en sus intervenciones el trabajo realizado durante la tramitación del proyecto de ley, en especial de los diferentes grupos parlamentarios y también del secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés.

Joan Capdevila, de Esquerra Republicana (ERC), se ha pronunciado en el mismo sentido y ha celebrado también la simplificación en el acceso a las cuentas de pago básicas mediante la tramitación del proyecto de ley.

Txema Guijarro, de Unidas Podemos, ha celebrado también la creación de esta nueva agencia, que considera necesaria teniendo en cuenta, dice, "la tendencia del sector financiero y bancario", en referencia a las "claúsulas suelo", las tarjetas 'revolving', comisiones "fraudulentas" y "denegación de cuentas de pago básicas".

De hecho, ha recordado que a finales del año pasado quedaban pendientes de resolver 212.969 sentencias entre la banca y sus clientes. "Es decir, que nuestro sistema judicial no es capaz a día de hoy de repartir tal cosa, justicia. Se requiere por tanto y con urgencia de una vía extrajudicial y ágil de resolución de conflictos", ha apostillado.

El PP se queja de la "perversión" del proceso legislativo

Miguel Ángel Castellón, del PP, ha criticado haber tramitado el proyecto de ley mediante el procedimiento de urgencia, que reduce los tiempos a la mitad. Incluso ha acusado de "perversión" del proceso legislativo, al incluir enmiendas, dice el diputado, enmiendas que "nada tienen que ver" con el proyecto en sí.

Esto lo ha dicho en buena medida por la enmienda introducida a última hora para flexibilizar el acceso al Perte Chip. Pese a ello, ha reconocido que el texto que se debate en Pleno "es mejor" que el que llegó a la Cámara y por eso ha avanzado la abstención de su grupo, al igual que hicieron ya en comisión.

Vox ha sido el único grupo que se opone a la creación del organismo. Eso sí, el portavoz en la comisión de Asuntos Económicos del grupo, Rubén Manso, ha reconocido que la agencia va a descongestionar "mucho" los tribunales al eliminar el doble orden jurisdiccional y civil que se recogía en el texto inicial.

No obstante, ha enfatizado que "no es necesario crear una nueva institución ni un organismo público nuevo" cada vez que hay problema. También ha advertido de los posibles riesgos que puede implicar el nuevo sistema de financiación. Básicamente, ha dicho que si la financiación del organismo vendrán en mayor parte de las entidades que peor se porten, se acabará fomentando la conflictividad jurídica.