El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la multa de 600.000 euros impuesta a Gas Natural Redes GLP (del grupo Nedgia, la distribuidora de gas natural de Naturgy) por cobrar de forma irregular un recargo en las facturas de gas licuado de petróleo (GLP) por canalización. La resolución, que desestima el recurso presentado por la compañía, avala la sanción impuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tras una denuncia presentada por Facua-Consumidores en Acción.

La sentencia supone el primer respaldo judicial firme a las sanciones impuestas por estos cobros y refuerza el criterio mantenido tanto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como por el ministerio. Ambos organismos concluyeron que las empresas no podían repercutir a los consumidores un importe adicional por el denominado Servicio de Atención de Urgencias (SAU), al tratarse de una prestación cuyo coste ya debe estar integrado en la tarifa regulada del suministro.

El caso afecta a una práctica que, según Facua, se extendió por buena parte del sector hace más de una década. Gas Natural Redes GLP habría sido, además, la compañía que más ingresos obtuvo mediante este concepto. De acuerdo con los datos aportados por la propia empresa a la CNMC, ingresó 3,53 millones de euros entre 2018 y 2021, cerca de 900.000 euros anuales.

El TSJM ⚖️ confirma una multa de 600.000 € a Naturgy ⚡ tras la denuncia de FACUA por un recargo ilegal a los usuarios de GLP https://t.co/EMuCNqLG20

— FACUA (@FACUA) July 9, 2026

Recargos por el servicio de atención de urgencias

Según Facua, "las irregularidades consisten en incluir en los recibos un concepto denominado SAU o servicio de atención de urgencias. Sin embargo, la garantía de prestación de ese servicio en casos de urgencias es una imposición legal y la normativa del sector no permite a las compañías cobrarlo como recargo, por lo que tiene que estar integrado en la tarifa regulada", señalan desde la organización.

En el caso de Naturgy, el recargo supone actualmente 1,28 euros más el 10% de IVA en cada recibo bimestral (1,41 euros, sumado el impuesto). Las fechas de inicio de aplicación del recargo son dispares en el sector y la más antigua data de al menos 2012. Dependiendo de la compañía, los importes oscilan entre 7,79 y 18,35 euros al año.

En su resolución, el TSJM respalda expresamente esta interpretación. La Sala recuerda que el servicio de operación y mantenimiento “está ya incluido en la tarifa” y añade que la ausencia de un desarrollo reglamentario específico “no permite un cobro adicional”. La sentencia también cita un informe de la Abogacía del Estado de 2020 que concluía que las empresas suministradoras no podían fijar unilateralmente este recargo.

Cobros ilegales desde 2018

Esta es la primera multa ratificada por los tribunales, pero desde FACUA explican que llevan denunciando estos "cobros ilegales" desde 2018. Las últimas denuncias presentadas por la asociación, que datan de 2020, se interpusieron contra seis compañías y derivaron en 2023 en multas contra un total de nueve por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica. La asociación sostenía que las empresas estaban aplicando un precio “carente de suficiente cobertura legal” y advertía además de que esa práctica podía estar vinculada a comportamientos previamente sancionados por Competencia.

La CNMC abrió un expediente, al que incorporó posteriormente otras tres empresas que realizaban el mismo cobro. Tras analizar el caso, el organismo concluyó que no existía ninguna norma que habilitara a las distribuidoras a exigir ese importe adicional por un servicio inherente al suministro de GLP canalizado. Dado que la competencia sancionadora correspondía al Ministerio para la Transición Ecológica, el expediente fue remitido a la Dirección General de Política Energética y Minas, que acabó imponiendo multas de entre 22.000 y 600.000 euros.  "Sin embargo, la enorme lentitud del organismo en tramitar los expedientes permitió a tres de las empresas librarse del pago de las sanciones, que tras sus recursos fueron anuladas por considerarse prescritas", señalan desde Facua. 

Cómo reclamar el reembolso

Así, la asociación insta a las empresas a que reembolsen de forma automática a todos los afectados las cantidades que les han cobrado de forma irregular desde que pusieron en marcha el recargo por este servicio. En el caso de Naturgy, ha seguido cargando este importe a sus clientes hasta la actualidad. La asociación también anima a los afectados a reclamar individualmente la devolución de esos importes y ha anunciado que prepara acciones en representación de sus socios para exigir el reembolso de las cantidades abonadas.

"Estamos instando a las empresas a que reembolsen de forma automática a todos los afectados las cantidades que les han cobrado de forma irregular desde que pusieron en marcha el recargo por este servicio. Pero los afectados también pueden ser proactivos y dirigirse a sus compañías para reclamar su dinero más los intereses", explican.