La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado deficiencias en la realización de etiquetas de certificación energética de viviendas, siendo las más comunes la incorrecta identificación de los sistemas de producción de calor y frío de la vivienda, así como la falta de consejos concretos para reducir el consumo energético. Además, en un comunicado, la asociación, que ha analizado el trabajo de 15 profesionales en dos viviendas tipo, denunció que hasta el 11% de los profesionales consultados previamente por teléfono accedían a certificar sin acudir al domicilio.
La etiqueta de certificación energética de viviendas sirve para medir la eficiencia energética de un inmueble a partir de una escala de siete letras, de la A y a la G, siendo la primera la de mayor eficiencia y la última, la de menor. Para facilitar su clasificación, a cada letra se le asigna un color. Aquellas más sostenibles tienen un tono verde que gana intensidad cuanto mayor es su nota. Por el contrario, las de menor eficiencia tienen colores amarillos y rojos. Para medir la categoría en la que se encuentra la etiqueta de eficiencia energética de cada hogar se tienen en cuenta dos aspectos, las emisiones de dióxido de carbono kgCO2/m2 y el consumo de energía kWh/m2.
OCU exigió así al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a las consejerías competentes aumentar los controles sobre los profesionales que elaboran este tipo de certificados, además de pedir que estos documentos incluyan propuestas claras de mejora. De lo contrario, consideró que la realización de las etiquetas energéticas se convertirá en un 'sacacuartos' sin utilidad práctica para el propietario, que las paga a precios que pueden superar los 200 euros.
Asimismo, OCU también detectó grandes diferencias de precios en un estudio paralelo realizado en 25 ciudades para la realización de una certificación energética. Dentro de la misma localidad, pero también entre ciudades: frente a un precio medio inferior a los 90 euros en Santa Cruz de Tenerife y Sevilla, el coste supera los 150 euros en Bilbao, Burgos y Ávila, indicó.
