Cada vez más servicios nos piden utilizar una aplicación móvil para realizar gestiones que antes podían hacerse de forma presencial, por teléfono o en papel. Pero surge una pregunta importante: ¿puede considerarse obligatorio utilizar una app para acceder a un servicio?

Tener un teléfono móvil no significa necesariamente saber utilizar aplicaciones, disponer de conexión a Internet, tener un smartphone compatible o sentirse seguro manejándolas. Esta situación afecta especialmente a muchas personas mayores.

Cuando una empresa o una administración establece la app como única vía para pedir una cita, acceder a información, realizar una gestión o utilizar un servicio, quienes no pueden o no quieren utilizarla quedan en una clara situación de desventaja y pueden perder autonomía.

La digitalización debe ser una herramienta para facilitar la vida, no una obligación que genere exclusión. Una app puede ser una opción cómoda, pero no debería convertirse en la única puerta de entrada a servicios esenciales.

Garantizar alternativas accesibles no es estar en contra de la tecnología: es defender que nadie quede atrás por no utilizarla.

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