Vuelven los pregoneros de las catástrofes a meternos miedo con las pensiones

Vuelven los intereses malvados y los pregoneros de las catástrofes a meternos el miedo en el cuerpo con lo "de que pagar las pensiones con la actual inflación costará 10.000 millones de euros". Están deseando que se descalabre el sistema público para sacar tajada con los planes privados de pensiones. Y no descansarán.

Todos sabemos que una inflación tan alta es perjudicial, sobre todo para los trabajadores, pues pierden poder adquisitivo cuando los convenios están prácticamente congelados salvo excepciones. Por ello, el último acuerdo de pensiones ha sido muy positivo al introducir la revalorización con el promedio del IPC anual y eliminar el maldito 0,25 de la reforma del PP.

El Gobierno español junto con la Unión Europea ha tardado en reaccionar, llevando la situación a un descontento social peligroso,  porque permite a los demagogos ofrecer falsas soluciones y generar expectativas de un cambio de modelo económico que no es real, puesto que sus políticas son las mismas de los que nos exprimen.

Porque dicen defender el mundo rural –PP y VOX– cuando votan en contra de la ley de la cadena alimentaria que impide vender productos a pérdidas. Dicen que apoyan a los asalariados pero votan en contra de subir el salario mínimo, eliminar la temporalidad laboral o contra los ERTES que han evitado miles de despidos. Dicen apoyar las pensiones públicas pero rechazan el acuerdo para subirlas y mejorar su financiación. Así podríamos seguir con más ejemplos, como votar en contra de investigar las muertes en las residencias.

Pero las cosas no pueden seguir igual. El Gobierno de Pedro Sánchez debe meter mano a los especuladores en tiempos de crisis, impidiendo que  suban los combustibles horas antes de subvencionarlos o que los alimentos básicos –leche, aceite, pan, patatas o pasta– sean motivo de encarecimiento por una huelga de transporte y cuando se normaliza la distribución, sigan con precios altos. Que aumenten los alquileres o que las empresas de energía no tengan responsabilidad social disparando los precios y haciendo que  la pobreza energética sea tan grave como la pandemia. Ya está bien de que el mercado regule nuestras vidas como consumidores, olvidando nuestra condición de ciudadanos/as de un estado de pleno derecho (como lo  define la Constitución).

Debemos admitir que este Gobierno de coalición no lo ha tenido fácil, pues han acontecido hechos muy graves en poco tiempo: pandemia, volcán, cambio climático, guerra, oposición destructiva, etc. Pero debe volcarse más con la población vulnerable, combatiendo la pobreza, interviniendo  los sectores especulativos dedicados a repartir dividendos, porque aunque pierda el poder en las próximas elecciones por el exceso de populismo marcará las diferencias con un gobierno de la derecha antisocial.

José María Gómez Claro, secretario general de Pensionistas CCOO Asturias

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