En agosto de 2026, un paciente clasificado como urgente —no el más grave, pero sí alguien que necesita atención médica real y pronta— puede esperar hasta nueve horas para ser visto por primera vez en un hospital de la Gran Lisboa. En el Hospital del Barreiro, los tiempos de primera observación superaron las once horas. No hablamos de una catástrofe natural ni de una pandemia: hablamos de un martes cualquiera en el Serviço Nacional de Saúde portugués. Y quien más sufre esta espera, conviene decirlo sin rodeos, son las personas mayores.

El dato no sorprende a nadie que haya seguido la evolución del SNS en los últimos años, pero su recurrencia debería alarmar a todos. Las urgencias hospitalarias se han convertido en el sumidero donde confluyen todas las averías del sistema: los pacientes sin médico de familia asignado —concentrados dramáticamente en el área metropolitana de Lisboa—, las listas de espera interminables para consultas de especialidad, las cirugías programadas que se aplazan una y otra vez. El Serviço Nacional de Saúde fue creado en 1979 con la promesa constitucional de un acceso universal y tendencialmente gratuito. Cuarenta y siete años después, esa promesa sigue en pie sobre el papel. En la práctica, se resquebraja cada semana un poco más.

Paulo Raimundo, secretario general del Partido Comunista Português, no se anduvo con eufemismos esta semana en la FATACIL de Lagoa: "El camino de desmantelamiento del SNS que está en curso va a continuar esta situación. Tiempos de espera, falta de técnicos, falta de enfermeros: todo sigue exactamente igual que hace un año". Más allá de la retórica partidista, los datos le dan la razón en lo esencial. El déficit de profesionales sanitarios es el talón de Aquiles que ningún Gobierno ha logrado resolver. Faltan médicos en múltiples especialidades, sobre todo en el interior del país. Faltan enfermeros —y los que quedan afrontan carreras precarias, salarios contestados y una migración creciente hacia el sector privado y hacia el extranjero—. Cuando una enfermera portuguesa puede ganar el doble en un hospital de Ámsterdam o de Zúrich, la ecuación se resuelve sola.

Para un lector español, la fotografía resultará dolorosamente familiar. También en España las urgencias actúan como válvula de escape de un sistema saturado, también en España faltan médicos de familia y también proliferan los seguros privados como respuesta individual a las carencias del sistema público. Pero hay matices relevantes. La red de atención primaria española, con todos sus problemas, conserva una estructura más extensa y arraigada que la portuguesa. Y la respuesta política española al problema, aunque lenta, ha incluido planes concretos de retención de profesionales y mejoras retributivas que en Portugal aún están en fase de promesa. El problema común, sin embargo, es el mismo: ¿quién cuida de los que cuidan, cuando los que cuidan se van?

La cuestión tiene una dimensión generacional que no puede ignorarse. Portugal es uno de los países más envejecidos de Europa: el 24% de su población tiene más de 65 años, y la tendencia es ascendente. Son precisamente estas personas las que más necesitan el sistema sanitario público, las que más consultas de especialidad requieren, las que con más frecuencia acuden a urgencias, las que más dependen de unos cuidados continuados que siguen siendo la hermana pobre del SNS. Y son ellas las que menos capacidad tienen de sustituir al Estado: una pensión media portuguesa no da para pagar un seguro privado que cubra cardiología, oncología y rehabilitación. El crecimiento del sector privado en los últimos veinte años, con clínicas brotando "como setas" en zonas urbanas —la expresión es de Raimundo—, ha beneficiado sobre todo a las capas medias-altas y jóvenes de las grandes ciudades. Para el jubilado de Beja, de Guarda o de Bragança, el SNS no es una opción: es la única opción.

Es significativo que, precisamente esta semana, el Banco de Portugal haya inaugurado un proyecto piloto para llevar sus servicios financieros al mercado de Bragança, en Trás-os-Montes, reconociendo que la distancia a las oficinas convencionales era un obstáculo real para los ciudadanos de la zona, muchos de ellos mayores. Es un gesto pequeño pero revelador: cuando las instituciones desaparecen del territorio, quienes se quedan son los mayores, y quienes más sufren la desaparición son ellos. Lo que vale para un banco vale, multiplicado por diez, para un centro de salud o un hospital.

El Gobierno de Montenegro ha anunciado un nuevo hospital en el Algarve y habla de modernización, digitalización e integración de cuidados. La ministra de Salud presume de que hay menos urgencias cerradas este verano que el anterior. Es cierto, como señaló Raimundo, que la explicación es más prosaica: algunas urgencias se cerraron definitivamente, así que ya no cuentan como "cerradas temporalmente". Más allá de la contabilidad creativa, el problema de fondo es que sin profesionales el sistema no funciona, por mejores que sean los edificios. Y los profesionales se marchan porque las condiciones no son competitivas.

España y Portugal comparten, en el fondo, el mismo dilema: cómo mantener un sistema sanitario público universal en sociedades que envejecen, con profesionales que emigran y con un sector privado que crece absorbiendo los recursos humanos del público. La respuesta no es sencilla, pero empieza por reconocer que la inversión en sanidad pública no es un gasto: es la infraestructura mínima de una sociedad decente. Cuando un jubilado de setenta años espera nueve horas en una urgencia de Lisboa porque no tiene médico de familia, porque la enfermera que debía atenderle se fue a Holanda y porque nadie quiere hacer guardia en agosto, el contrato social que sostiene una democracia se agrieta por donde más duele: por abajo, donde están los que ya no pueden esperar.