Una Secretaría de Estado de Mayores: ¿nuevo organismo o nueva mirada sobre la longevidad?

Artículo de opinión sobre el anuncio de Feijóo en el 'Cara a cara' con Sánchez

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El anuncio de Alberto Núñez Feijóo de crear una Secretaría de Estado del Mayor cuando llegue al Gobierno abre un debate que merece ir más allá de las siglas y de la actualidad política. ¿Necesita España una institución específica que impulse una visión integral del envejecimiento? Y, sobre todo, ¿qué tendría que hacer para mejorar realmente la vida de las personas mayores?

La primera premisa es sencilla: las personas mayores no son un colectivo homogéneo. Envejecer no equivale a ser dependiente. Hay quienes mantienen una vida autónoma, trabajan, cuidan, aprenden y participan activamente en la sociedad; otros necesitan apoyos ocasionales o cuidados continuados. Una política pública útil debe reconocer toda esa diversidad.

Tres experiencias europeas, tres formas de organizarse

Irlanda ofrece uno de los precedentes institucionales más próximos: dispone de un ministro de Estado con responsabilidades específicas sobre las personas mayores, dentro de una estructura vinculada a la salud. La atención domiciliaria, los cuidados de larga duración y la posibilidad de seguir viviendo en el entorno habitual son asuntos centrales en su agenda.

Alemania integra las políticas de mayores en un ministerio federal más amplio que también reúne educación, familia, mujeres y juventud. Su organización refleja una perspectiva social e intergeneracional: participación, convivencia, protección de derechos y lucha contra la discriminación por edad. Las competencias sanitarias y de cuidados, sin embargo, se reparten entre distintos niveles y departamentos.

Portugal sigue una fórmula transversal: las políticas de envejecimiento se distribuyen entre las áreas de trabajo, solidaridad y seguridad social, sanidad y otros organismos públicos. No debe confundirse esta coordinación sectorial con la existencia de una Secretaría de Estado exclusiva de mayores.

No existe, por tanto, un modelo europeo único. La enseñanza relevante es que el rango administrativo importa menos que las atribuciones, el presupuesto, la coordinación y los resultados.

Cinco direcciones generales para una política de longevidad

Si España optara por esta vía, yo propondría una Secretaría de Estado de Personas Mayores, Longevidad y Autonomía Personal, organizada en cinco grandes áreas. Se trata de una propuesta de diseño institucional, no de las competencias anunciadas por el Partido Popular.

1. Protección económica y empleo sénior

La suficiencia de las pensiones, la pobreza en la vejez y las desigualdades económicas deben ocupar un lugar destacado. También la lucha contra el edadismo laboral, la actualización de competencias, el empleo de mayores de 55 años y las fórmulas de jubilación flexible. La Secretaría debería impulsar y coordinar estas políticas con Trabajo y Seguridad Social, sin duplicar la gestión de las pensiones.

2. Salud, autonomía personal y prevención

Vivir más años debe significar, en la medida de lo posible, vivirlos con salud y capacidad de decisión. Esta dirección promovería la prevención de la fragilidad, la actividad física, la rehabilitación, la estimulación cognitiva, la salud mental, la nutrición y el seguimiento de enfermedades crónicas. Su papel sería coordinar iniciativas con Sanidad y las comunidades autónomas, responsables de buena parte de la asistencia sanitaria.

La autonomía personal merece una política propia: no basta con responder cuando la dependencia ya ha aparecido; también hay que invertir en retrasarla y prevenirla.

3. Dependencia y cuidados de larga duración

Residencias, centros de día, ayuda a domicilio, teleasistencia avanzada, apoyo a cuidadores y nuevas fórmulas de convivencia forman parte de un mismo ecosistema. Hacen falta financiación suficiente, profesionales preparados, condiciones laborales adecuadas y una atención verdaderamente centrada en la persona. La coordinación sociosanitaria y la evaluación transparente de la calidad deberían ser prioridades.

4. Derechos, vivienda e inclusión social

La soledad no deseada, el maltrato, los abusos económicos, la discriminación por edad y las barreras de accesibilidad exigen respuestas coordinadas. También las necesita la vivienda: adaptar los hogares y los barrios puede permitir que muchas personas permanezcan más tiempo en su entorno.

La digitalización de bancos, centros sanitarios y administraciones no debe dejar a nadie atrás. La tecnología ha de ampliar opciones, no convertirse en una condición para ejercer derechos básicos.

5. Longevidad, innovación y participación

La economía plateada, la investigación, la tecnología asistencial, el aprendizaje permanente, el turismo sénior, el voluntariado y los proyectos intergeneracionales son parte de una agenda de oportunidades, no solo de necesidades. Esta dirección debería promover la innovación y garantizar que las personas mayores participen de forma efectiva en las decisiones que las afectan.

La clave: coordinar sin duplicar

España ya cuenta con el Imserso, una red de servicios autonómicos y locales y organismos especializados. Crear una nueva Secretaría de Estado sin delimitar funciones podría añadir burocracia. Para aportar valor necesitaría un mandato claro, presupuesto, una comisión interministerial efectiva, cooperación con las comunidades autónomas y objetivos medibles.

Una estrategia nacional de longevidad a diez años, con evaluación pública anual, permitiría seguir indicadores de salud, autonomía, pobreza, soledad, accesibilidad y calidad de los cuidados. La perspectiva de género y las diferencias entre entornos urbanos y rurales deberían atravesar toda la estrategia.

De gestionar la vejez a promover la longevidad

Durante demasiado tiempo, hablar de mayores ha significado hablar casi exclusivamente de pensiones, enfermedad y dependencia. Son asuntos esenciales, pero insuficientes para describir una etapa vital cada vez más extensa y diversa.

El verdadero avance no sería crear una Secretaría de Estado para gestionar la vejez, sino impulsar una política de Estado que permita vivir más años con salud, autonomía, dignidad y oportunidades.

La pregunta no es únicamente cómo vamos a cuidar a una población que envejece. Es cómo queremos vivir todos cuando seamos mayores.