La PMP pide a Hacienda un plan ante la falta de atención presencial en las oficinas del Estado

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (@PlataformaPMP), en su campaña de interlocución con las administraciones públicas, que tiene como objetivo hacer valer los derechos de las personas mayores ante la creciente y brusca digitalización de numerosos servicios públicos y privados, ha abordado en esta ocasión el problema de la falta de atención presencial al ciudadano en las oficinas del Estado en una reunión con el coordinador del Gabinete de la ministra de Hacienda, José Antonio Hernández. 

Como movimiento más representativo a nivel estatal (con 15.079 asociaciones y más de 5.750.000 afiliados) para la defensa de los derechos de las personas mayores y pensionistas ante los poderes públicos, privados y el conjunto de la sociedad, la PMP ha trasladado dos cuestiones.

Por una parte, ante la insuficiencia de oficinas abiertas, han puesto sobre la mesa la necesidad de un plan acerca de la atención presencial al ciudadano, reclamando la necesidad de abrir más para garantizar esa presencialidad. “Hemos pasado del vuelva usted mañana a apáñeselas como pueda con el móvil”, coincidía la PMP con la ministra Montero, con la que ha solicitado igualmente una reunión. "Esto no puede ser”, aseveraban.

Por otro lado, reclamaban la necesidad de evitar que se reduzca la plantilla de funcionarios que se dedican a la atención al ciudadano, ya que, a pesar del anuncio del Gobierno de aumentar para finales de año la plantilla de funcionarios públicos, desde la PMP temen que no se refuerce el personal dedicado a garantizar la atención presencial al ciudadano.

Otras de sus demandas ha sido la de un convenio con la Agencia Tributaria para conseguir una mejora del programa de atención a las personas mayores. Igualmente, trasladaban su "especial preocupación" por las deficiencias de los portales públicos en cuanto a accesibilidad, usabilidad y estándares técnicos.

Por último, para la implementación de las medidas mencionadas, la PMP se ha ofrecido como agente interlocutor y colaborador con la administración para realizar el diagnóstico de necesidades en colectivos y personas vulnerables, ya fuese colaborando con entidades locales desde su red asociativa o con la medición del impacto de los planes de formación y capacitación digital.