El Defensor del Pueblo (@DefensorPuebloE) sostiene que el marco normativo aún no garantiza el suministro eléctrico requerido por la realidad social y las exigencias constitucionales. "Sigue existiendo pobreza energética en muchos hogares, o sacrificio económico que los hogares detraen de otras necesidades básicas, como el agua, la alimentación, el vestido o la vivienda, para poder pagar el recibo de la luz", advierte en su Informe Anual 2018 presentado este martes.
Destaca también la actuación de oficio, actualmente en curso, sobre prácticas comerciales engañosas para el cambio de comercializadora y que tiene su origen en las quejas de personas (sobre todo mayores) que "se han visto confundidas, si no engañadas", por prácticas que les inducen a contratar condiciones de suministro desventajosas.
En el informe además critica el alto precio de la luz y asegura que recibió numerosas quejaas relacionadas con el bono eléctrico. En concreto dice: "En el actual sistema de precios tan elevados, el bono social se ha convertido en uno de los instrumentos más importantes para conseguir que la energía eléctrica sea asequible. Para el Defensor del Pueblo es fundamental que el bono esté bien regulado y se aplique correctamente, lo que incluye que alcance a todos sus potenciales beneficiarios, porque solo si se cumplen esas dos condiciones se garantizará que los recursos económicos del bono social lleguen a las personas que lo necesitan".
El Defensor del Pueblo recuerda que el actual sistema (implantado por el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica) fue acogido por el Defensor del Pueblo de manera más favorable que el anterior sistema (Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica), que otorgaba el bono social no con arreglo a criterios de renta, sino del cumplimiento de requisitos que solo indiciariamente podían manifestar la falta de medios económicos.
Y señala que en abril de 2017, el Defensor del Pueblo formuló a la Secretaría de Estado de Energía varias recomendaciones orientadas a mejorar la cobertura que brinda este importante instrumento. Algunas fueron atendidas, sin embargo, otras recomendaciones, sobre todo las referidas al funcionamiento del sistema y a la necesaria publicidad para que todos quienes lo necesiten puedan beneficiarse del bono social, "aún no pueden considerarse atendidas".
