Pobreza energética: Errores del Gobierno y empresas condenan a un 15% de España a pasar frío

Aunque cueste creerlo, en España hay muchas familias que tienen que elegir cada día entre comer o poner la calefacción, tal como alertaba hace unos días el relator de la ONU para la pobreza extrema y derechos Humanos, Phillip Alston tras analizar la situación de colectivos vulnerables en nuestro país. Este dilema es una de las principales consecuencias de lo que se conoce como pobreza energética o la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios energéticos para sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18 a 21ºC en invierno y 25ºC en verano). Si bien existen varias causas de la pobreza energética, que se conmemora esta semana entre el 17 y el 22 de febrero, los tres factores fundamentales que la provocan son: bajos ingresos del hogar, calidad insuficiente de la vivienda y precios elevados de la energía, según establece el Observatorio Europeo de la Energía.

Así, cerca de 6 millones de personas en nuestro país, en torno al 15% de la población, estarían sufriendo temperaturas inadecuadas en la vivienda o retraso en el pago de recibos, o ambos, según concluye el estudio Pobreza Energética 2018 elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales (@ACAmbientales). Unos porcentajes que se elevan en el caso de los hombres mayores de 65 años que viven solos (20%) y sobre todo en el caso de las mujeres mayores que viven solas (29%), que son junto con los hogares monomarentales, menores y migrantes, los mayores grupos de riesgo.

Son los casos de Mohamed, inmigrante sin papeles de 74 años que vive con poco más que el apoyo social que recibe o de Rosa 71 años que subsiste con una pensión no contributiva de 254 euros al mes. “Siempre he pagado mis facturas pero ahora no puedo permitirme el lujo de calentar mi casa y solo tengo luz en la cocina", explica la mujer a 65Ymás. La pobreza energética es una realidad poliédrica, con consecuencias a muchos niveles, empezando por la salud física y mental, que afecta especialmente a personas mayores.

Principales responsables de esta situación

Las plataformas que luchan contra la pobreza energética, como Alianza contra la Pobreza Energética (@APE_Cat) culpan a la Administración y a las eléctricas mayoritarias como Iberdrola, Endesa, o Naturgy de esta situación, que pese a haber implantado soluciones parciales como el bono social o la aprobación de la la Estrategia Nacional de Pobreza Energética el pasado abril de 2019, no están haciendo lo suficiente y "mantienen un sistema energético injusto". Por eso, con motivo de la Semana de la Pobreza Energética, colectivos sociales y ecologista como Fridays for Future, Ecologistas en Acción, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (@NuModEnergetico) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han convocado este viernes 21 de febrero, una concentración frente al Congreso de los Diputados para reivindicar el fin de la pobreza energética. Mientras, desde las eléctricas, insisten en la necesidad de ver esta problemática desde la óptica de la pobreza en general, no solo relacionada con la energía, según se refleja en el informe ‘La pobreza energética en España: Aproximación desde una perspectiva de ingresos’, publicado por la Fundación Naturgy.

Y es que hasta abril de 2019, la única medida de alcance estatal para combatir la pobreza energética en España ha sido el bono social de electricidad, que consiste en una rebaja del precio regulado de la electricidad de entre un 25 y un 40% para consumidores vulnerables que ha ido variando desde su creación en 2009 por parte de José Luis Rodríguez Zapatero para luchar contra los efectos de la crisis económica, pero debido a la falta de información y complicados trámites, solo llega a un 19% de los hogares vulnerables, según el último informe de la Cruz Roja sobre pobreza energética (@CruzRojaEsp). Es más, se calcula que estas deficiencias han dejado a casi medio millón de mayores fuera de este servicio, debido las dificultades para entregar toda la documentación o por problemas de movilidad. Desde la patronal de las eléctricas, Aelec (@aelec_es), admiten que pese que las empresas comercializadoras "tratan de facilitar la tramitación del bono por medio de todos los medios disponibles" –oficinas, correo postal y electrónico y atención telefónica–, es cierto que la comunicación es más difícil con las personas más vulnerables".

Estrategia Nacional, un primer paso pero insuficiente

Todo ello pese a la aprobación del aprobación del Real Decreto Ley 5/2018 y la Estrategia Nacional de Pobreza Energética por parte del Gobierno de Pedro Sánchez el pasado abril de 2019, haya supuesto un antes y un después en cuanto al reconocimiento oficial del problema de la pobreza energética como "incapacidad de un hogar de alcanzar un nivel social y materialmente necesario de servicios domésticos de la energía", el establecimiento de unos indicadores oficiales de medición y metas de reducción en torno al 25%: pero que según los expertos, se queda corto y sigue sin resolver puntos clave de esta realidad, como las complejidades del mercado eléctrico español cuyos precios son uno de los más elevados de la Unión Europea, según Eurostat.

Fuente: Eurostat

"Las medidas propuestas por el Gobierno socialista para combatir la pobreza energética son un primer paso, pero insuficiente" y olvidan cualquier mención a los precios de las energía y el funcionamiento del sistema eléctrico como factor determinante en las realidades de pobreza energética, aseguran desde el sindicato UGT (@UGT_Comunica), mientras que el Gobierno se limita a facilitar la información oficial, sin hacer más declaraciones al respecto. En la misma línea se posiciona la Alianza contra la Pobreza Energética, quienes sostienen que "se trata de un compendio de deseos a futuro que en la práctica no está concretando medidas efectivas". Además, según expone Paca Blanco, miembro de Ecologistas en Acción (@ecologistas), "aunque la ley reconoce una serie de límites como prohibir los cortes de la luz, éstos se siguen produciendo, ya que los criterios son muy estrictos, igual que ocurre con el bono social". 

Como alternativa, Mónica Guiteras de la Alianza contra la Pobreza energética, considera que "habría que poner en marcha una serie de estrategias que nos permitan que asuman sus responsabilidades las empresas privadas que gestionan estos servicios y que están haciendo negocio con ellos. Y por otro lado, que se puedan plantear medidas realmente efectivas como por ejemplo una tarifa social progresiva que pueda cubrir hasta el 100% en los casos de más necesidad", asegura, recalcando que por el momento eso está aún muy lejos de ser una realidad. 

Las trampas secretas del bono social

Junto a las ya mencionadas dificultades de acceso al bono social por falta de información entre la población, excesivos trámites burocráticos, que afecta especialmente a los mayores, una de las trampas más desconocidas que rodean al bono social se refiere al requisito de estar en el mercado regulado o tarifa PVPC para poder solicitar esta ayuda, tal como confirman desde el Ministerio de Transición Ecológica. Es decir, que si el contrato del consumidor está en el mercado libre, no podrá ni siquiera optar al bono social. "Esto es una gran trampa", aseguran desde la Alianza de la Pobreza Energética, "ya que muchas familias lo desconocen". Pero desde la patronal de las eléctricas, Aelec, se defienden asegurando que llegado el caso "las empresas tramitarían simultáneamente el traspaso del cliente que lo solicita al mercado regulado, junto con la concesión del bono social".

Sin embargo, el problema real radica en que, según explican desde la OCU, muchos clientes se encuentran en el mercado libre y no lo saben, debido a las políticas comerciales de las empresas, que pueden efectuar dicho cambio sin presuntamente alertar de ellos al cliente. Así, el 70% de la población ignora si está en el mercado libre o regulado, según la CNMC (@CNMC_ES), que señala además que en 2019 se observa una tendencia clara de sustitución de contratos al mercado libre (presente en el 61% de los hogares). Esta dinámica, tiene implicaciones en términos de vulnerabilidad energética, según el estudio ¿Una transición justa? Los bonos sociales a debate desde una perspectiva de pobreza y justicia energética, publicado en revista de Presupuestos y Gasto Público.

A esto se suma el hecho de que el coste final del bono social lo asuman las eléctricas, pueda condicionar el precio final de los clientes finales. Se calcula que éstos supuso en 2018 un desembolso de unos 200 millones de euros. "La nueva directiva sobre el mercado interior de electricidad limita a casos excepcionales y transitorios las intervenciones sobre los precios, por lo que en el futuro no deberían ser las empresas comercializadoras las que financien la ayuda del bono social, sino que debería recurrirse a la vía presupuestaria", opinan desde Aelec.

Otra de las críticas en cuanto al bono social es que para su asignación se fijan únicamente a criterios de renta de las familias –salvo en los casos de familia numerosa-, lo que se espera que cambie con la propuesta de asignación automática que propone la Estrategia a largo plazo, "y que beneficiaría a muchos mayores", según Tirado. Pero el gran reto es "encontrar criterios diferentes de la renta de las familias (como, por ejemplo, no disponer de calefacción de gas o la calificación energética de la vivienda) que mejoren la efectividad de esta cobertura", propone el investigador. La otra derivada es la necesidad de tener contratos a nombre del usuario para poder pedir el bono, una realidad que se complica en determinados casos de personas que viven de alquiler, han sido deshauciadas o no tienen papeles, según alerta Daniel Álvarez, asesor sobre Economía Familiar y Pobreza energética de la Fundación Isadora Duncan (@isadoraduncan). 

Alianza contra la Pobreza Energética

Evitar los cortes de suministro

Uno de los dramas más habituales de las personas que se encuentran en riesgo de pobreza energética son los cortes de suministro. Cada año se registran de decenas a centenares de miles de cortes en España, en su mayoría por auto-desconexión  –darse de baja el gas natural para no tener que hacer frente a esas facturas– o por haber sufrido cortes de suministro por impago de facturas. Sobre el papel, la el RDL 15/2018 y la Estrategia Nacional de Pobreza energética prohíben las desconexiones. Sin embargo, según explican los expertos, esta cobertura tiene letra pequeña ya que el único suministro protegido frente a desconexiones es la electricidad, y no el gas y el agua corriente, vitales para muchas de las actividades diarias como ducharse o poner la lavadora.

Por otro lado, los cortes están limitados a los consumidores en riesgo de exclusión social por criterios de renta, pero éstos "son discrecionales en la medida que depende de que la administración competente (servicios sociales de ayuntamientos o Comunidades Autónomas) esté dispuesta a cubrir el 50% de la factura", aclara Sergio Tirado. Por último, el experto recuerda que el nivel de cobertura frente a desconexiones a nivel estatal está por debajo del que existe en Catalunya desde la aprobación de la ley 24/2015, que supone un verdadero principio de caución, "por lo que aún queda camino por recorrer". Esta ley ha permitido que la Generalitat haya ha tramitado 151 multas a compañías energéticas como consecuencia de cortes indebidos de suministro y que se cuestione también sobre quién deben recaer las deudas contraídas por los usuarios que no pueden pagar. 

"La estrategia Nacional plantea, sin embargo, que sea la misma persona afectada o familia afectada la que tenga que moverse para demostrar que está en situación de vulnerabilidad. Y esto no permite proteger casos tan graves como el que tuvimos con la muerte de una vecina mayor de 65 años en Reus que murió en su casa por un incendio, después de que Gas Natural le hubiera cortado la luz y se estuviese alumbrando con velas. El principio de precaución, hubiese permitido que a esta persona no se le hubiese cortado el suministro. Y la legislación y los planteamientos de la estrategia Nacional, no permitiría detectar ahora mismo un caso como el de Reus. Si esa persona no se mueve, no hace todos los trámites, y burocracia para demostrar que es vulnerable, no estará protegida. Y necesitamos proteger a estas personas. Muchos de ellos serán personas mayores de 65 años", aseguran desde la Alianza por la Pobreza Energética.