El Gobierno dará a las CCAA casi 30 millones para la formación digital de mayores de 55 años

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, aprobaba este martes la distribución de 29,5 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas con el objetivo de crear una red de 1.050 centros de capacitación digital en los que se espera que se formen unas 53.743 personas mayores de 55 años que tengan un bajo nivel educativo. 

Según recoge el Ministerio de Educación y Formación Profesional en un comunicado, con esta actuación, que forma parte del Plan Nacional de Competencias Digitales, inscrito en el componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), se busca ofrecer a toda la ciudadanía formación no formal, básica y transversal para "desenvolverse en una sociedad digitalizada, con independencia del lugar de residencia o de formación previa". 

En concreto, esta Red de Centros o Aulas de Capacitación Digital ofrecerá formación a los ciudadanos para ayudarles en diferentes situaciones: en el uso de las tecnologías en su vida cotidiana, en las relaciones telemáticas con las administraciones o centros de salud, el manejo online de cuentas bancarias, la prevención de fraude online, la realización de videoconferencias e incluso fomentar la formación permanente y de aprendizaje. 

Aunque el público prioritario son las personas mayores de 55 años, "toda la población que no se encuentre en el sistema educativo y formativo formal, "y que pueda mejorar su calidad de vida a través de la adquisición de unas competencias digitales básicas", podrá acceder también a estas acciones formativas. 

En cuanto a los criterios de distribución, incluyen a la población mayor de 16 años con nivel de formación de ESO o inferior, que representa el 65%; el alumnado atendido en centros de educación de personas adultas, el 15%; el número de centros de educación de personas adultas, el 10%; y la dispersión geográfica de las administraciones públicas, el 10%.