Més per Mallorca y el PSIB exigen dimisiones tras "el fiasco" de las nuevas ambulancias de Baleares

Més per Mallorca y el PSIB han reclamado la destitución del gerente del GSAIB, Sergio Pablo Rodríguez, por la compra de 122 ambulancias de transporte programado que no pueden utilizarse al superar el peso máximo permitido para el carné de coche. A su vez, el PSIB-PSOE y Unidas Podemos han ido más allá y han exigido también la dimisión de la consejera de Salud, Manuela García, a quien responsabilizan directamente del “error de planificación” en la gestión del servicio sanitario.

Según denunció Més per Mallorca, se trata de un “despropósito inaceptable” que evidencia “la falta de control y la negligencia” del Govern balear. 122 de las 246 ambulancias adquiridas por el GSAIB, destinadas al transporte sanitario programado, pesan más de 4.000 kilos, lo que obliga a disponer del permiso de conducción C1, el mismo que se exige para manejar camiones ligeros. Sin embargo, la mayoría de los técnicos en emergencias sanitarias del GSAIB solo cuenta con el carné tipo B. “Alguien ha cometido un error muy grave que costará a la ciudadanía tiempo y dinero”, advirtió la diputada de Més per Mallorca, Marta Carrió, quien considera que el máximo responsable del GSAIB debe presentar su dimisión.

La formación recuerda que, además de la inversión inicial en la adquisición de los vehículos, “el Govern deberá asumir ahora el coste del desmontaje parcial de los vehículos” con el fin de reducir su peso y permitir que puedan ser conducidos por la plantilla. “Los grandes perjudicados son los usuarios del transporte sanitario”, lamentó Carrió, quien añadió que los pacientes “ya no disfrutarán de todas las prestaciones previstas” debido a una “metedura de pata inexplicable que obliga a desmantelar parte de los vehículos”.

Més per Mallorca asegura que llevaba tiempo sospechando irregularidades en la adjudicación de este contrato “millonario” a Fraikin. Por este motivo, el grupo parlamentario ha solicitado al Govern balear toda la documentación relativa a los expedientes de contratación vinculados a la nueva flota, así como los requisitos de titulación necesarios para conducir las ambulancias y el porcentaje real de trabajadores capacitados para hacerlo.

Desde el PSIB-PSOE, la diputada Patricia Gómez calificó de “desastre” la renovación del servicio de ambulancias, en el que el Govern habría invertido 56 millones de euros, y recordó que el Ejecutivo presumió de que serían “las más punteras y modernas de Europa”. Sin embargo, al llegar a Baleares se comprobó que más de un centenar superan los 3.500 kilos de peso, por lo que requieren un carné específico que solo posee el 20% de la plantilla.

“Es una chapuza absoluta que complica la vida a trabajadores y usuarios”, denunció Gómez, quien criticó que la solución planteada por el Govern sea “desmontar las ambulancias” para aligerarlas, lo que obligará a almacenar toneladas de material de alta tecnología, contratar mecánicos y asumir un sobrecoste adicional.

A su juicio, este desmontaje reducirá la dotación y las prestaciones de los vehículos, con “menos ambulancias con literas, eliminación de sillas y material ergonómico, y menor comodidad para los usuarios”. Además, advirtió que los vehículos deberán pasar nuevamente la ITV tras las modificaciones y que “tampoco está claro si habrá que contratar nuevos conductores”.

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos, José María García, se sumó a las peticiones de cese inmediato de Rodríguez y criticó “un nuevo episodio de mala gestión e improvisación” al frente del transporte sanitario público. “El gerente del GSAIB ha demostrado una incapacidad absoluta para dirigir un servicio esencial. Cada decisión que toma genera un nuevo problema. Su continuidad es insostenible”, afirmó.

Nuevo carné

El Govern balear ha reconocido el fallo y busca una salida. La Consejería de Salud ha anunciado que asumirá el coste del carné C de los técnicos de emergencias sanitarias, a través del SOIB (Servicio de Ocupación de las Islas Baleares), para que puedan conducir las 122 ambulancias de transporte programado que, por exceso de peso, no pueden circular legalmente con el carné B.

Mientras tanto, los vehículos están siendo desmontados parcialmente para reducir su peso, lo que implica eliminar mejoras ergonómicas y de seguridad como rampas hidráulicas, suelos antideslizantes o anclajes reforzados. El Govern asegura que podrán ponerse en marcha en diciembre, aunque sin todas las prestaciones originales.

La flota, que forma parte de una inversión pública de 55,9 millones de euros, debía situar a Baleares “a la vanguardia del transporte sanitario”, pero los sindicatos acusan al GSAIB de no contar con los trabajadores durante el diseño y la contratación del proyecto, lo que ha derivado en un error que “pagarán tanto los empleados como los pacientes”.

La situación es especialmente grave en Eivissa y Formentera, donde solo siete de los 46 conductores cuentan con el permiso C1 necesario. “Como en otras ocasiones, las decisiones se toman desde los despachos sin escuchar a quienes están en la calle”, denunció UGT, mientras CCOO y USAE calificaron la solución adoptada de “chapuza” y exigieron que el Govern asuma también el coste del carné, que puede alcanzar los 2.000 euros por trabajador.