En España no hay suficientes casas para vivir; el precio de la vivienda ha subido el triple que los salarios en la última década; la exorbitante carestía del mercado inmobiliario impide a los jóvenes comprar piso; la inexistencia de alquileres obliga a la juventud a permanecer con sus padres hasta edades muy tardías; ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga están expulsando a sus habitantes ante la presión de los alojamientos turísticos...

Estas y otras denuncias de la ciudadanía llevan años resonando por toda la geografía española. La asfixia por la crisis de vivienda no es nueva, pero el desahucio de Maricarmen ha abierto las compuertas de una indignación masiva. Ver en directo cómo era expulsada, a sus 87 años y con discapacidad, de la casa en la que llevaba siete décadas viviendo de alquiler, ha desatado una movilización general, con manifestaciones en todo el país y una masiva acampada en la Puerta del Sol.

Tras el escándalo por el desalojo de Maricarmen, el Gobierno ha prometido impulsar un decreto ley que evite episodios como este, además de otras reformas para atajar la crisis habitacional que sufre el país. Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana han reiterado su intención de presentar el decreto este martes en el Consejo de Ministros, con medidas como la protección ante los desahucios y la estabilización de los contratos de alquiler.

Incluso, desde Sumar, plantean que se incluya la expropiación del piso de Maricarmen en este futuro real decreto ley, si bien parece improbable que tal medida sea aprobada finalmente. Esta formación no renuncia a la inclusión de la expropiación de viviendas en casos como el de Maricarmen, es decir, que afecten a personas mayores, para salvaguardar el derecho a la vivienda. "Los ministros van a defender esta medida para que se apruebe este martes en el Consejo de Ministros", han recalcado fuentes de Sumar.

La incógnita de Junts y la presión de la izquierda se amontonan

Pero, al tiempo que crece la indignación ciudadana, las incógnitas sobrevuelan el reclamado y a la vez polémico decreto, de forma que las presiones de los grupos políticos se han ido amontonando durante las últimas horas.

En una imagen poco habitual, en la mañana del lunes, representantes de Sumar, Comuns, Podemos, ERC, EH-Bildu, BNG, Más Madrid e Izquierda Unida se han unido en apoyo al decreto. Se han fotografiado juntos para mostrar su unidad y hacer palanca para que salga adelante el real decreto-ley.

Desde dentro del propio Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha instado a la ciudadanía a movilizarse por la vivienda, afirmando que "los derechos no se ganan solo en los despachos". Ha defendido incluir el tope del precio de la vivienda de alquiler, la prórroga automática de los contratos de alquiler y la regulación de pisos y habitaciones turísticas. Y además, "meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades y apenas pagan impuestos en España", ha insistido.

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene que ganarse el apoyo de Junts per Catalunya; una tarea ardua, habida cuenta de que los catalanes vienen rechazando las recetas en materia de vivienda que plantea la izquierda. Parece que el Gobierno estaría dispuesto a conceder beneficios fiscales a los propietarios para ganarse el apoyo de Junts.

Sánchez insta a las CCAA a topar el alquiler, "como permite la ley"

Hasta el momento, la principal medida arbitrada por el Ejecutivo ha sido la Ley Estatal de Vivienda, que desde 2023 permite topar precios del alquiler, pero que solo aplican cinco comunidades autónomas. Entre ellas, Cataluña, Navarra y País Vasco.

Este mismo lunes, Pedro Sánchez ha defendido "privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico" y ha recordado que es una posibilidad que prevé la Ley de Vivienda estatal, por lo que ha pedido a todas las comunidades autónomas que la apliquen en sus respectivos territorios. Ha abogado por "gobernar el mercado de la vivienda" para no impedir el desarrollo vital de los jóvenes, especialmente, aunque no ha hecho referencia alguna a las negociaciones para el decreto.

Socios de gobierno y ciudadanos exigen una nueva regulación para evitar abusos en los contratos de temporada y de habitaciones, prorrogar los alquileres en las mismas condiciones o aumentar el impuesto de sociedades de las empresas que hacen negocio con la vivienda.

Sumar solo apoyará el decreto con prórroga de alquiler y protección ante desahucios

Gran parte de la presión nace desde el propio socio de gobierno, Sumar, tal como se deduce de las declaraciones de varios miembros del gabinete de coalición. Muy crítica, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha recalcado que desde su formación no van "a dar por bueno un decreto que no esté a la altura de la emergencia" que existe en materia de vivienda. Así lo ha anunciado a través de su perfil en la red social BlueSky.

El decreto que se lleve al Consejo de Ministros debe incluir "sí o sí" la "prórroga de alquileres, la protección de desahucios, regulación de temporada y por habitaciones y el fin del fraude turístico", recalca Díaz.

Y no es la única miembro del Ejecutivo por parte de Sumar que ha lanzado advertencias a Pedro Sánchez: este mismo lunes, la ministra de Sanidad, Mónica García, y la de Juventud e Infancia, Sira Rego, han desvelado que el Gobierno del que forman parte estaba lejos de tener un real decreto Maricarmen y avisaban de que no valen "medias tintas ni parches".

Rego, también desde su cuenta en BlueSky, ha anunciado que no van a validar "un texto que no esté a la altura", asegurando que no van a permitir que se diluyan las medidas que exige la calle.

A su vez, García espetaba: "Aún estamos lejos de tener un real decreto que satisfaga lo que necesita la gente de nuestro país y podamos aprobar en el Consejo de Ministros".

Gran escollo: prórroga de los contratos de alquiler

Uno de los principales escollos en las negociaciones con el Gobierno reside en delimitar el alcance de la prórroga de contratos de alquiler que vencen este año.

El PSOE defiende extenderla solo a uno y tampoco quiere regular el alquiler de habitaciones en el decreto, en tanto su socio, Sumar, pide que la prórroga sea automática y se extienda dos años. La renovación automática de los contratos es también una exigencia del Sindicato de Inquilinas.

Algo más de acuerdo parece existir en la concesión de bonificaciones fiscales a los caseros, una medida que exige Junts para sumar su apoyo al decreto y que Sumar se muestra  abierto a aceptar ante la difícil aritmética parlamentaria y la importancia que tienen los votos de los catalanes.

Podemos e IU desconfían del Gobierno

El dirigente de Podemos Tito Morano ha subrayado que las exigencias del Sindicato de Inquilinos son un "mínimo de dignidad" que el Gobierno tiene que atender y ha criticado que, a 24 horas de que se someta el texto al Consejo de Ministros, el Ejecutivo no les haya remitido un documento. Es más, ha acusado al Ejecutivo de negociar con Junts primero para hacer un decreto "descafeinado" y luego ir a pedir el voto a los grupos de izquierda.

Tras reivindicar la necesidad de expropiar pisos en manos de fondos, ha admitido que "no tiene muchas esperanzas" con el Gobierno, pero sí a una movilización social para impedir que el decreto Maricarmen "cierre en falso".

Mientras, el dirigente de IU Enrique Santiago ha afirmado que no entiende las "resistencias" del PSOE a las peticiones del Sindicato de Inquilinos, mientras que Alberto Ibáñez ha expresado que la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, no puede elaborar un decreto "descafeinado", sino un texto que Compromís pueda votar.

Sindicato de Inquilinas: "No queremos más maricármenes" 

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Rufina Parra, ha advertido de que las movilizaciones por la vivienda continuarán, aunque el Consejo de Ministros apruebe un decreto. Y en caso contrario, seguirían con más razón, si el Ejecutivo no recoge sus demandas.

"Si el Gobierno aprueba otra ley que no incluya los contratos indefinidos, que no incluya otras cláusulas que eviten este tipo de acciones y que vayamos también hacia la regularización de precios", la respuesta será "resistir y luchar". Parra alerta: "N vamos a parar, no vamos a parar. No queremos más maricármenes".

Facua reclama expropiar pisos vacíos a grandes tenedores

Por parte de los consumidores, Facua considera insuficientes las medidas que pretende aprobar el Consejo de Ministros y reclama contratos de alquiler indefinidos y expropiar el derecho de uso de viviendas vacías propiedad de grandes tenedores para destinarlas a alquileres a precios regulados.

La asociación también pide multas para los caseros que incumplan sus obligaciones, penalizaciones fiscales para las viviendas vacías y una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que los contratos de vivienda habitual pasen a ser indefinidos, en lugar de estar limitados a cinco o siete años en función de si el arrendador es persona física o jurídica.

Facua rechaza que la renovación automática de los contratos con carácter indefinido pueda desincentivar el alquiler de vivienda habitual. A su juicio, los propietarios mantienen la misma seguridad jurídica frente a los impagos con independencia de la duración del contrato y conservan el derecho a recuperar la vivienda cuando necesiten destinarla a su residencia o a la de determinados familiares.