Colapso del Supremo: la jubilación de la presidenta de lo Social agudiza la crisis

La jubilación de María Luisa Segoviano, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), agudiza el colapso del Alto Tribunal ante la imposibilidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial.

Este jueves, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ por el que se declara la jubilación forzosa de la magistrada por cumplir la edad legalmente establecida este 20 de octubre.

Fuentes jurídicas indican a Europa Press que con la salida de Segoviano –que se suma a la reciente jubilación del magistrado Ricardo Bodas– sigue menguando la Sala de lo Social, que pasa de nueve a ocho magistrados. Según recoge la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, la Sala de lo Social debería estar compuesta por un presidente y 12 magistrados.

Las fuentes consultadas precisan que la magistrada Rosa María Virolés será la encargada de asumir –en funciones– la Presidencia de la Sala de lo Social en sustitución de Segoviano, por ser ahora la magistrada de mayor antigüedad en dicha Sala.

Cabe recordar que esta Sala, junto a la de lo Contencioso-Admnistrativo, es la que más afectada se ha visto por la ley aprobada en marzo de 2021 que prohíbe al CGPJ hacer nombramientos discrecionales mientras esté en funciones, como está desde diciembre de 2018 ante la incapacidad de los grupos parlamentarios de llegar a un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces y elegir a los 20 vocales que les corresponden.

Además, ambas salas son las que acumulan la mayoría de las reclamaciones realizadas ante el Supremo por los efectos de la pandemia, desde reclamaciones laborales a administrativas. Las fuentes señalan que ello ha provocado un aumento de los casos a resolver justo cuando son menos magistrados, lo que se ha traducido en un atasco importante en ambas sedes.

 

68 vacantes en la cúpula judicial

Según fuentes del CGPJ consultadas por esta agencia, el total de vacantes en la cúpula judicial alcanza ya los 68: 17 de ellos en el Supremo, 30 en los Tribunales Superiores de Justicia, 20 en las Audiencias Provinciales y uno en la Audiencia Nacional.

Hace un año, en octubre de 2021, la Sala de Gobierno del Supremo aprobó un informe del Gabinete Técnico en el que se avisaba de que el hecho de no cubrir las vacantes actuales en el Alto Tribunal implicaría que al año se realizaran 1.000 sentencias menos.

El documento hacía un repaso a la repercusión que tiene la imposibilidad de cubrir vacantes en cada de una de las cinco salas del tribunal. Salvo en la Sala de lo Penal –a la que la falta de cobertura de vacantes no le afectaba en el futuro inmediato– en el resto de salas la situación se define como muy preocupante de no cubrirse con urgencia las plazas.

En esta coyuntura, en el Supremo permanecen a la espera de dos cosas: un acuerdo entre Gobierno y PP para renovar el CGPJ, de modo que pueda recuperarse la dinámica de nombramientos discrecionales; o que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre si es constitucional o no la citada reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).