El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que el "fin último" de la operación de Leire Díez era "proteger los intereses que afectan directa o indirectamente al Gobierno o a su presidente"

Así consta en el sumario, conocido este miércoles, de la causa que dirige el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional sobre la presunta actividad delictiva que, supuestamente, la exmilitante socialista Leire Díez desplegó para entorpecer causas judiciales que afectaban a miembros del Gobierno o del PSOE.

Asimismo, la UCO señala que Leire Díez mantuvo encuentros con la directora del Instituto Armado, Mercedes González, para que "iniciara actuaciones administrativas" contra los propios agentes investigadores.

Los agentes indican que "se ha apreciado cómo Leire pone en marcha una serie de actuaciones, en las que, mediando entrevistas personales con la directora general de la Guardia Civil, habría conseguido instigar a que esta última iniciara actuaciones administrativas contra la UCO".

Los investigadores hacen hincapié en "la existencia de una relación" entre Díez y González "previa a su nombramiento" como jefa de la Guardia Civil, a lo que añaden que, tras su designación, "se ha podido constatar la existencia de al menos tres reuniones entre ambas", celebradas entre septiembre de 2024 y abril de 2025.

Según la UCO, también existen indicios de los que "se desprende" que Díez "estaría haciendo llegar" a González "información obtenida en el marco de la actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando".

Y asegura que Díez habría pretendido el inicio de una "investigación interna" en el seno de la Guardia Civil y dirigida contra la UCO, "previsiblemente valiéndose de la propia directora".

Los agentes señalan en la documentación integrada en el sumario que la presunta trama "habría llevado a cabo un conjunto de actuaciones indiciariamente delictivas, cuyo fin último habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente", Pedro Sánchez.

Zarrías tenía 20.000 euros en un baúl del salón de su casa

La UCO intervino al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías 19.850 euros en efectivo que encontraron en un baúl del salón de su casa y en un sobre que se encontraba en un vestidor. Así se desprende del acta de entrada y registro que la UCO ha entregado a la Audiencia Nacional y que forma parte del sumario de la causa.

Los investigadores detallan que el pasado 27 de mayo, día en que se produjeron los registros, incautaron 200 billetes de 50 euros y otros 305 billetes de 20 euros en el baúl, además de 75 billetes de 50 euros en el citado sobre.

Ese mismo día, en un registro en el domicilio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, los efectivos de la UCO se incautaron de dos teléfonos móviles y un ordenador, así como dos carpetas y tres agendas.

El juez Pedraz imputó tanto a Zarrías como a Cerdán por su presunta implicación en la trama, así como a la exmilitante socialista Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, entre otros.

El exdirigente andaluz testificó ante un juez de Plaza de Castilla que instruye otra causa parecida que pagó 16.000 euros a la exmilitante socialista Leire Díez –también imputada– para que investigase el supuesto papel del comisario jubilado José Manuel Villarejo en el proceso judicial de los ERE de Andalucía, en la que Zarrías estuvo acusado.

Un ordenador de Cerdán en una caja "bajo llave"

Por su parte, en la sede nacional del PSOE en la madrileña calle de Ferraz, los agentes de la Guardia Civil intervinieron discos duros, 'pendrives', documentación relacionada con gastos y "seguridad" del partido y agendas.

En concreto, la UCO procedió al volcado de buzones de correo electrónico de presuntos implicados en la causa vinculados al partido y de otras cuentas de 'email' de la formación.

Durante el requerimiento en la sede socialista, los agentes también reclamaron los dispositivos informáticos y la documentación existente que pudiera albergar Santos Cerdán en su despacho antes de su cese como 'número tres' del partido.

La UCO detalla, además, que la secretaria general del PSOE, Rebeca Torró, se personó poco antes de las nueve de la mañana y estuvo presente en las pesquisas de los investigadores.

Según el atestado, un trabajador del PSOE informó a los agentes de que los efectos de Cerdán se encontraban almacenados "en una sala bajo llave localizada" en un sótano del edificio contiguo a la sede socialista.

Allí, la UCO encontró el portátil utilizado por Cerdán y "siete cajas de documentación y dos contenedores con documentación que había sido tirada" por el exdirigente del PSOE, así como "otros dispositivos de almacenamiento informático", y todo ello fue puesto a disposición de los agentes.

Entre toda esa documentación, la UCO intervino una agenda de color negro que en el primer folio contaba con la anotación "Santos Cerdán enero 2025 mayo 2025", una libreta con el título "Santos Cerdán S Organización PSOE enero 2023 comité de campaña", otra agenda roja con el logo del PSOE, dos discos duros, un ordenador portátil, carpetas y folios.

Asimismo, la Guardia Civil requisó un teléfono móvil de Juan Manuel Serrano, que fue jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De Serrano, que fue expresidente de Correos, la UCO señala que fue presuntamente "partícipe y conocedor de la evolución de la actividad desplegada" y que recibió "consultas" de Leire Díez.

Los agentes también intervinieron un teléfono móvil de Ana María Fuentes, la gerente del PSOE investigada en la causa, y dos celulares de Celia Rodríguez, trabajadora de la Secretaría de Organización del partido.

Carmen Pano: dinero por cambiar su versión

En el informe de la UCO también consta que la empresaria Carmen Pano declaró como testigo que le ofrecieron dinero para que negara su versión de que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE y "salvar el culo a Ábalos y Koldo".

Pano testificó ante los agentes que Leticia de la Hoz, abogada del exasesor ministerial Koldo García, y un socio de su despacho les comentaron tanto a ella como a su chófer Álvaro Gallego que "había gente interesada en hablar" con ellos "sobre las entregas de dinero en Ferraz".

Ante ello, la empresaria les preguntó si era "gente del partido" y De la Hoz habría dicho que sí, que "gente del PSOE", y añadió que "era para salvar el culo a Ábalos y Koldo", a quienes la letrada habría definido como "cabezas de turco", según declaró Pano.

Se ofreció a Villarejo un pacto con la Fiscalía

Por otra parte, la presunta trama del 'caso Leire Díez' ofreció al comisario jubilado José Manuel Villarejo, investigado en la macrocausa 'Tándem', un supuesto pacto con la Fiscalía a cambio de información de políticos, empresarios y policías.

El documento, plasmado por la UCO, contiene una serie de instrucciones: "Os avisarán para acudir a un despacho donde os encontraréis con una persona de la Fiscalía General del Estado y Leire (la que manda)". Y continúa apercibiendo a los destinatarios de que deben "estar preparados para la reunión".

Así, en el texto consta que "la idea es entrar en esa reunión y no salir hasta tener un acuerdo firmado" basado en que "el cliente aceptará una pena de cárcel", pero "no conllevará la pena de prisión" y en el que "tendrá que hacer frente a una multa económica", aunque "se preservará parte del patrimonio".

A partir de entonces, añade, "el cliente deberá colaborar con la Fiscalía para el esclarecimiento" de las diferentes causas. "La prioridad serán las víctimas, la limpieza de los procesos del Estado corruptos o contaminados y terminar inmediatamente con las causas viciadas, manipuladas o creadas por encargo", indica.

Dicha colaboración habría consistido, según el documento, en la "entrega de material de audio, 'emails' y documentos comprometidos" de un listado de personas y temas, para "limpiar la corrupción del Estado".

El listado también se encuentra en el texto y contiene a exdirigentes del PP como el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy o la exsecretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.

También incluye al exministro del Interior en época de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, y su entonces 'número dos', Francisco Martínez, además de al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino. Todos ellos, junto al propio Villarejo, están siendo juzgados por la 'Operación Kitchen'.

Del mismo modo, incluye "cualquier audio con personas del banco" BBVA, así como "todos los asuntos relacionados con el PSOE, especialmente de Andalucía" y "todos los asuntos relacionados con Podemos".

El abogado de Villarejo, José Antonio García Cabrera, declaró ante la UCO como testigo el pasado jueves que la exmilitante le contactó para ofrecerle la posibilidad de reunirse con la Fiscalía porque le parecía injusta la acusación contra su representado.

La AN reclama unificar y asumir las dos causas

El juez Pedraz ha reclamado al titular del juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, que investiga el 'caso Leire', que le remita esa causa para unificar y asumir las dos abiertas en este momento.

El movimiento de Pedraz llega después de un auto dado a conocer la semana pasada en el que describía que la presunta trama, cuyo liderazgo y coordinación atribuye a Cerdán y Díez, respectivamente, llevó a cabo acciones para "desestabilizar" aquellas investigaciones judiciales que pudieran afectar al Gobierno o al PSOE.