Ya hay sentencia del 'caso ataúdes': siete condenados a penas de cárcel de hasta siete años y medio
La pena más alta ha sido impuesta al responsable del grupo empresarial, Ignacio Morchón
La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a siete personas a penas de entre tres años y tres meses y siete años y medio de prisión por un delito continuado de estafa agravada en la modalidad de delito masa, tras dar por probada la sustitución y reutilización sistemática de féretros en la empresa funeraria El Salvador a lo largo de cerca de dos décadas. La sentencia, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press, ha acordado la absolución de los otros 16 acusados que figuraban en el procedimiento.
La resolución judicial ha impuesto la condena más alta, siete años y medio de cárcel, al responsable del grupo empresarial, Ignacio Morchón V, mientras que sus hermanas Rosario y Laura han sido penadas con siete años y seis años y medio de prisión, respectivamente. Por su parte, otros cuatro trabajadores de las mercantiles del grupo han recibido castigos que van de los tres años y tres meses a los cinco años y nueve meses de cárcel.
En el caso concreto de estos cuatro últimos, el tribunal condena a Hipólito Castañeda G, José Luis López G. y a Antonio Pastor V. a penas de cinco años y nueve meses de prisión y multa de 3.600 euros, mientras que sobre José Antonio M.A ('Mele'), tío de los tres hermanos Morchón, ha recaído una condena de tres años y tres meses y una multa de 3.000 euros.
La Audiencia de Valladolid ha fijado que los siete condenados deberán abonar indemnizaciones que superan en conjunto los 8,4 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por daños patrimoniales y morales causados a los perjudicados, cuantía de la que responderán de forma subsidiaria las mercantiles Agencia Funeraria Castellana, S.A. y Parque El Salvador, S.L.. Los magistrados han establecido el pago de 1.000 euros por cada servicio afectado, además de compensaciones añadidas para tres personas por secuelas psicológicas.
La Sección Cuarta de la Audiencia vallisoletana ha determinado que la trama ejecutó al menos 5.688 cambios de féretro para incinerar los cuerpos en recipientes de menor valor y revender los ataúdes originales, maniobra con la que el grupo ha obtenido un beneficio patrimonial ilícito evaluado en más de 1,3 millones de euros. Los jueces han concluido que este engaño vició el consentimiento de las familias desde la firma del contrato y operó como un negocio jurídico criminalizado que afectó a miles de clientes.
La Sala ha absuelto a la totalidad de los 23 encausados de los delitos de profanación de cadáveres, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental. Los magistrados han descartado el delito de profanación al no haber quedado acreditado un trato vejatorio hacia los difuntos en los términos que exige el Código Penal, a la vez que han rechazado la concurrencia de una organización criminal al constatar que las empresas desempeñaban una actividad económica legal y preexistente.
