En octubre de 2026, la Seguridad Social ha abonado cerca de 10,6 millones de pensiones a más de 9,5 millones de pensionistas, en un panorama en el que la edad media de acceso a la jubilación alcanza los 65,4 años, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que dirige Elma Saiz.

Según los datos oficiales, las prestaciones contributivas abonadas en octubre se concretan así: casi 6,8 millones de pensiones de jubilación, más de 2,3 millones de pensiones de viudedad, cerca de 1,1 millones de pensiones de incapacidad permanente, 333.841 de orfandad y 47.038 en favor de familiares.

Por lo que se refiere a la cuantía de la pensión media que se cobra en España, es de 1.376,1 euros en octubre, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior. Aquí se incluyen las distintas clases de pagas (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

Más elevada es la pensión media de jubilación (la más numerosa y la que ingresan más de dos tercios del total de perceptores), que se sitúa en 1.577,6 euros mensuales de media, un 4,5% más que en octubre de 2025. Por regímenes, el importe de la jubilación del Régimen General es de 1.735,9 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos se cobran 1.063,5 euros en promedio. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 3.006,1 euros, y de 1.742 euros en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar.

En cuanto a la pensión media de viudedad, alcanza los 976,7 euros al mes. Y quienes se incorporan al sistema como nuevos jubilados entran cobrando 1.758 euros de media, según los últimos datos disponibles, que corresponden a septiembre. 

14.540 millones de gasto en pensiones en octubre

El gasto de Estado en estas pensiones es de 14.540 millones de euros. De esta nómina mensual de pensiones contributivas, tres cuartas partes corresponden a pensiones de jubilación. En concreto, estas suponen el 73,5% de la nómina, 10.692,9 millones de euros.

A pensiones de viudedad se han destinado 2.289.8 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.333,8 millones; la de orfandad, a 184,6 millones de euros y la de prestaciones en favor de familiares, a 38,8 millones.

La media de tiempo de resolución de los expedientes en septiembre (último dato disponible) fue de 9,63 días en el caso de la pensión de jubilación y de 9,78 días en el caso de las pensiones de viudedad. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos, según el RD 286/2003 del 7 de marzo y el RD 1192/2021, de 3 de agosto, es de 90 días tanto en las prestaciones de jubilación como en las de viudedad.

Crecen las jubilaciones demoradas

Hasta septiembre de 2026, se han registrado 282.221 nuevas altas en pensiones de jubilación, de las cuales un 11,5% fueron jubilaciones demoradas voluntarias, 6,7 puntos porcentuales por encima de las registradas en 2019.

Como consecuencia del retraso voluntario del momento del retiro y la menor anticipación, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,4 años, cuando en 2019 era de 64,4. Hay que recordar que en 2022 entraron en vigor nuevos incentivos para la demora en el acceso a la jubilación y se reconfiguró el marco legal para la jubilación anticipada.

Además, el 68,9% de los nuevos jubilados accedieron con edad ordinaria a la pensión de jubilación; en concreto, fueron 194.386 personas.

Más de 80.000 pensiones compatibles con una actividad laboral

Un total de 81.082 pensiones se abonan a personas que continúan trabajando tras la jubilación, un 8,8% más que hace un año, con una cuantía media de 1.053,7 euros al mes. Entre las distintas modalidades, destacan las 38.386 pensiones de jubilación activa, que permiten cobrar el 50% de la prestación, y las 15.383 de jubilación activa plena, que permiten percibir el 100%.

Desde el 1 de abril de 2025, la reforma de la jubilación activa también permite acceder progresivamente a un mayor porcentaje de la pensión en función de la demora que se tenga en el acceso a la jubilación. En esta modalidad se contabilizan 20.411 pensiones: 15.955 con un porcentaje del 45% y 4.456 del 75%.

Por su parte, las pensiones vinculadas al desarrollo de una actividad o la creación artística ascienden a 1.506, un 34,9% más que hace un año.

La reforma de la jubilación activa, demorada y parcial ha introducido fórmulas para facilitar una salida del mercado laboral más gradual y flexible. En el caso de la jubilación activa, elimina el requisito de acreditar una carrera de cotización completa, lo que facilita el acceso a esta modalidad y tiene especial relevancia desde la perspectiva de género.

1,7 millones de pensiones llevan complemento de la brecha de género

En octubre, más de 1,7 millones de pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, en concreto 1.736.331, de las que un 69,1% de sus titulares son mujeres (1.200.657). El importe medio mensual de este complemento de la pensión es de 76,7 euros. Del total de pensiones complementadas, el 23,6% corresponde a pensionistas con un hijo (409.534); el 51%, a beneficiarios con dos hijos (885.787); el 17,4%, lo perciben con tres hijos (302.895) y, con cuatro o más hijos, el 8% (138.113).

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija de 36,6 euros al mes por hijo, tras la revalorización aplicada en 2026.

La solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión.

1.698 millones cuestan las pensiones de clases pasivas

Por otra parte, la nómina mensual de pensiones de clases pasivas ascendió a 1.698,2 millones de euros en el mes de agosto (último dato disponible). Esta cifra supone un aumento de 93,01 millones de euros respecto a la del año anterior, un 5,8% más.

El número de pensiones en vigor fue de 728.062, que son 14.591 pensiones más que en el mismo mes del año anterior (2% de variación anual). Este tipo de pensión lo reciben 708.267 pensionistas.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.