Pensionistas vascos llevaron a cabo este lunes concentraciones y manifestaciones ante bancos e instituciones en las tres capitales, así como en algunos pueblos, para protestar por los "abusos bancarios".
Durante el recorrido de esas marchas, además de trasladarles de un modo sonoro sus denuncias y demandas a los directivos bancarios y a los representantes institucionales, se hizo entrega de un informe en el que se recoge el apoyo institucional de 121 ayuntamientos de Euskadi y Navarra a las mociones que se presentaron en nombre del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria.
También hicieron entrega de un balance detallado de los cierres de sucursales y cajeros automáticos, de las "decenas de miles de puestos de trabajo destruidos (por medio de despidos, prejubilaciones, etc.) lo que ha conllevado de un modo inexorable al deterioro de los servicios de atención bancaria a toda la ciudadanía, con un impacto aún mayor en las personas pensionistas y mayores". "Todo ello con el único interés y objetivo de ampliar aún más los escandalosos beneficios bancarios, destinados a los sueldos o ingresos económicos de sus directivos y a los accionistas", señalan en una nota.
"Si bien es cierto que desde que iniciamos nuestras denuncias se han corregido algunos problemas, constatamos que la prestación del servicio sigue sin ser satisfactoria tanto por las malas prácticas que continúan como por la persistencia de los recortes en la prestación del servicio. Hemos visto mejorado el tema en algunos aspectos: horarios, atención presencial, etc., pero en otros siguen igual, y todavía lejos de volver a la situación anterior a la pandemia: no se ha dado respuesta el servicio a zonas rurales y barrios periféricos de las ciudades, el cobro de comisiones, cierre de cajeros automáticos o deficiente servicio de los mismos, incluso algún cierre de oficinas con posterioridad al 15 de marzo de 2022 y la resistencia a suscribir cuentas de pagó básicas y a veces hasta inadmitiendo que se soliciten", explican.
Añadido a ese informe, se hizo entrega también de un documento dirigido a los directivos bancarios y a los representantes institucionales, solicitándoles contactos o entrevistas presenciales para abordar los "graves problemas de fondo y de carácter social" que vienen sufriendo con la banca, y tratar de resolverlos.
