El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) carga con dureza contra el anteproyecto de ley que prevé la creación de la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero en el informe que acaba de aprobar por unanimidad sobre el nuevo organismo. No hay aspecto que valore positivamente. “Sin sentido”, “inadmisible”, “injustificado” son algunos de los calificativos que se pueden leer en el informe.
Una vez más, la tasa de 250 euros por reclamación admitida para financiar la nueva autoridad que la banca deberá pagar, tal y como contempla la actual redacción del anteproyecto de ley, y que aún puede sufrir modificaciones en el transcurso de la tramitación parlamentaria, está en centro de las críticas.
El CGPJ, en su informe, critica que esta tasa no es un tributo con finalidad fiscal para hacer frente al coste de un servicio público, puesto que, si así fuera, también debería ser obligado tributario el cliente que presenta la reclamación, puesto que es quien la insta y se beneficia de la prestación del servicio.
El órgano judicial califica la tasa de “una suerte de impuesto” y dice que para que su exigencia fuera legítima “debería gravar una capacidad económica de las entidades financieras que no se atisba en la circunstancia de verse obligadas a participar en un procedimiento de resolución de controversias que en ningún caso tienen legitimación para instar”. Además, señala que la tasa infringe los preceptos sobre la naturaleza jurídica, el sujeto pasivo de esta clase de tributo y la necesaria justificación de su cuantía. “Pone en riesgo algunos de los principios que presiden nuestro sistema tributario”, critica el órgano judicial.
También recuerda el informe del CGPD que la directiva europea 2013/11 no obliga a que este servicio sea gratuito para los clientes que reclamen ni que la financiación sea pública.
El CGPJ dice que este sistema de resolución extrajudicial de conflictos entre entidades financieras y clientes invade competencias que están reservadas exclusivamente a la Justicia. “La Administración no puede crear instancias administrativas para resolver coactivamente controversias entre particulares regidas por el derecho privado”, dice el informe. El Poder Judicial recuerda que se trata de un espacio que la Constitución Española reserva exclusivamente al Poder Judicial. “Vulnera la exclusividad de la jurisdicción consagrada en el artículo 11 7 .3 de la Constitución Española y la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la norma fundamental”, dice textualmente.
También critica el CGPJ que el anteproyecto de ley contemple que, ante un volumen muy elevado de reclamaciones, el Defensor pueda recurrir a la colaboración de otros órganos públicos o privados. “Resulta radicalmente inadmisible que la potestad de resolver coactivamente conflictos privados entre particulares pueda, además, resultar cedida a cualquier órgano o entidad pública o privada”, dice el informe.
El anteproyecto atribuye la competencia exclusiva a la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de los recursos frente a las resoluciones vinculantes de la Autoridad, pero el informe del CGPJ recuerda que tradicionalmente es el orden civil, y no el contencioso-administrativo, el encargado de resolver las disputas entre las entidades financieras y los clientes bancarios. Así, en la medida en que presentar la reclamación ante la Autoridad no es requisito para la presentación posterior de la demanda civil, se pueden producir constantes contradicciones entre ambas jurisdicciones.
