La OCDE pide a España aumentar la edad de jubilación y recortar las pensiones

La OCDE reclama más peso de las pensiones privadas y que no se retrasen las reformas

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), compuesta por los 38 países más desarrollados de mundo, reclama a España que realice ajustes en el sistema de pensiones, entre los que destaca el retraso de la edad legal de jubilación, para vincularla con la esperanza de vida de cada momento, "como ya recomendamos en 2021". Con esta medida, estima que nuestro país ahorraría en torno a 1.500 millones de euros al año (el 0,1% del PIB).

Así lo refleja en su Estudio económico de España, presentado este miércoles en Madrid, donde alerta de que es fundamental reducir el elevado endeudamiento público español, avisando de que vienen curvas, por el fuerte incremento que se va a producir de los gastos sanitarios y en pensiones, en las dos próximas décadas. A la OCDE, liderada por Mathias Cormann, le preocupa, sobre todo, el caso de las pensiones, y en ese sentido avisa de que la subida del gasto en pensiones seguirá sin freno hasta al menos 2040, a consecuencia de la masiva jubilación de la generación del baby boom, y al impacto de la revalorización anual con el IPC, entre otros factores. Desde 2040, la presión del gasto en pensiones ya iría descendiendo, aliviando las necesidades financieras.

Más en detalle, la OCDE afirma que la fórmula de actualización actual (según el IPC medio anual, medido entre diciembre del año previo y noviembre del presente), va a provocar un incremento considerable del déficit del sistema de la Seguridad Social. Por este motivo, además de alargar la edad del retiro, propone una disminución del importe de las pensiones.

En el fondo de estas advertencias a España subsiste el temor a que el déficit de la Seguridad Social se cubra con dinero de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, de los impuestos, en vez de hacerlo con los ingresos por cotizaciones de los trabajadores y empresarios. Esto, según la OCDE, tendría el efecto pernicioso de que los ingresos generales se tengan que emplear en el pago de las pensiones, en detrimento de educación, formación para el empleo, cambio climático o en medidas para los jóvenes.

Asimismo, y cuando aún no ha entrado en vigor la ampliación del periodo de cómputo de la pemsión a 29 años, que establece la reforma diseñada por el ministro José Luis Escrivá, la OCDE recomienda a nuestro país que lo extienda hasta ir alcanzando la totalidad de la vida laboral, en aras de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.

Menos escudo antiinflación y más impuestos

Según la OCDE, es "imperativo" para España acelerar la rebaja del déficit, para lo que propone su batería de medidas, incluyendo los citados ajustes en pensiones, además de la retirada del escudo antiinflación, así como subidas de impuestos, cuyo impacto neto presupuestario estima en unos 6.800 millones de euros.

"Es imperativo acelerar el ritmo de consolidación fiscal, dadas las perspectivas demográficas y la elevada deuda pública", afirman el organismo, que prevé que el déficit público cerrará este año en el 3,8% del PIB para bajar al 3,5% el próximo año, mientras que la deuda superará el 109% en 2023 y llegará al 110% en 2024.

Ante la magnitud de los desafíos de las finanzas públicas a largo plazo, la OCDE considera que España debe mejorar la eficiencia del gasto y movilizar ingresos adicionales. De este modo, la organización liderada por el australiano Mathias Cormann detalla que eliminar algunos tipos reducidos del IVA supondría una recaudación extra de 5.000 millones de euros (0,4% del PIB); aumentar los impuestos sobre alcohol y tabaco reportaría 1.300 millones (0,1%); subir los impuestos ecológicos, en particular sobre el carbono, unos 5.000 millones (0,4%), mientras que aliviar los impuestos no recurrentes sobre la propiedad reduciría 1.500 millones (-0,1%).

En cuanto a las medidas sobre el gasto planteadas, la OCDE estima que vincular la edad de jubilación legal a la esperanza de vida aportaría 1.500 millones (0,1%); aumentar la vivienda social en alquiler costaría 1.000 millones (-0,1%), lo mismo que incrementar las prestaciones en efectivo para las familias pobres con niños, mientras que implementar las recomendaciones sobre gasto del Consejo Fiscal aportaría 2.000 millones (0,2%) y aumentar la financiación para Educación y cuidado infantil costaría 1.500 millones (-0,1%), con un efecto neto neutro.

En el caso del IVA, la OCDE plantea que el Gobierno podría considerar avanzar hacia un tipo único y uniforme del impuesto a medio plazo, ampliando gradualmente la base del IVA y compensando a los grupos de ingresos más bajos mediante un gasto específico para reducir las distorsiones y lograr una mayor equidad.

En la presentación del Estudio en Madrid, la economista jefe de la OCDE, Claire Lombardelli, ha señalado que el caso de España no es excepcional, ya que muchas economías europeas tienen un sistema de IVA con muchas exenciones y tasas más bajas en ciertas áreas. 

El PIB crecerá el 2,5% en 2023 y el 1,5% en 2024

En su informe publicado el miércoles, la OCDE revisa al alza su previsión de crecimiento para España en 2023, que estima en el 2,5%, aunque rebaja al 1,5% el progreso en 2024. Apuntan a una desaceleración del ritmo de expansión de la economía española después de dos años de fuerte crecimiento en 2021-2022, en el contexto de la recuperación posterior a la Covid-19, aunque "se mantendrá sostenido".

La organización, con sede en París, considera la demanda interna seguirá siendo el principal motor del crecimiento para España, en medio de una demanda externa debilitada. Asimismo, el crecimiento del PIB se beneficiará en los próximos trimestres del importante apoyo del gasto público vinculado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que canaliza los fondos europeos y que, según el Gobierno, junto con las reformas asociadas, impulsarán el PIB en 2,7 puntos porcentuales en 2023 y 3,1 puntos porcentuales en 2024.

En cuanto a la evolución de los precios, la OCDE destaca que la inflación se ha moderado significativamente en España, gracias a la caída de los precios del petróleo y el gas, los recortes de impuestos y la implementación de la excepción ibérica, aunque advierte de que las presiones siguen siendo elevadas sobre los precios. En este sentido, señala que la moderación de los precios de la energía en comparación con 2022 ha sido mayor que en otras economías europeas; sin embargo, los alimentos y la inflación subyacente permanecen elevados. Asimismo, el crecimiento de los salarios nominales está contenido por debajo de la inflación general.

De este modo, las previsiones de la OCDE apuntan a que la tasa de inflación cerrará este año en el 3,5%, en línea con la proyección anterior, mientras que en 2024 se situará en el 3,7%, tres décimas más de lo anticipado previamente.

Debilidades estructurales de España

 De cara al futuro, la OCDE recomienda que las políticas públicas deberían seguir abordando las persistentes debilidades estructurales, basándose en varias reformas emprendidas desde 2021, como la reciente reforma del mercado laboral, así como varias medidas recientes en términos de contratos de formación, políticas activas de empleo e incentivos a la contratación que también deberían apoyar el empleo.

Asimismo, advierte de que las desigualdades regionales y de ingresos siguen siendo significativas y la pobreza, a pesar de haber disminuido recientemente, es alta comparativamente, especialmente entre los jóvenes.

Apunta igualmente que el potencial de crecimiento de España es bajo, y se espera que lo siga siendo, especialmente dado el rápido envejecimiento de la población, por lo que el país tendrá que invertir más para revertir esta situación y deberá aumentar la productividad total de sus factores, que es baja en comparación con países pares.

Entre estos grandes retos a los que se enfrenta España, la OCDE cita el cambio climático y otras cuestiones medioambientales, en particular la escasez y la calidad del agua, añadiendo que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021 fija el objetivo de neutralidad de carbono para 2050 y objetivos intermedios ambiciosos para 2030.