Pensiones
El Pacto de Toledo lleva cuatro meses sin presidente en plena reforma de las pensiones
Todavía no se ha sustituido a Magdalena Valerio, ahora al frente del Consejo de Estado
Escrivá admite que habrá cambios en el periodo de cálculo de la pensión
La Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados no tiene quien la presida. Desde la salida en octubre de Magdalena Valerio –la última presidenta– para ponerse al frente del Consejo de Estado, esta comisión parlamentaria, con carácter permanente y no legislativa, integrada por todos los partidos políticos y que tiene como objetivo el control del cumplimiento de los objetivos del Pacto de Toledo y la propuesta de recomendaciones para el mantenimiento y mejora del sistema de pensiones, sigue sin nombrar a un sustituto. Cuatro meses descababezada en plena negociación de la segunda pata de la reforma de las pensiones.
El grupo parlamentario socialista no ha anunciado al sucesor de Valerio, con lo que el Pacto de Toledo funciona sin presidente y no ha celebrado en este tiempo ninguna reunión. "Es significativo que en plena negociación de la reforma de las pensiones llevemos cuatro meses sin convocar la comisión y que se haya reducido la actividad", señalan fuentes de la Comisión a El Mundo.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y la anterior presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio
Según el citado medio, los miembros de la Comisión se quejan del "desprecio" al que les somete el Ministerio de Seguridad Social. Llevan desde diciembre pidiendo que el ministro, José LuisEscrivá, comparezca ante la Comisión para informar sobre la reforma, pero todavía no ha acudido al Congreso. "No puede ser que nos enteremos por la prensa, nos merecemos un respeto. En la Comisión no hemos recibido ni un sólo papel de la propuesta de reforma, no nos han informado sobre las repercusiones económicas que puede tener ni en el presente ni en el medio y largo plazo. El Gobierno está despreciando a una Comisión que fue creada precisamente para alejar del debate político algo tan importante para el país como las pensiones. A una Comisión que actuó de forma legal para llegar a un acuerdo", agregan.
Precisamente este martes se conoció que España se expone a la suspensión de parte de los fondos europeos del siguiente tramo del plan de recuperación si no cumple con los plazos acordados con Bruselas para sacar adelante la reforma de las pensiones, ya que se aplicaría la máxima sanción prevista en el procedimiento de suspensión de pagos para los retrasos en la entrada en vigor.
Las negociaciones con los agentes sociales y los socios en el Gobierno parecen encalladas, aunque el ministro Escrivá sigue confiando en llegar a un acuerdo antes de que acabe el mes de febrero o en Semana Santa como tarde, pese a que debería haberse aprobado a finales de 2022.
La discrepancia principal es la propuesta del Ministerio de ampliar progresivamente el periodo de cómputo de la pensión a 30 años, pero descartando los dos peores años cotizados, lo que significaría que la pensión se calcularía con los mejores 28 de cotización dentro de un periodo total de 30 años.
Esta propuesta ha generado polémica entre los sindicatos y dentro del propio Gobierno, con Unidas Podemos negándose a acometer cualquier cambio que suponga una merma de las pensiones, como así asegura que ocurrirá si se amplía el periodo de cómputo. A CCOO y UGT tampoco les gusta. No la ven necesaria, alegan que no está recogida en el Pacto de Toledo y que no goza del suficiente apoyo político para su implementación. Los empresarios, por su parte, también defienden que no es una recomendación de la Comisión del Pacto de Toledo y creen que lo primero sería discutirlo en dicho foro antes que en el diálogo social.
Esta segunda pata de la reforma aborda también el destope de las bases máximas de cotización y de la pensión máxima –aunque no al mismo ritmo–, una mejor cobertura de las lagunas de cotización en carreras laborales irregulares y medidas para reducir la brecha de género en pensiones.
Un pacto, una Comisión
A mediados de los 90, en un escenario de población envejecida, con un aumento de los despidos, de las jubilaciones anticipadas y del desempleo, se hacía necesario dar respuesta de algún modo a todos estos problemas que ponían en riesgo el sistema de pensiones.
Es por ello por lo que, en el año 1995, con el foco puesto en el reto de la longevidad y con una crisis económica de por medio, se constituye el Pacto de Toledo, una comisión parlamentaria cuyo objetivo consiste en analizar el estado de las pensiones y proponer medidas para la mejora del sistema.
El Pacto de Toledo es un consenso alcanzado entre los partidos políticos de España, cuya finalidad es el estudio de todos los problemas que afectan a las pensiones y su sostenibilidad. Cuenta con representantes de todos los partidos políticos y permite proponer y debatir medidas para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones.
A través del Pacto de Toledo se pretenden aportar soluciones para los problemas a los que se enfrentan las pensiones públicas. Tratando así de evitar que el sistema de pensiones acabe formando parte de debates partidistas y logrando acuerdos mediante consenso.
El documento aprobado por este acuerdo describe la evolución del sistema de pensiones español, cuáles son los factores futuros que podrían afectar a dicho sistema y una serie de recomendaciones.
Estás son las 15 recomendaciones del Pacto de Toledo:
- Separación y clarificación de las fuentes de financiación
- Constitución de reservas
- Mejoras de las bases
- Financiación de los regímenes especiales
- Mejora de los mecanismos de recaudación
- Simplificación e integración de regímenes especiales
- Integración de la gestión
- Evolución de las cotizaciones
- Equidad y contributividad del sistema
- Edad de jubilación
- Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones
- Reforzamiento del principio de solidaridad
- Mejora de la gestión
- Sistema complementario
- Análisis y seguimiento de la evolución del sistema
Además, en el año 1999, se creó en el Congreso de los Diputados, una Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. Su objetivo no era otro que el de excluir de la controversia partidista al sistema de protección social y encuadrarlo dentro de un debate político más sosegado y de amplio calado. Esto permitiría alcanzar el máximo nivel de acuerdo como garantía de la eficacia y la perdurabilidad de las reformas.
