Pese a que el nuevo concierto de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado ya ha echado a andar, concretamente desde el pasado día 1 de mayo, los problemas no cesan para la mutualidad de los funcionarios. Ahora son los los médicos de la sanidad privada los que están en pie de guerra por sus honorarios. Denuncian el abuso de las aseguradoras de Muface.
La Audiencia Nacional ha admitido a trámite un recurso contencioso administrativo interpuesto por Unipromel, la Unión Médica Profesional, contra la adjudicación del contrato para la prestación de asistencia sanitaria a los funcionarios y familiares beneficiarios de Muface, para los años 2025, 2026 y 2027. Una vez admitido este recurso, Muface cuenta con un plazo de 20 días para entregar la documentación relativa a la adjudicación a dos compañías: Adeslas y Asisa.
Para Unipromel, la adjudicación convierte un servicio público esencial en una prestación mercantil, gestionada por aseguradoras sin recursos sanitarios propios y que, en su opinión, excluyen de forma injustificada a los verdaderos prestadores del servicio: los médicos autónomos y clínicas privadas.
Unipromel denuncia que el Estado adjudique la prestación de asistencia sanitaria a compañías aseguradoras ajenas al sector sanitario. “Deberían contratarla con los verdaderos prestadores del servicio”, asegura Ignacio Guerrero, presidente de la Unión Médica Profesional. Desde Unipromel denuncian que el nuevo concierto contemple una subida de la prima del 40%, pero que las aseguradoras siguen asfixiando a los médicos. “Llevamos 30 años con los sueldos congelados”, dicen.
“Reclamamos libertad de honorarios y, en definitiva, acabar con la imposición de los baremos de las compañías aseguradoras que suponen una grave intromisión en una relación libre entre el médico y el paciente”, ha explicado el presidente de Unipromel, quien asegura que los médicos “estamos en pie de guerra para que paguen lo que cuesta la atención”. Los médicos autónomos denuncian que las aseguradoras imponen precios que no cubren los costes reales, lo que supone una presión insostenible sobre su trabajo. En este contexto, se reclama la implementación de un sistema de baremos sanitarios transparentes, similar al que se emplea en la asistencia transfronteriza.
Unipromel, que engloba a más de 8.000 médicos privados en todo el país, ha pasado a la acción judicial presentando distintas actuaciones porque considera que el acuerdo vulnera la legislación en vigor y perjudica sus intereses. Además de la acción iniciada contra Muface, ya ha hecho lo mismo con el concierto recién firmado de la Mutualidad General Judicial (Mugeju), en este caso adjudicado a Adeslas, MUSA y Asisa; y contra el concierto de las Fuerzas Armadas (Isfas).
