Los coches que no podrán circular en ciudad a partir de 2023

Tres de cada cuatro vehículos registrados en nuestro país no podrán circular por las zonas de bajas emisiones a partir de 2023. Así lo establece el título IV de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a la determinación de estas áreas para todos aquellos municipios de más de 50.000 habitantes. Este plan persigue una movilidad urbana que reduzca las emisiones contaminantes y, por tanto, sea más sostenible.

La Ley 7/2021 también establece que los municipios con más de 20.000 habitantes que superen los límites contaminantes también estarán obligados a aplicar estas medidas. Por tanto, estas ciudades también deberán crear zonas de bajas emisiones.

El concepto clave de la medida es, precisamente, el de zona de bajas emisiones. Según el texto legislativo, "se entiende por zona de baja emisión el ámbito delimitado por una Administración pública, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente".

Un total de 149 municipios tendrán que aplicar estas medidas para restringir la circulación a los vehículos más contaminantes. No obstante, algunas ciudades ya llevan un tiempo practicando este tipo de iniciativas para reducir las emisiones. Algunos ejemplos son Madrid, Pamplona o Barcelona.

La meta: movilidad sin emisiones

La limitación del acceso a las ciudades de los vehículos contaminantes no es la única medida que recoge la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En materia de movilidad, también se busca fomentar el transporte activo, como las bicicletas o los paseos. Así, instan a diseñar medidas que favorezcan estos medios de transporte.

En cuanto al transporte público, el artículo 14.d) también establece que los municipios de más de 50.000 habitantes deben adoptar “medidas para la electrificación de la red de transporte público y otros combustibles sin emisiones de gases de efecto invernadero, como el biometano”. También se fomentará la instalación de puntos de recarga para transporte eléctrico privado.

Estas medidas tienen por horizonte cumplir una serie de metas para 2030. En ese año, la ley establece que las emisiones de gases de efecto invernadero de toda la economía española se deberán haber reducido un 23% respecto a 1990 y que se generará al menos un 74% del sistema eléctrico a partir de energías de origen renovables, entre objetivos.

Un compromiso internacional

Esta ley busca garantizar que España cumpla los objetivos establecidos en el Acuerdo de París en 2015, el cual firmó en 2016. Para ello, necesita descarbonizar la economía española e implantar un modelo de desarrollo sostenible, que tenga en cuenta el impacto económico, social y medioambiental del mismo.

El Acuerdo de París representa el compromiso de los países de las Naciones Unidas para frenar la amenaza climática. Sin embargo, la organización internacional ha denunciado que los Estados Parte de ese tratado no han asumido las obligaciones contraídas en él.

Según el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de 2018, recogido en el preámbulo de esta nueva ley, “las actividades humanas son ya las responsables de un aumento de las temperaturas globales de aproximadamente 1 ºC sobre el nivel preindustrial lo que indica que, al ritmo actual, el aumento de 1,5 ºC se alcanzará entre 2030 y 2052”. Así, con estas medidas, España se suma a la carrera por alcanzar la neutralidad climática.