Cuando el vigilado elige al vigilante

En una comunidad de vecinos, nos parecería razonable que quien administra el dinero rindiera cuentas. Y que alguien pudiera revisarlas con tranquilidad, sin deberle favores al administrador.

Seguramente también nos resultaría extraño que el propio administrador insistiera en elegir a quien tiene que vigilarlo. Sobre todo si, después de cada discusión en la escalera, nos asegurara que solo busca a la persona más adecuada para el cargo.

En la vida pública las cosas son más complicadas que en una comunidad de vecinos: intervienen distintas instituciones y cada nombramiento tiene sus reglas. Aun así, la pregunta sigue siendo válida: ¿cómo se protege la independencia de quienes deben controlar al poder?

En algunos nombramientos participan los representantes políticos. Eso no significa que las personas elegidas vayan a seguir las instrucciones de quienes las propusieron. Sería injusto afirmarlo.

Pero tampoco debería sorprendernos que la confianza se resienta cuando los nombramientos se convierten en una disputa y algunos acuerdos se presentan como una victoria de unos y una derrota de otros. Desde fuera, los ciudadanos nos preguntamos si se está buscando a la persona más preparada o a la que menos problemas vaya a causar.

Pensemos en alguien que lleva meses esperando una respuesta de la Administración. Ha presentado los papeles que le pidieron, ha preguntado varias veces y ha conservado cada justificante en una carpeta que ya empieza a pesar más de lo que esperaba.

No sabe si tiene razón. Necesita que alguien escuche su problema y le explique qué está ocurriendo. Por eso decide acudir al Defensor del Pueblo.

Mientras prepara su queja, seguramente no está pensando en el reparto de poder entre partidos ni en los titulares sobre nombramientos. Está pensando en su pensión, en una ayuda que no llega o en una respuesta que nadie parece dispuesto a darle.

Tampoco espera que la institución tenga una varita mágica. Pero sí necesita que pueda examinar su caso con libertad, pedir explicaciones y, si encuentra motivos, señalar aquello que debería corregirse.

Porque cuando el ciudadano llama a esa puerta, no lleva consigo las siglas de ningún partido. Lleva sus papeles, sus dudas y, muchas veces, la sensación de que ya no sabe a quién acudir.

Conozco esa necesidad de ser escuchado. Me jubilé anticipadamente después de más de cuarenta años cotizados y mi pensión sigue teniendo una reducción. Como otras personas en esta situación, espero que nuestros representantes estudien la reclamación y expliquen sus decisiones con claridad.

Una institución no puede resolver por sí sola todos los problemas ni dar siempre la respuesta que uno desea. Pero quienes acudimos a ella sí deberíamos poder confiar en que actuará con independencia y explicará lo que está dentro de sus competencias.

Hay otras instituciones que también cumplen funciones importantes para todos. El Tribunal Constitucional examina, entre otras cuestiones, si las leyes respetan la Constitución. El Tribunal de Cuentas fiscaliza las cuentas y la gestión económica del sector público. Otras ayudan a proteger nuestro acceso a la información pública.

Son tareas diferentes, pero comparten una exigencia: quienes las desempeñan deben poder hacer su trabajo con libertad. Sus decisiones pueden y deben ser examinadas; lo importante es que sus razones pesen más que las simpatías o los intereses de cada momento.

Porque, si antes de confiar en una institución tenemos que preguntarnos de qué color político es su cerradura, algo no funciona como debería.

Los partidos tienen derecho a discrepar y, en muchos casos, deben alcanzar acuerdos. Precisamente por eso, sería razonable conocer con claridad los méritos de las personas propuestas y las razones de su elección. Un buen acuerdo debería servir para fortalecer la institución y la confianza de los ciudadanos.

La independencia tampoco se demuestra únicamente en la forma de llegar a un cargo. Se demuestra en las decisiones, en las explicaciones y en la capacidad de reconocer errores.

En aquella comunidad del principio, los vecinos no esperarían que quien revisa las cuentas les diera siempre la razón. Esperarían que pudiera hablar con libertad, explicar lo que encuentra y señalar un error aunque al administrador no le guste. Con nuestras instituciones debería ocurrir algo parecido.

Las instituciones no son muebles que se colocan en un despacho cada vez que cambia el administrador. Son parte de la casa común. Y convendría recordar que los vecinos seguimos viviendo en ella cuando termina la discusión por las sillas.

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