Todo tiene un límite

Están armando una buena bulla en las calles y carreteras los tractores, máquinas enormes que desconozco su precio pero que supongo no están al alcance de cualquier labrador, al menos del prototipo de “aldeanu” que tenemos. No cabe duda que es una actividad llena de renuncias y la prueba es que cada vez hay menos gente en la zona rural viviendo de la agricultura y ganadería, salvo los que se lo montan en plan industrial con ganado estabulado y uso de procesos automatizados desde la comida hasta el ordeño. Estos serán los que reciben mayor subvención tanto por hectáreas como por cabezas de ganado que explotan.

Es difícil, sobre todo para el ciudadano de a pie, distinguir cuál es el industrial del campo y el pequeño autónomo, teniendo en cuenta además la diversidad de paisajes y tierras que tiene nuestro país, desde “praos” verdes a grandes extensiones para cultivos intensivos y forrajes para la ganadería. Por eso no comprendemos muy bien a quienes van a parar los millones de euros que vienen de la PAC para España (cerca de 5.000 millones en 2023) más las aportaciones autonómicas, en Asturias para inversiones (135 millones de euros) el 50% del presupuesto de la Consejería de Medio Rural.

Supongo que todo esa cantidad de recursos estarán controlados por la Administración para dar cuentas a la Unión Europea, pero según escuchamos a los manifestantes resulta inviable seguir viviendo del campo porque se “trabaja a pérdidas”. Mientras tanto nosotros los urbanitas, soportando subidas de precios, algunas escandalosas, que parece ser no benefician a los agricultores. ¿Alguien podrá explicar lo que está pasando aquí? ¿Se subvenciona al campo para que pueda sobrevivir con recursos públicos y al precio que venden sus productos no les compensa trabajar? ¿Quién está llevándose el diferencial millonario del precio de origen y el del supermercado que pagamos a diario?

Tengo la impresión por las propias cifras de resultados que se publican en los medios, que existe un lobby de intermediarios/distribuidores que saca tajada del margen de negocio (hasta un 800%) penalizando al que trabaja la tierra y a quienes tenemos que comprar para comer. ¡Para que sirvieron las bajadas del IVA o el intento de crear una cesta básica de la compra! El resultado: mayor especulación en los productos básicos.

Mientras no se establezcan controles serios y transparencia absoluta de la cadena de alimentos, estarán utilizando fondos públicos para engordar los distribuidores a costa del agricultor/ganadero y estafando al consumidor. Todo tiene un límite, aunque para algunos el mercado lo regula todo, no es verdad. Los gobiernos deben intervenir en la política de precios cuando grupos dominantes se están lucrando en perjuicio del resto. Nos va la supervivencia en ello, tanto en el bolsillo como en la salud, porque justifican seguir usando productos químicos para mayor beneficio.

José María Gómez Claro es secretario general de Pensionistas CCOO Asturias.

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