Cada año, cuando comienza la venta de los viajes del Imserso, miles de personas mayores nos sentamos delante del ordenador o acudimos a una agencia de viajes con la misma mezcla de ilusión, paciencia y resignación. Sabemos que queremos viajar, tenemos más o menos decidido el destino y hemos preparado la acreditación.

Esta temporada se ofrecen 879.213 plazas. Es un programa de enorme importancia social y económica, pero al comenzar la venta siempre queda una pregunta en el aire: ¿cuántos obstáculos tendremos que superar antes de conseguir el viaje?

Porque existe el Imserso que todos conocemos, el organismo público que organiza un programa necesario y muy valorado. Pero a su alrededor parecen funcionar otros Imserso paralelos. No figuran en ningún organigrama, no tienen sede y nadie reconoce dirigirlos. Sin embargo, se presentan puntualmente cada temporada.

Uno de ellos es el Imserso de la espera: páginas que se bloquean, teléfonos que no responden y reservas que desaparecen mientras se intenta terminar el proceso. No es una impresión aislada. Basta repasar la hemeroteca para comprobar que se repiten las noticias, las colas y, muchas veces, hasta las explicaciones.

Luego está el Imserso de la incertidumbre. El viajero no siempre sabe con claridad qué plazas quedan, qué transporte está incluido o cuánto tendrá que pagar finalmente para llegar al punto de salida.

Y cuando el programa público no cubre una necesidad o no ofrece una respuesta clara, aparece la urgencia por encontrar una solución. El problema pasa entonces al mercado privado, donde casi siempre hay alguna alternativa. Naturalmente, a otro precio.

Mi crítica no se dirige a las agencias de viajes. Estas trabajan correctamente, atienden con profesionalidad y, muchas veces, resuelven problemas que no han creado. Los otros actores a los que me refiero se mueven en una zona menos visible para el viajero: decisiones, intereses y mecanismos que actúan bajo la sombra de esos Imserso paralelos y cuyas responsabilidades no siempre resultan fáciles de identificar.

Tampoco afirmo que exista una conspiración. Pero no podemos ignorar una realidad bastante sencilla: cuanto peor funciona el sistema oficial, más espacio queda para que otros cubran sus carencias y obtengan por ello un beneficio. No significa necesariamente que alguien haya provocado el problema. Significa que, una vez más, el coste de resolverlo termina recayendo sobre el viajero.

Cada plaza que no aparece, cada conexión mal coordinada y cada persona que se desespera puede acabar convertida en una nueva operación comercial. No hacen falta reuniones secretas para entenderlo. Solo hay que observar quién soporta las consecuencias y quién puede ofrecer una solución, siempre que el afectado tenga dinero para pagarla.

Si estos problemas afectan a todos, para quienes vivimos en las islas resultan todavía más costosos.

Un viajero de la Península puede tener dificultades para llegar al lugar de salida. Para quienes vivimos en Canarias o Baleares, puede significar comprar otro billete, enlazar un avión o un barco, madrugar mucho más, arriesgarnos a perder una conexión y, algunas veces, pasar una noche fuera de casa.

Como digo a menudo: tenemos que hacer un viaje para poder comenzar el viaje.

A veces da la impresión de que el programa se ha diseñado sobre uno de esos mapas en los que Canarias y Baleares aparecen en una esquina, dentro de un pequeño recuadro. Allí cabemos perfectamente sobre el papel. El problema comienza cuando tenemos que salir del recuadro.

Es entonces cuando aparece otro de esos Imserso paralelos: el Imserso peninsular. No porque excluya expresamente a quienes vivimos en las islas, sino porque aplica soluciones aparentemente iguales a realidades muy diferentes.

La igualdad administrativa queda muy bien escrita. Otra cosa es cuando esa igualdad se marea en el ferry o pierde una conexión en el aeropuerto.

No pedimos privilegios. Pedimos que se tenga en cuenta desde dónde parte realmente cada viajero. Que los transportes se coordinen mejor, que se informe con claridad sobre lo que está incluido y que se estudien medidas para compensar los desplazamientos añadidos. La insularidad no debería pagarse siempre con más dinero, más cansancio y más incertidumbre.

El turismo social merece ser protegido y, precisamente por eso, debemos señalar sus fallos. Criticar lo que funciona mal no significa desacreditar el programa. Significa querer mejorarlo y exigir que su organización esté a la altura de las personas a las que pretende servir.

El problema no es que un año surja una incidencia inesperada. El problema es que determinadas deficiencias se repitan temporada tras temporada y que cada vez parezcan pillarnos por sorpresa. Cuando los mismos problemas aparecen año tras año, ya no estamos ante un hecho aislado. Estamos ante una forma de funcionamiento que necesita ser revisada.

Mientras eso no ocurra, los Imserso paralelos seguirán viviendo bajo la sombra del oficial: el de la espera, el de la información insuficiente, el de las soluciones que hay que pagar aparte y, para quienes vivimos rodeados de mar, el de la insularidad olvidada.

¿Hasta cuándo aceptaremos que la igualdad escrita sobre el papel desaparezca cuando llega el momento de hacer la maleta?

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