¿Y si en el próximo Gobierno de España tuviéramos un Ministerio de la Longevidad y el Envejecimiento Sostenible? La propuesta puede parecer provocadora, pero merece una reflexión seria: ¿qué prioridad política estamos dando a una transformación que afecta a toda la sociedad y a cada una de nuestras vidas?

España ya supera los diez millones de personas de 65 años o más, que representan el 21,1% de la población. Según las últimas proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, ese porcentaje podría alcanzar el 30,9% en 2076, si se cumplen los supuestos demográficos considerados. Estas cifras deberían orientar las decisiones que tomamos hoy sobre salud, cuidados, empleo, educación, vivienda y protección social.

La longevidad exige una planificación de país. También exige continuidad: sus consecuencias atraviesan varias legislaturas, mientras que muchas de las decisiones que pueden mejorar nuestra vejez necesitan décadas para desplegar sus efectos.

Por eso propongo un ministerio con presupuesto, capacidad de coordinación y objetivos evaluables. Un espacio de responsabilidad política que integre el conocimiento demográfico con las políticas sanitarias, sociales, educativas y económicas, en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Las personas mayores, objetivo prioritario

Envejecimiento sostenible significa, en este contexto, crear las condiciones para que una vida más larga pueda sostenerse con salud, autonomía, seguridad económica, vínculos y oportunidades de participación. Y hacerlo de forma compatible con la capacidad de las familias, los servicios públicos y el conjunto de la sociedad para acompañarla.

La primera prioridad debería ser actuar mucho antes de la vejez. La genética influye en cómo envejecemos, pero también tienen un peso fundamental los hábitos, el entorno y las condiciones sociales. La actividad física, la alimentación, la salud mental, las relaciones y la prevención deben ocupar un lugar central en las políticas públicas durante toda la vida.

Esta responsabilidad requiere facilitar decisiones saludables y hacerlas accesibles. Las posibilidades de cuidarse dependen también de los ingresos, la educación, las condiciones laborales, la vivienda y los servicios disponibles. Una política de longevidad debe tener en cuenta esas desigualdades.

Prevenir enfermedades y retrasar la dependencia puede mejorar la calidad de vida y aliviar costes sanitarios, sociales y familiares. Ese potencial debe medirse para orientar la inversión. Necesitamos evaluar qué intervenciones funcionan, para quién y en qué condiciones, con una mirada que incorpore tanto los resultados económicos como la autonomía y el bienestar.

La segunda prioridad sería anticipar los cuidados. Planificar las necesidades futuras, formar profesionales, apoyar a quienes cuidan y adaptar viviendas y comunidades. Las familias necesitan respuestas organizadas antes de que una situación de dependencia las obligue a resolverlo todo en plena crisis. La coordinación entre atención sanitaria y servicios sociales resulta esencial para ese acompañamiento.

Anticipar las profesiones y competencias que necesitamos

El trabajo también requiere anticipación. La baja natalidad, el cambio demográfico y la tecnología deben formar parte de una misma reflexión sobre las profesiones y competencias que necesitaremos. ¿Qué tareas cambiarán? ¿Qué conocimientos serán necesarios? ¿Cómo preparamos a las personas que ya están trabajando para esas nuevas demandas?

La formación continua y la actualización profesional deben ser accesibles a todas las edades. Necesitamos favorecer carreras multietapa, acompañar las transiciones y combatir el ageísmo. Quienes quieran y puedan seguir trabajando deberían encontrar condiciones que les permitan aprender, contribuir y mantener su productividad. A la vez, debemos reconocer la diversidad de capacidades, trayectorias y exigencias de cada ocupación.

Esta transformación exige también una convivencia multigeneracional más consciente. Empresas y comunidades necesitan espacios donde personas de distintas edades colaboren, aprendan unas de otras y participen en decisiones compartidas. La transferencia de conocimiento debe ser recíproca, y los estereotipos generacionales deben dejar paso al reconocimiento de lo que cada persona puede aportar.

La longevidad afecta igualmente a quienes hoy son jóvenes: a sus carreras, a sus responsabilidades de cuidado y a sus propias expectativas de vida. Planificarla requiere conectar generaciones y construir acuerdos sobre oportunidades, responsabilidades y recursos.

Un Ministerio de la Longevidad y el Envejecimiento Sostenible tendría que convertir esa visión en una estrategia compartida, con responsabilidades claras, colaboración institucional y resultados públicos. Su valor estaría en su capacidad para anticipar, coordinar y sostener decisiones a largo plazo.

Vivir más años es un logro. Prepararnos para vivirlos mejor exige decisiones presentes.

¿Es provocador proponer este ministerio? A mí me parece más provocador conocer la magnitud de esta transformación y seguir planificando como si no estuviera ocurriendo.