20 años de la Ley de la Dependencia: el limbo se sitúa en el 6%, cerca de su mínimo histórico

Casi 20 años después de la aprobación de la Ley de la Dependencia, las listas de espera se sitúan en el 6%, 112.002 personas, cerca de su mínimo histórico (107.327 personas en diciembre de 2025) y muy por debajo del objetivo del Plan de Choque de 2021 (12,7%). Todo ello sin olvidar que, aun así, 8.631 personas fallecieron en el primer semestre de 2026 sin recibir su prestación. Este aniversario también coincide con el compromiso del Estado a financiar por primera vez la mitad del sistema. 

Así lo refleja el Sexto Observatorio de la Dependencia, de Sergi Jiménez-Martín (Universitat Pompeu Fabra, BSE y Fedea) y Analía Viola (Fedea), que publica la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y con el que analizan la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) hasta junio de 2026, tanto su financiación, como el mercado laboral del sector. También la salud mental y la soledad no deseada.

Lista de espera en niveles mínimos, pero con grandes diferencias territoriales

En concreto, en lo referente a las listas de espera, según datos que recoge el observatorio e informan en una nota de prensa, en junio de 2026, 1.853.859 personas tienen reconocido el derecho a una prestación y 1.741.857 la reciben efectivamente.

No obstante, la mejora, aun siendo general, es desigual, destacan, pues mientras que en regiones como Aragón, Castilla y León, Canarias y Galicia la espera es casi nula, en País Vasco (15%), Cataluña y Murcia (13%), Extremadura (12%) y Baleares (11%) está muy por encima de la media. Canarias se posiciona como la que registra el mayor avance, pasando su limbo del 28% en 2019 al 0,5% y creciendo el número de personas con prestación en un 55,9% en un año. 

Todo ello sin olvidar el coste humano de la espera, algo que también cuantifica el informe. Así, en el primer semestre de 2026 fallecieron 136.480 personas con derecho reconocido (7,4% del total) y 8.631 de ellas estaban todavía pendientes de recibir la prestación (7,7 % del limbo).

Cabe destacar, además, que el 25% de las personas con derecho tiene gran dependencia (Grado III), el 37% dependencia severa y el 38% moderada, siendo el Grado I el que más crece (+12% interanual).

Menos cuidado familiar y más servicios

En cuanto a las prestaciones, las de cuidados familiares representan el 31%, menos que en 2009 (51%) y las económicas el 41% del total, también menos que en 2009 (58%). Por su parte, los servicios profesionales suponen el 59%.

Por regiones, en Canarias cerca del 70% son económicas, frente al 15% en La Rioja donde los servicios ascienden al 85%. 

Y por edades, el 74% de los beneficiarios tienen 65 años o más. En 2025, el 14,3% de los mayores de 65 años recibía una prestación, frente al 4,1% de 2009, y el 15,2% tenía el derecho reconocido. El observatorio señala que la cobertura es mayor en las comunidades que tienen menor renta per cápita, como Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha o Extremadura.

Cambio histórico en la financiación

En lo referente a la financiación, se observa un punto de inflexión y es que el gasto público del SAAD (Estado más comunidades autónomas) alcanzó los 13.992 millones de euros en 2025, un 8,4% más que en 2024, con la aportación de la Administración General del Estado pasando del 21% del gasto en 2021 al 27% en 2025. También hay diferencias significativas entre comunidades: La Rioja (40%), País Vasco (15%) o La Rioja (desde 453 euros por persona mayor de 65 años) o Canarias (221 euros por persona mayores de 65 años). 

El Real Decreto-ley 17/2026 supone "un cambio histórico", destacan, tras dos años de presupuestos prorrogados, duplicando el nivel mínimo del Grado II (de 130 a 260 euros al mes) y aumentando un 128% el del Grado III (de 290 a 660 euros). Además, la aportación estatal pasa de 3.522 millones en 2025 a 5.513 millones en 2026 y 7.239 millones en 2027, acercándose al 50% del gasto total, un 50% que se convierte en una obligación legal tras la reforma de la Ley de Dependencia, aprobada en el Congreso el pasado 16 de septiembre. "Su efecto real dependerá de cómo gestionen las comunidades autónomas los nuevos recursos", apuntan. 

Si lo comparamos, España destina cerca del 1% del PIB y el 10,2% del gasto sanitario a cuidados de larga duración, frente al 1,9% y el 13,7% de media de la OCDE y entre el 2,7% y el 4,2% del PIB de los países nórdicos, Bélgica, Alemania o Países Bajos.

El sector crece y se estabiliza, pero con salarios rezagados

El sector de la dependencia ocupaba a cerca de 758.000 personas en el segundo trimestre de 2026, según la EPA, un 8% más que en 2025 y el 3,3% del empleo total. 

Por su parte, la atención residencial se recuperaba tras un 2025 de caídas con 405.000 ocupados, y los servicios sociales sin alojamiento (353.000) siguen creciendo, señalan. Por comunidades, Extremadura y Castilla y León son aquellas donde el sector pesa más en el empleo, un 5,4% y un 5,1%, respectivamente. 

Asimismo, los datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales reflejan que la reforma laboral ha aumentado el empleo indefinido hasta cerca del 85%, reduciendo la parcialidad al 25%. Además, sigue siendo un sector feminizado (82%) y dependiente cada vez más de la inmigración (el 25% ha nacido fuera de España, el doble que a mediados de la década anterior). 

Con todo, los salarios se quedan rezagados, pues se mantienen cerca del 75% del salario medio, con una brecha de 200 euros mensuales entre los nacidos en España y fuera.  

Salud mental y soledad no deseada

Cabe destacar también la salud mental y la soledad no deseada, que son la otra cara de la dependencia. Los datos lo demuestran: el 18,5% de las personas mayores de 65 años sufre deterioro cognitivo y el 45,3% de las mayores de 85 años, siendo una de las principales razones de acceso a la dependencia. Además, más del 40% de los mayores de 50 años tiene algún problema de salud mental diagnosticado, ascendiendo a más del 50% en mayores de 80 años. Mientras que la depresión afecta al 6,6% entre los 65 y 74 años y al 19,6% en los mayores de 85 años. 

Las tasas de suicidio superan la media nacional (8,1 por 100.000 en 2024) en todos los tramos de edad a partir de los 65 años, con una gran diferencia entre sexos (la tasa masculina ronda los 40-45 fallecimientos por 100.000 habitantes entre los 85 y los 94 años; frente a 4-5 en las mujeres).

En cuanto a la soledad no deseada, esta afecta al 16,3% de los mayores de 65 años (19,8% de las mujeres frente al 12% de los hombres), disparándose hasta el 45,5% en personas dependientes. De hecho, el 81% de quienes la padecen lleva dos o más años en esta situación y el 58,4% tiene problemas de salud mental. 

Es por ello que los autores reclaman "un modelo de atención comunitaria e integrada entre servicios sociales y sanitarios", al tiempo que recuerdan que "una vez encauzados los problemas de volumen y acceso, los retos del SAAD pasan por la calidad de las prestaciones, la equidad territorial y las condiciones formativas y retributivas de los profesionales".