Los cuidadores familiares siguen siendo quienes sostienen el sistema de Dependencia

El modelo de cuidados de larga duración sigue sosteniéndose gracias a la labor, muchas veces invisible y poco reconocida, de miles de familias, y en particular de las mujeres. 

Y es que el sistema sigue sin llegar, en tiempo y forma, a todos. A día de hoy, más de 200.000 solicitantes están en el limbo de la Dependencia, pendientes de recibir una prestación. Además, según han denunciado las principales organizaciones del sector, tener reconocida una ayuda no significa que las necesidades estén cubiertas –pocas horas, cuantías insuficientes...–.

De esta manera, todo ello provoca que el entorno más cercano del dependiente deba dedicar buena parte de su tiempo a atenderle, a menudo, a costa de su propia salud física y mental y de su patrimonio.

En total, se estima que entre 2 y 4 millones de personas realizan estas labores en España. De ellos, unos 800.000 reciben la conocida como PECEF, la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar, y unos 100.000 tienen firmado un Convenio Especial en la Seguridad Social. 

En cuanto a la edad y el sexo, el perfil es eminentemente sénior y femenino. Por ejemplo, si se analizan los perceptores de la PECEF, con datos de 2025, principalmente son mujeres –más del 70%–, cerca del 50% tienen entre 50 y 66 años y en torno al 25% supera los 67. 

Cuidadores mayores: los más vulnerables

Esta última franja es especialmente vulnerable, según advierten desde varias organizaciones de mayores consultadas. "Asumen una carga adicional a sus propias limitaciones, que hace muy difícil su tarea", explica el presidente del Comité Asesor de 65YMÁS –donde están representadas las 13 principales asociaciones de mayores del país–, Santiago González, quien advierte del impacto mental que esta labor provoca. 

En un sentido similar se pronuncian desde la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA). Su presidente, José Luis Fernández, alerta de que muchas personas asumen una atención diaria continuada pese a sus propios achaques de movilidad o salud: "Nos preocupa especialmente la situación de las personas mayores que cuidan de otros mayores, muchas veces de su pareja, pero también de familiares con discapacidad o en situación de dependencia". "No podemos permitir que esto suponga renunciar a la propia salud, autonomía y calidad de vida", añade.

La presidenta de la Confederación Estatal de Mayores Activos (Confemac), Gloria Veiga, comparte esta denuncia. "Hablamos de mujeres y hombres de 70, 80 o incluso más años", comenta y alerta sobre las renuncias que estas personas deben hacer, recordando que "también tienen derecho a descansar, a participar en la sociedad, a disfrutar de su tiempo y, por supuesto, a ser cuidadas". 

Por su parte, Josep Carné, presidente de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC), también subraya que la falta de ayuda institucional aboca a la soledad y al agotamiento: "No podemos aceptar que cuidar a alguien signifique dejar de cuidarse a uno mismo».

El impacto emocional

El peaje emocional de este sobreesfuerzo está claramente demostrado. Según los datos recabados por el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), un 27% de los cuidadores familiares sufre deterioro en su salud mental y más de un tercio consume psicofármacos de forma habitual.

A ello se suma una investigación del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que demuestra que esta tarea tiene una especial afectación emocional en los mayores que se dedican a esta tarea y, en particular, en las mujeres sénior.

El equipo investigador analizó datos de 3.482 participantes de 50 o más años durante una década (2011-2022) procedentes de la encuesta europea SHARE. La edad media fue de 67,8 años en el conjunto global y de 71,2, en el grupo específico de personas cuidadoras.

En concreto, el trabajo midió cómo evolucionan los síntomas depresivos a lo largo del tiempo entre quienes asumen el apoyo y quienes no lo hacen. Y los hallazgos revelan una importante brecha inicial en el estado emocional: desde el comienzo del estudio, los cuidadores informales mostraban niveles sensiblemente más altos que quienes no realizaban este tipo de tareas.

El impacto en las carreras

Además, esta dedicación tiene un impacto en las carreras laborales de las sénior y sus pensiones pensiones. La vicepresidenta del CEDDD, Mar Ugarte, denuncia que el bienestar social se cimenta sobre una bolsa de trabajo invisible de "madres, hijas, esposas y hermanas": "Hoy no podemos hablar de igualdad real mientras cientos de miles de mujeres sigan teniendo que abandonar o limitar sus proyectos profesionales, económicos y personales para ejercer unos cuidados que el sistema no cubre adecuadamente".

Los perjuicios laborales asociados a esta labor quedan patentes en un estudio elaborado por Analistas Financieros Internacionales (Afi) para la Fundación Caser, publicado recientemente.

En dicho informe se recoge que asumir tareas de cuidado informal reduce entre un 5% y un 10% la probabilidad de estar empleado y fuerza reducciones de jornada laboral de ocho horas semanales de media. La consecuencia es demoledora: un 11,4% de quienes inician estas labores cae por debajo del umbral de pobreza.

La investigación cita igualmente estimaciones de FEDEA (Jiménez-Martín y Viola) que acreditan que si el tiempo dedicado de manera desinteresada por los familiares fuera remunerado a precios de mercado, el gasto global en Dependencia en España prácticamente se duplicaría, representando entre el 1,2 % y el 1,7 % del PIB.

Y esta renuncia tiene un impacto diferido en pensión de la propia cuidadora. Tal como recalca Mar Ugarte (CEDDD), "muchas cuidadoras están financiando con su salud y su futuro económico las carencias estructurales del sistema", sufriendo una doble penalización: menores ingresos en el presente y pérdidas de cotización que merman sus futuras pensiones de jubilación. 

Una brecha patrimonial de 28.000 euros

En concreto, el análisis de Afi para la Fundación Caser, pone cifras a esta brecha: la aparición de la dependencia genera una brecha patrimonial del 12% ajustada por factores territoriales y demográficos, lo que equivale a unos 28.000 euros menos de patrimonio neto en comparación con hogares equivalentes sin miembros dependientes.

Y este desgaste patrimonial sigue una dinámica marcada por la liquidez. Las cuentas y los depósistos son la primera barrera de contención al ser los activos más accesibles. Sufren una caída media del 11,3%, que arranca con un descenso del 7% al segundo año, supera el 18% al tercero, alcanza el 32,8% al quinto y se desploma hasta el 51% a los seis años. Posteriormente, los cuidadores deben recurir a sus inversiones, registrando una merma media del 8,4%. Y finalmente, principalmente, a partir del quinto año, también se echa mano del patrimonio inmobiliario: registra un descenso medio del 9,6%.

Peticiones

Ante este panorama, las fuentes consultadas coinciden en que las Prestaciones Económicas para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) no pueden ser la única respuesta de las administraciones.

Mar Ugarte (CEDDD) recuerda que las cuantías máximas están "muy lejos de compensar el esfuerzo realizado", por lo que exige cinco medidas inaplazables:

• Atajar drásticamente las listas de espera.
• Dotar de financiación finalista al sistema.
• Impulsar una Estrategia Nacional de Cuidados.
• Potenciar la asistencia personal. 
• Aprobar un Estatuto del Cuidador Familiar que garantice derechos laborales específicos, cobertura de Seguridad Social, respiro familiar y atención psicológica.

El presidente del Comité Asesor de 65YMÁS, Santiago González, pone un especial énfasis en que se cuente con más medios. Sin ellos, apunta, "los plazos se dilatan hasta hacerlos inasumibles y queda esa sensación de frustración para los afectados y sus familias". 

En términos similares se posiciona Gloria Veiga (Confemac), quien insta a las administraciones a agilizar los expedientes porque "las necesidades de cuidado no pueden esperar a que termine un procedimiento administrativo; cuando una persona necesita ayuda para levantarse, asearse o alimentarse, la necesita hoy, no dentro de varios meses".

Y reclama, al igual que Josep Carné, presidente de FATEC, potenciar la ayuda a domicilio, la teleasistencia avanzada y los centros de día para no delegar los cuidados en la soledad del hogar.

Finalmente, desde CEOMA, José Luis Fernández concluye reclamando pasar de las palabras a los hechos mediante una financiación suficiente, estable y coordinada entre sanidad y servicios sociales: "Una sociedad que vive más años debe ser también una sociedad que cuide mejor. El Día del Cuidador debe servir para agradecer una labor imprescindible, pero también para recordar que el derecho a recibir cuidados dignos debe ir acompañado del derecho a cuidar sin poner en riesgo la propia salud, autonomía y calidad de vida".

Cambios en la Ley de Dependencia

Cabe recordar que la nueva Ley de Dependencia que entró en vigor recientemente y que las comunidades irán progresivamente aplicando en los próximos meses, incluye medidas en favor de los cuidadores informales.

En concreto, las principales novedades que incluye la reforma de la Ley son la eliminación de incompatibilidades entre prestaciones –lo que permitirá compaginar centros de día, ayuda a domicilio, etc.–, la reducción del plazo máximo de resolución a tres meses –actualmente, de facto, se superan los nueve meses (293 días) de demora media a nivel nacional– y el blindaje de la financiación estatal al 50% del gasto total certificado por cada comunidad autónoma en el ejercicio precedente –una petición histórica del sector–.  

Pero, además, se valora al cuidador principal y se complementa con la figura del no profesional, introduciendo que personas del mismo entorno relacional puedan ofrecer estos apoyos y se garantiza que la administración abone las cotizaciones de los cuidadores principales, así como la continuidad de su labor, en caso de enfermedad grave u hospitalización.

Otras de los cambios destacables son el reconocimiento automático de la discapacidad a partir del grado de dependencia, para aligerar la burocracia; la ampliación de las funciones que realiza la ayuda a domicilio, cuyos trabajadores podrán hacer ahora acompañamientos; el fomento de la prestación de servicios en las viviendas colaborativas; la consagración de la teleasistencia como derecho subjetivo; y la regulación del asistente personal y flexibiliza su uso, sin restringirlo a los ámbitos educativo y laboral.