Ola de calor: alertan que el 90% de las muertes por calor se producen entre personas mayores de 65

El 'aviso' en plena ola de calor: se demuestra qué causa más riesgo de infecciones en el sénior

 

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha presentado en la Universidad de Barcelona el informe Vulnerabilidad Social ante el Cambio Climático. Este estudio pone de relieve cómo el cambio climático afecta especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad, como las personas mayores y aquellas con discapacidad. Según el análisis, las mujeres mayores constituyen el grupo más afectado en términos de mortalidad provocada por las altas temperaturas.

Durante su intervención, Bustinduy destacó que “más del 90% de las muertes por calor se producen entre personas mayores de 65 años”. En este sentido, subrayó que la raíz del problema está en la desigualdad social, ya que el impacto del cambio climático no se distribuye de manera equitativa. Factores como la renta, la pobreza energética o la precariedad en la vivienda incrementan significativamente los niveles de riesgo. “Una sociedad democrática no puede permitir que los efectos de esta crisis climática recaigan injustamente sobre los más vulnerables”, añadió.

El ministro también hizo referencia a los recientes efectos de la DANA, calificándolos como una muestra irrefutable de la gravedad de la crisis climática. Reiteró la necesidad de construir un nuevo modelo de estado de bienestar, capaz de adaptarse con agilidad y eficacia a catástrofes climáticas cada vez más frecuentes. “Debemos impulsar un estado de bienestar para el siglo XXI”, afirmó. Entre las medidas que impulsa su ministerio se encuentran la mejora de la accesibilidad al teléfono de emergencias 112 y la creación de un protocolo para la gestión del voluntariado en situaciones de desastre.

El informe revela además que tres millones de personas mayores en España sufren alguna discapacidad que limita su capacidad de adaptación frente a fenómenos climáticos extremos. A esto se suma el crecimiento del número de personas mayores que viven en condiciones precarias en zonas urbanas, lo que incrementa su exposición al riesgo. “El 1% más rico del país contamina tanto como el 25% más pobre, es decir, unos 12 millones de personas”, denunció Bustinduy, quien reclamó una mayor responsabilidad por parte de quienes más recursos tienen. “No podemos permitir que unos pocos vivan con excesos a costa de las mayorías trabajadoras”, concluyó, añadiendo que el sistema fiscal debe penalizar las actividades altamente contaminantes que benefician a unos pocos y perjudican al conjunto de la sociedad.

Por último, anunció que en las próximas semanas presentará en el Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible. Esta iniciativa busca garantizar que toda persona, independientemente de su situación económica o social, pueda consumir de forma justa y respetuosa con el medio ambiente. La ley incluirá medidas para combatir el greenwashing, prohibiendo declaraciones engañosas o no verificables sobre la sostenibilidad de productos, así como acciones contra la obsolescencia programada y el impulso de elecciones de consumo más sostenibles.