Falta de accesibilidad, un problema sin resolver: "Es inaceptable que haya gente atrapada en casa"

El 87% de los edificios de viviendas españolas necesita mejorar su accesibilidad. En concreto, las actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas que serían necesarias para ello supondrían un coste medio por hogar de 1.361 euros, según el cálculo realizado por la Fundación Mutua de Propietarios (@FundacionMdP) en su último informe Accesibilidad en el edificio: ¿gasto o inversión?.

Un anterior estudio de la Fundación, Los españoles ante la vejez, realizado en colaboración con la Universidad de Barcelona, revelaba que las principales preocupaciones de los españoles ante una futura vejez son los problemas de movilidad (68%). Y es que, según este informe, publicado el pasado mes de octubre, una de cada 3 personas mayores de 75 años mostraba dificultades para acceder desde la calle a su vivienda, ya sea debido a la falta de ascensor, porque tienen que subir de forma obligatoria escaleras, o por ambos factores. También revelaba que el 51% de las viviendas están poco o nada adaptadas. 

Del mismo modo, datos de 2021 ya alertaban del número de personas con movilidad reducida que nunca o prácticamente nunca pueden salir de sus domicilios debido a esta falta de accesibilidad. Según los datos de un informe que se elaboró conjuntamente por la Fundación Mutua de Propietarios y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COEMFE) en 2021, de los 2,5 millones de personas con movilidad reducida en España, 100.000 nunca o prácticamente nunca pueden salir de sus domicilios por este motivo. Del total de personas con movilidad reducida, un 22% tuvo que cambiar de casa..

De esta forma, la falta de accesibilidad sigue siendo hoy en día “un problema”, asegura el presidente de COCEMFE (@COCEMFEnacional), Anxo Queiruga (@Anxoqueiruga), a 65YMÁS. “Hemos avanzado, pero viendo que hace 40 años las personas con discapacidad ya reivindicábamos esta accesibilidad, es relativo el avance, porque hoy seguimos demandando y reivindicando esa accesibilidad en las viviendas, que para algunas personas no lo son; son cárceles al no poder salir de ellas cada día”, explica.

Se está avanzando, “pero no tanto como queremos, ya que si no este tema estaría totalmente asumido por todo el mundo, sobre todo por los poderes públicos”. “Hay una gran cantidad de circunstancias con las que viven las personas con discapacidad en su día a día y que, para la mayoría de la sociedad, pasan totalmente desapercibidas”, y, en ocasiones, estas personas “no tienen a nadie cerca, ningún familiar o amigo”. “Esta es la realidad que viven muchas personas con discapacidad actualmente, pero seguiremos trabajando y removiendo los obstáculos para tener una sociedad en la que todas las personas tengan los mismos derechos, porque la realidad es que las personas con discapacidad no tenemos derechos equiparables, un ejemplo de ello es la accesibilidad”.

Las barreras más comunes

Según el estudio de la Fundación Mutua de Propietarios, 1 de cada 4 edificios tiene un escalón en el acceso al portal; el 56% tiene porteros automáticos no accesibles desde una silla de ruedas y 2 de cada 3 edificios tienen sus buzones elevados, siendo inalcanzables; y aunque el 90% de los portales de acceso al edificio tienen el tamaño adecuado para pasar con silla de ruedas, el 48% pesa demasiado.

Sin embargo, las barreras relacionadas con los ascensores son las que presentan un mayor grado de urgencia, tal y como evidencia el 49% de las personas que no cuentan con ascensor, quienes lo reclaman como una medida urgente. Por su parte, un 51% considera esencial mejorar la accesibilidad del portal hasta el ascensor con una plataforma elevadora eléctrica o una rampa. Y es que un 17% de los edificios de viviendas comunitarios no dispone de ascensor y, los que sí cuentan con uno, un 11% tiene un escalón que dificulta la accesibilidad hasta él. 

El presidente de COCEMFE destaca, además, las plazas de garaje de algunos edificios, ya que "normalmente no tienen las dimensiones suficientes para poder moverse con una silla, un andador o muletas y bajarse y subirse del coche fácilmente". 

De esta forma, las actuaciones de mejora que serían necesarias son: una rampa de la calle al portal, un elevador eléctrico de la calle al portal, bajar el portero electrónico, ensanchar el portal de entrada a 90 centímetros, un abrepuertas automático portal, una rampa del portal al ascensor, una plataforma elevadora del portal al ascensor y una instalación del ascensor. 

Así, los españoles puntúan la accesibilidad con un 5,7 sobre 10, "una nota que baja cuando se le ponen a la persona ante la tesitura de valorar la accesibilidad para una persona con movilidad reducida", indican en el estudio. 

"El factor económico sigue siendo una barrera"

En este sentido, la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Mutua de Propietarios, Laura Lopez Demarbre, señalaba en el último informe que los españoles “están cada vez más concienciados con la necesidad de adaptar el edificio a sus futuras necesidades, pero el factor económico sigue siendo una barrera que pone de manifiesto la necesidad de dar soporte e incentivar las inversiones en sostenibilidad”.

Y es que, en ocasiones, las personas no tienen más opciones que aceptar una vivienda, aunque no sea accesible, a falta de más opciones. "La gente suele comprar sobre plano y hacer las modificaciones necesarias para que sea accesible y pueda ser autónoma dentro de esa vivienda", explica Queiruga, y lo mismo ocurre cuando se compra una vivienda de segunda mano. 

López Demarbre señalaba a su vez que "muchas de las viviendas no accesibles son propiedad de personas con bajos recursos por lo que se evidencia la necesidad de que administración e instituciones contribuyan a hacer posible que se lleven a cabo actuaciones para la eliminación de barreas arquitectónicas". 

Según el estudio de la Fundación Mutua de Propietarios, el 63% de los españoles está de acuerdo en que un edificio accesible revaloriza sus inmuebles, sin embargo, 6 de cada 10 ve poco o nada probable realizar las mejoras de accesibilidad que se necesitan en su edificio debido, principalmente, a la falta de acuerdo entre vecinos (47%) y los motivos económicos (55%). 

El resto de motivos que detectan tienen que ver con que ningún vecino lo solicite (40%), con problemas de distribución y espacio del inmueble (27%), falta de ayudas económicas de las instituciones (27%), por motivos técnicos (12%), por complicación administrativa (11%) y por problemas para encontrar un profesional que lo haga (3%).

La barrera de los 2.000 euros por hogar es el punto de inflexión para considerar probable o no probable llevar a cabo las mejoras, señala el informe, que detalla que hacer un edificio accesible es más caro, especialmente, en aquellos edificios de menos plantas y menos vecinos (5.409€ y 4.457€, respectivamente), seguido de los hogares de edificios más antiguos (3.156€); los que tienen viviendas de menor tamaño (2.416€) y los hogares con menos ingresos (2.995€).

"La accesibilidad no va en contra de nadie"

Pero la imposibilidad de conseguir una vivienda accesible, a pesar de todas las opciones que hay hoy en día para ello, no se debe solo a dificultades económicas, también es "una cuestión legal", señala el presidente de COCEMFE. "Hay situaciones en que los vecinos no lo ven, no les interesa y no quieren hacer ninguna obra de accesibilidad ni pagar nada, y ya no se hace porque la ley no obliga", explica. Ante esto, reclaman que la ley "obligue igual que obliga a que los edificios tengan una salida contra incendios o un sistema de contraincendios. Esto es exactamente igual, tiene que tener ese rango.". 

Las personas con discapacidad se enfrentan, además, a otro problema cuando se trata de acceder a una vivienda de promoción autonómica, ya que "como ya tienen una vivienda en su núcleo familiar, se encuentran con un montón de dificultades para acceder a la vivienda. Es más, no podrían acceder a una de promoción autonómica, tendrían que vender la vivienda en la que residen que no sea accesible y después iniciar un trámite", explica Queiruga.

En este sentido, la creciente digitalización también puede utilizarse para mejorar la accesibilidad de los edificios, aseguran desde COCEMFE, "con domótica y robótica y una serie de automatismos" que pueden "facilitar mucho la autonomía y la independencia de la persona". Sin embargo, advierten que la tecnología "tiene que ser siempre accesible pero también asequible". 

"Estamos hablando de personas que tienen rentas muy bajas, un porcentaje muy alto de las personas con discapacidad viven con pensiones no contributivas, y ya tienen en su día a día unos costes mayores por su condición, por lo que esto también puede llegar a ser una dificultad. "No puede ser un artículo de lujo cuando, en realidad, se trataría de un articulo de primera necesidad para nosotros". 

Desde COCEMFE, se encuentran realizando en distintos puntos de España un proyecto de desinstitucionalización de las personas con discapacidad, es decir, personas que viven en residencias y que quieren vivir de forma independiente en una vivienda. "Pero es prácticamente imposible. No encontramos viviendas accesibles, aun haciendo nosotros las obras de accesibilidad y dotándolas de las ayudas técnicas que sean necesarias. No hay. Y la accesibilidad no cuesta más que la no accesibilidad, la accesibilidad va en el diseño", explica.

"Puede que también el colectivo de las personas con discapacidad no hiciésemos la pedagogía necesaria con este tema", lamenta, "porque la accesibilidad no va en contra de nadie, beneficia a toda la sociedad en su conjunto. Todo el mundo necesita accesibilidad en momentos puntuales de su vida. Lo saben las personas mayores, las personas que tiene una lesión puntual o necesitan de una intervención quirúrgica, y si no tienen la forma, se quedan encerrados en sus viviendas". 

¿Cómo actuar ante la falta de accesibilidad en nuestra vivienda?

La falta de accesibilidad limita la libertad de una persona, afectando su calidad de vida, haciéndola "totalmente dependiente y condicionando toda su vida personal, así como su autonomía". Esto, a su vez, puede aumentar el sentimiento de soledad y el aislamiento de dichas personas, quienes "quedan dependiendo de terceros para hacer cosas que podrían hacer por si mismos", señala Queiruga.

"Tienes que estar continuamente pidiendo favores en cosas que podrías hacer de manera autónoma e independiente, y eso nos condiciona, porque las personas que ya tienen graves problemas de movilidad necesitan de asistente personal, pero no todas pueden tenerlo, así que son las familias las que les dan continuamente ese apoyo. Y, a veces, por no molestar, hay cosas que no hacen", añade. 

Ante una situación así, desde COCEMFE indican que lo que hay que hacer es "denunciar, no queda otra". "Nosotros normalmente acompañamos la denuncia de esa persona y hacemos la reivindicación oportuna para que se solucione el problema que pueda tener, pero no siempre se llega a buen puerto con este tema", advierte. 

Modificación de la Ley de Propiedad Horizontal

Por todo ello, "pedimos al Gobierno una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal", ya que "aunque es verdad que se hicieron algunas reformas que permitieron que se pudiera, por ejemplo, instalar ascensores ocupando parte de la vía pública, no es suficiente. Además, se trata de una ley muy antigua". 

Así, reclaman que "se quiten los limites de cuotas que tienen en estos momentos para que sea obligatorio hacer una obra de accesibilidad, que provocan que si la obra que hay que hacer en el edificio supera las 12 mensualidades de la cuota mensual, los vecinos ya no estarían obligados a tener que hacer esa reforma". En cambio, defienden que "si hay un vecino que no tenga los recursos necesarios, se cree un fondo estatal para que esas personas puedan financiar la parte proporcional que les correspondería poner,". 

Del mismo modo, el Comité Español de Representantes de personas con discapacidad (CERMI) mostraba su "insatisfacción" por el contenido de la nueva Ley de Vivienda relacionado con la accesibilidad de las personas con discapacidad y dependientes, considerando que los legisladores se habían "olvidado" de ambos colectivos y no habían cumplido con sus reclamaciones en este sentido.

Y es que, tras realizar un informe y valorar el contenido de la norma al respecto y su impacto en los derechos de las personas con discapacidad, el CERMI (@Cermi_Estatal) alertaba de que los políticos habían hecho "caso omiso a la reivindicación esencial del sector de la discapacidad de reformar la Ley de Propiedad Horizontal para garantizar la accesibilidad universal en los elementos comunes de los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal".

Antes esta situación, confesaban su "decepción y frustración".  A su juicio, "la falta de la consideración hacia la accesibilidad hace que el derecho a una vivienda digna y adecuada que proclama la Constitución se disuelva y quede vacío, sintiéndonos como movimiento social burlado", según recoge el informe. Así, llaman a reformar la Ley de Propiedad Horizontal, de modo que establezca como obligatorias y con cargo a la comunidad las obras y actuaciones de accesibilidad allí donde vivan personas con discapacidad y mayores de 70 años.

"Lo que es inaceptable es que tantas personas sigan a día de hoy atrapadas en sus viviendas", concluía el presidente de COCEMFE.