Las mujeres y las personas mayores son los grupos que se muestran más insatisfechos con el acceso a los servicios públicos y las políticas sociales existentes, según el informe publicado por la OCDE bajo el título 'Riesgos que importan' (Risks That Matter).
El estudio está basado en los resultados de una encuesta realizada en 2018 a 22.000 personas de 18 a 70 años en 21 países de la OCDE: Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Israel, Irlanda, Italia, Lituania, México, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovenia y los Estados Unidos.
La OCDE precisa que la satisfacción y la percepción de justicia difiere según los grupos sociales y económicos. Así, las personas mayores son más propensas a creer que no podrían acceder fácilmente a los servicios públicos en caso de necesidad.
También las mujeres tienden a estar menos satisfechas en cuanto al acceso a los servicios públicos, algo que la OCDE dice que "no es sorprendente dado que las mujeres se enfrentan a un mayor riesgo de pobreza". Asimismo, muestran más insatisfacción aquellos con más dificultades económicas.
En general, la OCDE destaca que muchos de los encuestados creen que los servicios públicos y los beneficios son inadecuados y difíciles de alcanzar y solo una minoría se define satisfecha con el acceso a servicios como salud, vivienda y cuidado a largo plazo. "Particularmente preocupante" es, según la OCDE que más de la mitad de los encuestados piensan que no podrían acceder fácilmente a los beneficios públicos en caso de necesitarlos.
Por áreas, el informe revela que en el ámbito educativo, el 51 por ciento de media dice que funciona relativamente bien y que tanto en su caso como en el de su familia tienen acceso a una educación pública de calidad y asequible.
No piensan lo mismo de otros servicios públicos. Así, menos de la mitad de los entrevistados piensan que tienen un buen acceso a los servicios de salud, un porcentaje que cae hasta un tercio en el caso del acceso a la vivienda pública de buena calidad, y hasta un 30 por ciento cuando son preguntados por los servicios de empleo.
Además, de las cifras se desprende que la mayoría de los encuestados no confía en la capacidad del Gobierno de proveer unas ayudas adecuadas en caso de caer en el desempleo, en una enfermedad, discapacidad o vejez. De media, entre un 20 y un 25 por ciento cree que el Ejecutivo sí tendría capacidad para hacerlo.
Ante la pregunta de si sienten que lo que reciben es justo en comparación con los impuestos que pagan, un 59 por ciento de media no se mostró de acuerdo con esta afirmación. Al mismo tiempo, la encuesta muestra que un 50 por ciento siente que otras personas están recibiendo más de lo que se merecen.
Según precisa la OCDE, a este sentimiento de injusticia subyace una creencia generalizada de que el Gobierno no escucha las demandas de los ciudadanos. Así lo piensan la mayoría de los entrevistados excepto en Canadá, Dinamarca, Noruega y los Países Bajos.
