Sociedad
Por el fin de la cita previa: Gestores piden eliminar su obligatoriedad en la Administración
Un informe revela demoras de hasta 36 días en trámites básicos
El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos ha anunciado una campaña para exigir el fin de la cita previa obligatoria en la Administración Pública, ya que según un informe del Observatorio de Gestión Pública del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (Icogam), más del 80% de los trámites analizados (un total de 25) carecieron de cita en algún momento entre julio de 2024 y junio de 2025.
Según dicho informe, los ciudadanos llegaron a esperar hasta 36 días para obtener una cita, como es el caso de la expedición del DNI en el mes de julio, las oficinas de la Seguridad Social, las jefaturas de tráfico y los servicios de extranjería, que son los más afectados.
Por otra parte, según los datos presentados, el único ministerio que mantuvo la disponibilidad casi completa fue Hacienda, aunque incluso allí se detectaron picos de demora de hasta diez días.
Además, el organismo ha comentado que ante la imposibilidad de acceder físicamente a una oficina pública, solamente con una cita previa muchas veces inaccesible, convierte este derecho en "papel mojado", a lo que añade la dificultad para personas mayores, migrantes o ciudadanos con menor acceso a medios digitales.
Por tanto, los gestores administrativos, conjuntamente con el informe presentado, ha lanzado el Manifiesto por el Derecho a la Atención Presencial Efectiva, que pretende demostrar con datos el "colapso" del sistema actual y llama a una movilización general para exigir una atención pública "digna, cercana y accesible".
En palabras de la organización, la situación no solo es "insostenible" desde un punto de vista organizativo, sino que "choca frontalmente" con lo establecido por la ley.
"La Administración no puede comportarse como un club privado. Los derechos no se reservan: se ejercen. Si un ciudadano no puede obtener una cita, no puede ejercer su derecho. Y eso es inadmisible en un Estado de Derecho", ha afirmado el presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero.
