Solo cuatro de cada diez personas que solicitan la eutanasia consiguen acceder a ella

Desde la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia hace cuatro años, el 25 de junio de 2021, más de 1.000 personas han conseguido ayuda para morir en España. En concreto, según datos del Ministerio de Sanidad recogidos por la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), hasta el 2024 se realizaron un total de 1.034 eutanasias, lo que supone el 42% de las 2.475 solicitudes de la prestación de la ayuda para morir que se habían presentado hasta entonces. En lo que va de año, el número de eutanasias ha superado las 1.300 desde que se aprobó la ley, según estimaciones de DMD, basadas en cifras aportadas por varias comunidades autónomas, según indican en una nota. 

De hecho, desde la asociación destacan que las cifras de eutanasia en nuestro país ascienden cada año, "aunque todavía quedan lejos de las de otros países europeos donde la prestación de ayuda para morir es legal desde hace más tiempo". 

En 2021 se registraron 173 solicitudes y 75 eutanasias. En 2022, 576 solicitudes y 288 eutanasias, con una tasa del 0.67 por cada 1.000 fallecimientos. En 2023, 766 solicitudes y 334 prestaciones, con una tasa de eutanasia de 0.77 por cada 1.000 fallecimientos. Y, "a falta de la publicación del informe anual del Ministerio de Sanidad con datos pormenorizados", señalan, en 2024 se registraron 960 solicitudes y se realizaron 427 prestaciones de ayuda para morir.

Por comunidades, Catalunya se posiciona como la comunidad donde se realizan más eutanasias (en 2024 se registraron 358 solicitudes de ayuda para morir, un 63,43% más respecto a 2023, y un total de 142 eutanasias, un 51% más que el año anterior). 

En este sentido, Cristina Vallès, presidenta de DMD Catalunya, ha apuntado este miércoles en una rueda de prensa, celebrada en el Col·legi de Periodistes de Catalunya, en la que se ha evaluado el desarrollo de la Ley Orgánica de Regulación de Eutanasia (LORE), que "estos datos confirman que la eutanasia se consolida como un servicio más dentro de la cartera de derechos sanitarios, porque la prestación ya representa un 0,21% de las defunciones en Catalunya".

"Sin embargo, la experiencia de DMD en la atención a la ciudadanía, ponen de manifiesto la existencia de barreras estructurales y procedimentales que hay que abordar con urgencia, como el alto número de denegaciones de la prestación en casos de sufrimiento o enfermedad mental, o que en Catalunya el tiempo para resolver una solicitud sea de 63 días de media", ha añadido. 

Agilizar plazos de la prestación

Desde la asociación, reclaman, así, "agilizar los plazos de la prestación" para que los solicitantes puedan encontrar un médico en un plazo de entre 48 y 72 horas. Y es que, tal y como destacan, una cuarta parte de las personas que solicitan la eutanasia ven denegada la prestación de ayuda para morir, mientras que otra cuarta parte fallece durante su tramitación. Así, exigen que la resolución no tarde más de 30 días, reduciendo así la media de 49 días que hay actualmente, pues, consideran, se trata de "un plazo inasumible para personas en situación terminal". “Las solicitudes no deben tardar más de 30 días en resolverse, 20 como mucho en casos de personas con una enfermedad terminal", resaltan.

Por su parte, Fernando Marín, vicepresidente de DMD, ha señalado que "la eutanasia se abre camino en España, pero muy lentamente y con muchas desigualdades entre territorios".

"En 2024, las prestaciones de ayuda para morir aumentaron un 28%, pero siguen existiendo tasas de eutanasia muy dispares entre comunidades autónomas. Con los datos existentes, no es correcto afirmar que la prestación funciona de manera adecuada en todo el país, como sostiene el Ministerio de Sanidad", ha explicado. 

El vicepresidente de la asociación ha pedido, así, “voluntad política” para “reducir la desigualdad” existentes entre las diferentes comunidades autónomas. También registrar todas las solicitudes de la prestación de la ayuda para morir que realizan en España, pues "muchas desaparecen por falta de respuesta inicial de los médicos o por otro tipo de trabas administrativas", lamenta.

Desde la asociación reclaman, a su vez, que la sanidad privada "cumpla con la ley, porque sus cifras de eutanasias son marginales, ya que rechazan hacerlas y las derivan a la pública, que concentra más del 90% de los casos". 

Eutanasias en los tribunales

Asimismo, piden cambios legislativos que impidan la paralización en los tribunales de eutanasias aprobadas conforme a la ley, como les ha ocurrido a Noelia o Francesc, quienes tienen autorizada la prestación de ayuda para morir, sin embargo, sus familiares han paralizado el proceso en los tribunales. 

"Estas dos personas solicitaron la prestación de ayuda para morir y se les fue aprobada, pero están siendo obligadas a vivir en contra de su voluntad por los recursos judiciales interpuestos por sus familiares, en un contexto eutanásico de pérdida de dignidad por el deterioro irreversible de su calidad de vida y sufrimiento constante e intolerable", denuncian desde la asociación, que lamenta que "se preste a la manipulación de grupos que pretenden imponer su ideología contra una ley aprobada democráticamente". 

Con todo, estos dos casos son "algo excepcional", y es que son los únicos que se han paralizado en los tribunales en estos años, explican desde la asociación, que quieren dar "todo el apoyo a las dos personas a las que desde los tribunales se les está impidiendo su derecho a acceder legítimamente a la eutanasia aprobada por la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya tras un largo proceso extremadamente garantista".