Luz verde al decreto que aumenta la financiación para el modelo de cuidados en 2027
La norma permite la aplicación efectiva de la reforma de la Ley de Dependencia
La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este miércoles el Real Decreto-ley 36/2026, del 10 de noviembre, de medidas para el adecuado despliegue de la reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
La norma, que viene a apuntalar y dar viabilidad operativa a la reforma de la Ley (Ley 4/2026), recientemente tramitada, únicamente ha contado con el rechazo de VOX y ha obtenido 63 votos a favor y 6 en contra.
El decreto regula los suplementos de crédito para financiar el nivel acordado de protección en 2027 y fija las cuantías mensuales mínimas de protección.
En concreto, el texto legal articula el despliegue financiero y reglamentario de la reforma de la dependencia, con el objetivo de consolidar una inversión estatal récord en el sistema que alcanzará los 7.240 millones de euros en 2027 –se llegará al 50% de aportación por parte del Estado–.
Para garantizar esos recursos desde el 1 de enero de 2027 mientras se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, la norma habilita dos suplementos de crédito por valor de 124,82 millones de euros (121 millones para el nivel convenido y 3,82 millones para el mínimo garantizado) y fija en 904,2 millones de euros (904.197.420 euros) la dotación del nivel acordado que se distribuirá entre las comunidades autónomas.
Asimismo, actualiza las cuantías mensuales del nivel mínimo de protección garantizado por el Estado por cada beneficiario, que quedan establecidas en 90 euros para el Grado I (dependencia moderada), 260 euros para el Grado II (dependencia severa), 660 euros para el Grado III (gran dependencia) y 4.930 euros al mes para el Grado III+ de dependencia extrema.

Plazo máximo para una solicitud
Además, el decreto fija en tres meses el plazo máximo entre la presentación de la solicitud y la resolución de reconocimiento de la prestación –con independencia de que cada comunidad autónoma utilice un procedimiento único o en dos fases–, disponiendo que el derecho de acceso se generará automáticamente una vez transcurrido ese trimestre sin resolución expresa notificada.
De forma paralela, el texto establece que el coeficiente reductor según capacidad económica será exclusivamente personal, exime a los beneficiarios con Grado III+ de sufrir deducciones por percibir otras prestaciones públicas de análoga naturaleza y consolida la posibilidad de combinar servicios y prestaciones económicas en el programa individual de atención conforme a la voluntad, deseos y preferencias del usuario.
Por último, la norma refuerza y amplía la cartera de servicios de proximidad. Por un lado, reconoce el derecho de todas las personas en situación de dependencia a recibir la teleasistencia como servicio complementario en cualquier grado y con independencia del resto de ayudas, garantizando su prestación las 24 horas todos los días del año con seguimiento proactivo para detectar situaciones de soledad y aislamiento, atención especial a la conectividad en zonas rurales y videointerpretación o comunicación directa en lengua de signos.
Por otro, actualiza el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para incorporar el acompañamiento en el entorno comunitario próximo junto a los cuidados personales y domésticos, habilitando además fórmulas de organización o contratación conjunta a petición de los usuarios sin que ello reduzca las horas individuales ni la cuantía de las prestaciones.
¿Por qué un decreto?
Cabe recordar que la aprobación de este decreto fue necesaria para apuntalar la reforma de la Ley de Dependencia y garantizar la aplicación inmediata de los derechos reconocidos en la norma.
En concreto, el propio texto explica que era imprescindible actuar por esta vía de urgencia por tres motivos: para habilitar crédito suficiente para 2027 –que lleguen los fondos–, subsanar un error técnico durante la reciente tramitación parlamentaria, con el objetivo de fijar en tres meses el plazo máximo de resolución de las prestaciones y actualizar el reglamento de prestaciones, con el fin de asegurar la coherencia normativa en todo el sistema.
Según concluye el decreto, esperar a una tramitación legislativa ordinaria habría retrasado estos objetivos ante la persistencia de las listas de espera, agravando el riesgo de vulnerabilidad y desprotección de las personas dependientes.
