La UE da luz verde a un certificado europeo para la representación de adultos vulnerables

Busca reforzar la protección jurídica de quienes necesitan apoyo para tomar determinadas decisiones

La UE da luz verde a un certificado europeo para la representación de adultos vulnerables Miia

Los Veintisiete han aprobado este jueves definitivamente una nueva normativa para reforzar la protección de los adultos vulnerables que necesitan apoyo para tomar decisiones sobre su atención médica, su lugar de residencia o la gestión de su patrimonio, y que contempla la creación de un certificado europeo para facilitar su representación en cualquier país de la Unión Europea.

La legislación, que ya recibió el visto bueno del Parlamento Europeo el pasado 20 de octubre, busca garantizar los derechos de las personas que necesitan asistencia para tomar determinadas decisiones personales o patrimoniales, especialmente cuando estas situaciones afectan a más de un Estado miembro, como ocurre con quienes padecen enfermedades relacionadas con la edad, como el alzhéimer.

Entre las principales novedades figura la creación de un certificado europeo de apoyo y representación, que permitirá acreditar en otros países de la UE las facultades de las personas designadas para prestar asistencia o representar a un adulto vulnerable, con el objetivo de simplificar los trámites administrativos y evitar que tengan que demostrar su condición en cada Estado miembro.

Este documento podrá solicitarse de manera gratuita o por un coste mínimo y, siempre que sea posible, estará disponible en formato digital, de manera que los familiares, tutores u otros representantes puedan acreditar sus facultades cuando acompañen a una persona vulnerable a otro país comunitario, según ha explicado el Consejo (los gobiernos) en un comunicado.

Asimismo, las nuevas normas establecen que las medidas de protección jurídica adoptadas en un Estado miembro serán reconocidas automáticamente en el resto de la Unión Europea, aunque las autoridades nacionales podrán rechazar su reconocimiento en determinadas circunstancias, como cuando la persona afectada no haya tenido una oportunidad real y efectiva de ser escuchada durante el procedimiento original.

El reglamento también determinará qué tribunales u otras autoridades son competentes para adoptar medidas de protección en situaciones transfronterizas y qué legislación debe aplicarse en cada caso, con el objetivo de evitar las dificultades jurídicas que pueden surgir al recibir tratamientos médicos en el extranjero, trasladarse a otro país o administrar propiedades situadas fuera del Estado de residencia.

Garantizar la autonomía de los adultos vulnerables

La normativa pone especial énfasis en garantizar que las personas vulnerables puedan participar en las decisiones que afectan a su vida y que se respeten sus preferencias y su autonomía personal, incluso cuando necesiten la intervención de un representante o de una persona de apoyo.

En este sentido, contempla que los adultos que necesiten asistencia tengan acceso gratuito a información sobre sus derechos y los procedimientos disponibles, mediante herramientas de orientación multilingües y servicios específicos de información jurídica, además de reforzar la comunicación electrónica entre los ciudadanos y las autoridades nacionales.

No obstante, las nuevas disposiciones no abarcan cuestiones relacionadas con el matrimonio, las sucesiones o las obligaciones de manutención, que quedan fuera del ámbito de aplicación de esta legislación.

El reglamento, acordado provisionalmente entre el Parlamento Europeo y los gobiernos de los Veintisiete el pasado mes de mayo, recibió el respaldo de la Eurocámara el 20 de octubre por 531 votos a favor, 93 en contra y 41 abstenciones, por lo que la aprobación definitiva del Consejo pone fin al procedimiento legislativo.

La nueva legislación se publicará ahora en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor 20 días después, aunque la mayoría de sus disposiciones comenzarán a aplicarse 30 meses más tarde.

La reforma busca armonizar las normas comunitarias con los estándares internacionales establecidos en el Convenio de La Haya de 2000 sobre la protección internacional de los adultos y subsanar las lagunas existentes en la cooperación judicial entre los Estados miembro.