El bono social eléctrico solo llega al 35,6% de los hogares en riesgo de pobreza o exclusión social

El bono social eléctrico sigue sin llegar a toda la población española que lo necesita, incluidos muchos pensionistas con ingresos bajos. Esta ayuda que supone un descuento en la factura de la luz para hogares vulnerables, apenas cubre al 35,6% de los hogares que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, según datos difundidos por la Red Estatal por la Pobreza Energética (ReDE). La denuncia coincide con el inicio de la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética en la que la organización alerta de que, aunque en España existen más de 4,8 millones de viviendas en situación de vulnerabilidad (con ingresos netos mensuales inferiores a 1.500 euros, lo que representa el 25,16% del total), a cierre de diciembre de 2025 solo 1.725.902 hogares eran beneficiarios del bono social, según datos del INE y del Ministerio de Vivienda.

Asociaciones que forman parte de ReDe como la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) critican duramente la falta de planificación gubernamental, señalando que la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) no se actualiza desde 2024 y que la nueva hoja de ruta para el periodo 2026-2030 sigue sin publicarse– aunque se espera que haya novedades esta semana–. "De la anterior ENPE, se implementaron menos del 60% de sus medidas, y los indicadores de pobreza energética no solo no han mejorado, sino que algunos han empeorado", señalan desde la organización. Para paliar esta baja cobertura, la federación propone medidas estructurales urgentes, destacando la automatización del acceso al bono social, siguiendo el modelo de Portugal, y la implementación del principio de precaución para impedir cortes de suministro a quienes no pueden pagar, tal como ya recoge la ley catalana.

Prórroga de los descuentos y trámite parlamentario

Esta reclamación se produce en un contexto político complejo. El pasado 5 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó vía Real Decreto la prórroga de los descuentos extra del bono social para todo el año 2026, manteniendo las rebajas del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para los vulnerables severos. Sin embargo, esta medida, incluida dentro de un nuevo decreto de 'escudo social', aún debe ser ratificada por el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días, tras haber sido tumbada una convalidación anterior el pasado 27 de enero. 

Otro de los puntos críticos señalados por los expertos es la "enorme disparidad entre comunidades autónomas a la hora de proteger a los consumidores más precarios ante los cortes de luz. El nuevo Reglamento general de suministro permite declarar esencial el suministro para beneficiarios en situación de vulnerabilidad severa atendidos por servicios sociales, evitando así su desconexión", señalan desde CECU.

Diferencias entre comunidades

Mientras Extremadura registra 6.310 hogares protegidos bajo esta figura, comunidades como La Rioja, Ceuta y Melilla "no registran ninguno", señalan desde CECU. "Es sorprendente que haya comunidades autónomas que no tengan ni un solo hogar reconocido como vulnerable severo. ¿Significa eso que no hay? No. Significa que no se están detectando o no se está atendiendo", lamenta Soledad Montero, experta en energía de CECU, quien advierte que esto supone una forma de "invisibilizar el problema".

Representantes de la Red estatal por el Derecho a la Energía (ReDE), que agrupa a 16 organizaciones que trabajan en el terreno del asesoramiento a hogares en situación de pobreza energética (que incluyen Alianza contra la Pobreza Energética, Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Coalición por la Energía Comunitaria, ECODES, Ecologistas en Acción, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético), se reunirán este martes con el MITECO en la Mesa Social de Pobreza Energética.