Las asociaciones de consumidores han dado la voz de alarma ante las presiones de la Comisión Europea para que España elimine la tarifa eléctrica semirregulada, conocida como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Esta petición figura en el último informe sobre mercados energéticos, en el que Bruselas señala expresamente a España entre los países que aún mantienen intervenciones directas en los precios minoristas de la electricidad. El documento también menciona a Francia, Polonia, Hungría, o Bulgaria, a los que pide elaborar un plan de salida del precio regulado, tal como publicaba 65YMÁS hace una semana. 

Las asociaciones de consumidores advierten ahora que esta medida, lejos de beneficiar a los ciudadanos, empujaría a ocho millones de hogares a un mercado libre caracterizado por "falta de transparencia", dejándolos desprotegidos frente a más que probables subidas de precio.

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Facturas de más de 1.000 euros anuales

Según alerta la Asociación de Consumidores y Usuarios (OCU), la supresión del PVPC expondría a millones de clientes —que representan el 29% de los hogares— a un encarecimiento medio del 15% en sus recibos de la luz, que es el sobrecoste habitual de las tarifas libres. Aunque en el mercado libre existen ofertas puntuales más económicas, la inmensa mayoría resultan notablemente más caras debido a su complejidad.

Los datos de la OCU revelan que, para un hogar medio, mientras la tarifa PVPC supone unos 708 euros al año, la peor tarifa del mercado libre puede disparar la factura hasta los 1.027 euros anuales (una diferencia de 368 euros respecto a la mejor oferta libre).

Opacidad y cobros no deseados en el mercado libre

También FACUA ha sido contundente en sus críticas, acusando a Bruselas de "plegarse al lobby de las eléctricas". La asociación rechaza que el PVPC suponga una competencia dañina; al contrario, defiende que "es la única herramienta que obliga a las empresas a ajustar sus precios", ya que la competencia real entre compañías en el mercado libre es "prácticamente inexistente". Además, prevé que el fin de la tarifa regulada desemboque en "subidas paralelas" de los precios por parte de las eléctricas.

A esto se suma la complejidad de los contratos en el mercado liberalizado. Según recoge un informe del Gobierno citado por FACUA, un 32% de los usuarios del mercado libre tienen contratados "servicios complementarios" que encarecen su factura y que, en muchos casos, fueron dados de alta sin el conocimiento del propio cliente. La OCU insiste en que, actualmente, es inviable exigir al consumidor medio que descifre cláusulas complejas o que vigile constantemente los cambios de precios y los finos descuentos temporales de este mercado.

Golpe a los consumidores vulnerables

Aunque la propuesta europea contempla mantener el PVPC exclusivamente para los consumidores vulnerables, las organizaciones consideran la medida "insuficiente". La OCU advierte que millones de hogares sin acceso al bono social también tienen dificultades reales para desenvolverse en el complejo mercado libre.

FACUA añade que el bono social ni siquiera llega a todos sus beneficiarios potenciales hoy en día, por lo que expulsarles al mercado libre solo agravaría sus dificultades económicas. Frente a las antiguas críticas sobre los vaivenes de precios, la tarifa regulada es hoy mucho menos volátil. Tras la reforma de 2024, el PVPC incorpora precios de los mercados a plazo, los cuales representan ya en 2026 el 55% de la tarifa, suavizando drásticamente las oscilaciones extremas del pasado, aseguran las asociaciones.

El Gobierno asegura que no piensa eliminar esta tarifa

Por el momento, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha traído algo de tranquilidad al confirmar que actualmente "no existe previsión alguna de eliminar el PVPC en España". Según explicó la semana pasada, el Gobierno considera que esta tarifa debe mantenerse no solo para los consumidores vulnerables, sino también para cualquier usuario que desee acogerse a ella, subrayando su papel como herramienta de protección en un entorno de volatilidad de precios.

Además, apuntó que, a diferencia de las situaciones de otros países europeos, el PVPC se trata de una tarifa que está indexada al mercado mayorista. "Con lo cual no es un precio fijo, es un precio que lo marca la situación del mercado cada día en cada hora y, tal y como nos solicitó en su día la Comisión Europea, lo que hemos hecho también es que esté vinculada a los mercados de futuro" , dijo, reiterando eso sí el compromiso de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pueda hacer un estudio para tener la información básica para conocer si se podría prescindir o no del PVPC.