La empresa responsable de las clínicas dentales Vivanta, Clínicas Vivanta, SLU, ha entrado en concurso de acreedores tras el cierre de varios centros en ciudades como Vitoria, Zaragoza y o Toledo. Así lo confirma el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este 15 de septiembre, que especifica que los afectados disponen de 30 días —hasta el próximo 15 de octubre— para comunicar sus créditos.

El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid dictó el pasado 3 de septiembre un auto por el que acepta la solicitud voluntaria de concurso de acreedores por la situación de insolvencia que atraviesa la red de clínicas, que hace unos días suspendió “de forma repentina” su actividad en numerosos centros, según denunció el Consejo General de Dentistas.

Tal como aclaran desde la asociación de consumidores Facua, los afectados pueden ponerse en contacto con a la administración concursal FTI & Partners Corporate Recovery Spain, SLP y a través de la dirección postal Paseo de la Castellana, 35, 6ª planta, Madrid, en el correo electrónico concursos@ftiandpartners.es o en el teléfono 91 827 96 26 para reclamar sus créditos.

Reclamar también en el banco

Además de comunicar el crédito a los administradores, FACUA recuerda que si los tratamientos hubieran sido financiados a través de crédito vinculado al contrato de servicios odontológicos, los usuarios deben presentar una reclamación a la entidad financiera con la que hayan suscrito el préstamo, informándoles del cese de actividad del centro y exigiéndole, por ello, la paralización del cobro de los recibos.

La asociación recomienda a los afectados que tengan pendiente algún tratamiento que recopilen toda la información que tengan a su disposición para hacérsela llegar en plazo a la administración concursal: facturas, recibos, correos electrónicos, resguardos o cualquier otra comunicación que haya podido tener con clínicas Vivanta. Además Facua ha puesto en marcha una plataforma de afectados por el cierre de las clínicas dentales Vivanta para ayudarles a reclamar el dinero de los tratamientos ya pagados que no vayan a recibir.

Vivanta🦷 entra en concurso de acreedores: FACUA asesora a los afectados por el cierre⚠️ de estas clínicas dentales https://t.co/lhTp9MvJZr

— FACUA (@FACUA) September 16, 2026

Falta de regulación del sector

FACUA critica que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya realizado "ningún tipo de modificación de la normativa que regula este tipo de clínicas para asegurar la protección de los derechos de los consumidores en este sector de actividad y con un modelo de negocio vinculado a contratos de financiación. La más urgente, la exigencia de un seguro de responsabilidad civil para autorizar la apertura, de forma que quede cubierto el riesgo de cierre o quiebra de la compañía", señalan. 

En este sentido, FACUA recuerda que tras el cierre total de iDental en junio de 2018, en cuyo proceso judicial ejerce la asociación la acusación particular, se dirigió a la entonces ministra de Sanidad, Carmen Montón, para que acometiera una modificación de la normativa que regula los centros sanitarios privados. Además, reclamó al Gobierno que se reforzaran los controles de la Administración a estas clínicas, se regulasen las autorizaciones y procedimientos de cierre en aquellas comunidades autónomas que aún no lo hacen, se revisaran las sanciones que se deben imponer en caso de que incurran en incumplimientos de la norma.

Más información disponible al público

También instó a que se regulara la información de la clínica que debe estar disponible al público, tanto en cartelería como en toda la documentación que se entregue al usuario (contratos de financiación, facturas, etc.), incluyendo la denominación social y comercial, administrador, datos de contacto, procedimiento para interponer reclamaciones, solicitud de historiales clínicos, etc. De esta forma, los usuarios pueden saber a quién se tienen que dirigir a la hora de reclamar por un cierre o cualquier otro tipo de problema.

"Recientemente, tras el continuo cierre de clínicas dentales y estéticas de estos años, FACUA se ha vuelto a dirigir a Mónica García, ministra de Sanidad, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad y Pablo Bustinduy, Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, instándoles a abordar una mejora de la regulación de este tipo de clínicas privadas para reforzar la protección de los usuarios", señalan desde Facua.

"Hasta la fecha, el Gobierno ha hecho caso omiso a constantes reivindicaciones de FACUA pese a que son ya miles los afectados por la cascada de cierres de clínicas dentales, de depilación y de estética en los últimos años. La asociación insiste al Ejecutivo en la necesidad de abordar, sin más demora, una problemática creciente que pone en jaque los derechos de los consumidores y usuarios", denuncian desde Facua.