Economía
Contratos de alquiler de Casa 47: duración de hasta 75 años y con prórrogas continuas
El Consejo de Ministros aprueba la transformación de Sepes en Casa 47
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que modifica el estatuto de la Entidad Estatal del Suelo (Sepes) para transformar su nombre y adaptar su organización a la nueva realidad de Casa 47.
La entidad pasará de tener como actividad principal la de urbanización y entrega de suelos y viviendas a las demás administraciones, para pasar a actuar como una gran Entidad Estatal de Vivienda, en la cual no solo se urbanice y se construya, sino que además se gestione todo el ciclo residencial del parque público de vivienda estatal.
El acuerdo del Gobierno modifica la denominación institucional de la Entidad a "Casa 47 Entidad Pública Empresarial", manteniendo su naturaleza jurídica de Entidad Pública Empresarial (EPE) adscrita al Ministerio; se suprime la Dirección General de Sepes, modificándola por el de la Presidencia de Sepes; y se reconfigurado la estructura para adaptarla a la nueva realidad, sin que suponga un cambio en el rango o retribuciones de cada órgano directivo.
Contratos
Durante la presentación el pasado jueves, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana detalló cómo van a ser los contratos de alquiler que firme la nueva entidad. En concreto, los contratos de alquiler que firme Casa 47 podrán tener una duración de hasta 75 años, con prórrogas continuas siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso a la vivienda.
Aquí se distinguen dos etapas:
- Una primera fase con un contrato de 14 años de duración.
- Y una segunda con prórrogas automáticas de 7 años sujetas al cumplimiento de una mayoría de las condiciones de acceso.
El precio se fijará en base a criterios de asequibilidad y tendrá un tope por comunidades autónomas. De esta forma, ningún alquiler podrá sobrepasar el 30% de la renta media del territorio.
Casa 47 tiene una vocación global, por lo que para llegar al máximo número de personas, sus ofertas se dirigirán al conjunto de la clase media y trabajadora, al 60% de la población que cobra rentas situadas entre 2 y 7,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). A las rentas inferiores, se les apoya a través de la vivienda social, y las personas con rentas superiores se entiende que no deben tener problemas para acceder al mercado libre.
Promociones disponibles
De cara a simplificar el proceso de gestión y adjudicación de viviendas, en 2026 se habilitará un portal online en el que se podrán consultar las promociones disponibles, así como los requisitos concretos de cada una. Además, la plataforma permitirá formalizar las solicitudes de vivienda.
La cartera de vivienda de Casa 47 se nutre de la construcción propia, pero también de la incorporación de viviendas y suelos del Estado procedentes de otros ministerios, como Hacienda, Defensa o Interior; o de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), de la que se han recuperado más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad para albergar otras 55.000 casas que se irán poniendo a disposición de la ciudadanía paulatinamente.
Además, en lo que va de año, la entidad ha licitado la redacción de los proyectos de más de 1.600 viviendas distribuidas por todo el territorio de España; y próximamente lanzará una oferta pública de compra de 100 millones de euros para seguir incrementando el parque público de vivienda.
Asimismo, la entidad ha desbloqueado obras de urbanización con un alto impacto en ciudades como Sevilla, Ibiza o València, y próximamente en Málaga y Madrid, tan solo pendientes de aprobación municipal.
Para ello, se prevé una inversión de 13.000 millones de euros en diez años, suficiente para generar un parque de viviendas capaz de retroalimentarse, sostenerse en el tiempo y atender la demanda de nuevos hogares al margen de los ciclos especulativos.
El esfuerzo inversor de Casa 47 contribuirá a la construcción de un nuevo parque público que nos sitúe en estándares europeos (8%), poniendo así fin al carácter recurrente de las crisis en materia de vivienda. La infraestructura pública que velará por el derecho a la vivienda será también la herramienta del Estado para intervenir en el mercado a través de la oferta de vivienda asequible.
