Más de la mitad de los inquilinos (58%) considera improbable poder adquirir una vivienda en el futuro, y solo un 14,4% se muestra optimista en este aspecto. La herencia se perfila como un mecanismo cada vez más relevante para poder acceder a una vivienda en propiedad. Ahora bien, el 21,2% de quienes ya tienen casa en propiedad cree probable heredar otra, frente al 11,6% de las personas arrendatarias, lo que tendría que ver con que por la elevada esperanza de vida, las herencias se reciben a una edad ya avanzada, en muchos casos ya con vivienda propia. Son algunas de las conclusiones del informe 'La vivienda, cimiento de desigualdades' de Oxfam Intermón.
Por otro lado, una de cada tres personas que viven de alquiler destinan más del 50% de sus ingresos a pagar la vivienda, un porcentaje que alcanza el 85% en el caso de aquellos inquilinos que destinan más del 30% de sus ingresos a afrontar el alquiler, mientras que el 61% asegura que no logra ahorrar debido a los elevados costes de la renta. Entre los hogares con hipoteca, la presión también es muy elevada: el 62% dedica más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, y una de cada cinco, el 50%.
Los datos contrastan con las personas que ya tienen su casa completamente pagada, debido a que en el 60% de los casos sí consiguen ahorrar todos los meses.
El autor del informe y responsable de políticas de protección social y empleo de Oxfam Intermón, Alejandro García-Gil, ha avisado de que el acceso a la vivienda es especialmente difícil para quienes pagan una renta de alquiler porque no logran ahorrar para la entrada de una hipoteca, una situación que perpetúa la "trampa del alquiler".
Asimismo, García-Gil ha avisado de que el mayor peso de la herencia como vía de acceso a una vivienda genera una profunda desigualdad que puede provocar en el futuro que quienes ya poseen una vivienda en propiedad tengan la expectativa de heredar más que los no propietarios.
La crisis de precios de la vivienda que arrastra España en los últimos años ha afectado enormemente a toda la población, especialmente a los jóvenes y a los extranjeros. Pero los sénior no son ajenos al problema.
La mayoría de las personas, en todos los tramos de edad, pagan más ahora por su vivienda que hace cinco años, pero con diferencias significativas entre las personas jóvenes y el resto de población adulta: mientras que el 55% de quienes tienen más de 65 años manifiestan que el coste de su vivienda ha aumentado, la cifra sube hasta el 64% de las personas entre 35 y 64 años y escala hasta el 70% de las personas jóvenes emancipadas. Por tanto, la crisis de precios impacta más en las nuevas generaciones, por un lado, porque sienten con más frecuencia la subida de precios y, por otro, porque este incremento ha hundido la emancipación juvenil a su nivel más bajo desde 2006.
Detrás de este mayor impacto en la población inmigrante y las personas jóvenes se encuentra, de nuevo, el régimen de vivienda. Al ser la crisis de la vivienda una crisis fundamentalmente del alquiler, impacta más a quién más uso hace de esta opción. Y aunque los mayores son quienes presentan un mayor porcentaje de vivienda en propiedad, no se puede desdeñar que hay un 20% de mayores de 65 años en España que viven de alquiler y que, por tanto, sufren la crisis de la vivienda.
Otra consecuencia de la crisis de la vivienda es la renuncia a la intimidad. El 22,6% de las personas entre 18 y 24 años compartan piso. Datos "habituales e incluso razonables", según el estudio, en una franja de edad en la que son habituales los estudiantes que se mudan a otras ciudades a estudiar o las primeras experiencias de emancipación juvenil. Ahora bien, el estudio destaca que un 27,7% en personas de entre 25 y 34 años compartan piso, en un momento en que "están acabando su etapa juvenil y deberían estar comenzando a construir sus proyectos vitales autónomos". Y, de nuevo, el estudio llama la atención al señalar que "la pérdida de intimidad no solo es un factor juvenil". "Una de cada diez personas de 35 a 54 años comparte piso con desconocidos por motivos económicos, haciendo que compartir piso no sea solo una realidad juvenil".
El informe demuestra que el régimen de vivienda es un factor de desigualdad cada vez más determinante, incluso por encima del nivel de ingresos, ya que con el mismo salario, vivir de alquiler penaliza de forma clara la capacidad de ahorro.
La diferencia es especialmente acusada en los tramos salariales más bajos: entre quienes perciben el salario mínimo interprofesional (SMI), la brecha en la probabilidad de ahorrar supera los 25 puntos porcentuales: el 58,6% de las personas con vivienda pagada logra ahorrar, frente al 32,4% de quienes viven de alquiler.
De hecho, una persona propietaria con ingresos equivalentes al SMI --1.184 euros en 2025-- tiene más probabilidad de ahorrar que una persona inquilina con un salario de 2.000 euros.
De igual manera, una persona inquilina que ingresa 2.000 euros al mes tiene prácticamente la misma capacidad de ahorro (51,9%) que alguien con hipoteca que gana 1.500 euros (50,2%).
Según el análisis, una de cada tres personas que pagan una renta, unos tres millones, sufrieron el último año "desahucios invisibles": finalizaciones de contrato o subidas inasumibles que derivan en mudanzas forzosas, con especial impacto entre personas extracomunitarias (37%) y jóvenes menores de 35 años (31,9%).
En el caso de los menores de 35 años, uno de cada dos tuvo que regresar al hogar familiar. Además, el 60% de las mudanzas implicó abandonar el barrio o municipio de referencia, con el consiguiente debilitamiento de redes sociales y comunitarias.
Las dificultades también alcanzan los gastos básicos: el 19,2% de la población no pudo afrontar el pago de suministros esenciales en el último año. La carencia energética asciende hasta afectar a casi tres de cada diez personas inquilinas, jóvenes o migrantes. Estas dificultades incluyen mantener el hogar a una temperatura adecuada en invierno o afrontar el pago de electricidad, gas o agua.
Por ello, desde Oxfam Intermón han reclamado una respuesta coordinada entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos y que se proteja a los 60.000 hogares vulnerables que corren el riesgo de ser desahuciados tras el rechazo del 'escudo social'.
Al mismo tiempo, han planteado reforzar la protección de las personas inquilinas mediante la regulación de los precios y la ampliación de la duración de los contratos.
En paralelo, han pedido frenar prácticas especulativas y avanzar hacia una fiscalidad centrada en el uso de la vivienda, además de ampliar el parque de vivienda pública e impulsar modelos alternativos.
"Es urgente actuar para asegurar que vivir de alquiler sea una opción asequible, digna y estable, que permita desarrollar un proyecto de vida con seguridad. Y que, al mismo tiempo, quien desee acceder a una vivienda en propiedad pueda hacerlo", ha concluido García-Gil.
