Frente Amplio y Podemos llevan en sus programas electorales acabar con Muface, Mugeju e Isfas
Plantean integrar a casi 2,2 millones de mutualistas en el Sistema Nacional de Salud
Tanto Frente Amplio como Podemos proponen en sus programas electorales de cara al 29-N que las mutualidades de funcionarios –Muface, Mugeju e Isfas– se integren en el Sistema Nacional de Salud (SNS), una reforma que supondría extinguir el actual modelo de asistencia sanitaria concertada con aseguradoras privadas para absorber a este colectivo directamente en la red pública.
De llevarse a cabo, la medida afectaría de lleno a Muface, que daba cobertura a un total de 1.568.298 personas a cierre de 2025, según los datos abiertos disponibles, entre titulares –funcionarios en activo o jubilados– y beneficiarios –familiares o personas asimiladas que dependen económicamente de un funcionario titular–.
El plan de integración de ambas formaciones también abarcaría a las otras dos mutualidades administrativas del Estado: el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), que da cobertura a alrededor de 531.415 personas entre personal militar, miembros de la Guardia Civil y sus beneficiarios y la Mutualidad General Judicial (Mugeju), que protege a cerca de 89.141 titulares y familiares pertenecientes a la Administración de Justicia, –según los datos de sus últimas memorias anuales del pasado año–. De este modo, el conjunto del mutualismo administrativo en España se eleva a más de 2,18 millones de personas.
En concreto, en el programa de Frente Amplio explican así su propuesta: "Integración de mutuas de funcionariado (Muface, Mugeju e Isfas): aplicaremos el plan propuesto para la integración definitiva de todas las mutuas de funcionarios al Sistema Nacional de Salud".
Por su parte, Podemos lo especifica de la siguiente forma: "Mientras subsistan los conciertos, reforzaremos la inspección y el control para garantizar el buen uso de los fondos públicos e impedir que las empresas privadas obtengan beneficios a costa del sistema público. El personal de nuevo ingreso de Muface, Isfas y Mugeju recibirá asistencia sanitaria directamente a través de los servicios públicos de salud, sin conciertos con entidades privadas".
Rechazo frontal de CSIF
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) "rechaza frontalmente cualquier intento de acabar con el mutualismo administrativo", cuestión que el sindicato atribuye a Frente Amplio y Podemos y que señala que también "han defendido en diferentes momentos Sumar y algunos sectores del PSOE".
Así lo ha expresado la organización en un comunicado, en el que indica que "lleva años advirtiendo de las consecuencias de estas propuestas, que ponen en cuestión un modelo de asistencia sanitaria que constituye un derecho de miles de funcionarios/as y sus familias".
Para CSIF, la desaparición del mutualismo administrativo "saturaría el ya tensionado Sistema Nacional de Salud", y asegura que no va a consentir que "se utilice el debate sobre su funcionamiento o financiación como excusa para desmantelarlo".

CSIF recuerda que, más allá de la renovación de los conciertos, aboga por un modelo de mutualismo "estable y sostenible", que preste "una asistencia sanitaria de calidad" y que "garantice los mismos derechos y prestaciones a los mutualistas y sus beneficiarios".
"Vamos a seguir defendiendo Muface, Mugeju e Isfas, vigilando el cumplimiento de los compromisos adquiridos y denunciando cualquier iniciativa que pretenda recortar derechos a los empleados públicos", sostienen desde CSIF.
Casi 5.000 millones para tres años
El concierto sanitario vigente de Muface –correspondiente al trienio 2025-2027– fue firmado el 30 de abril de 2025 y entró en vigor el 1 de mayo de ese mismo año tras un complejo proceso de licitación que concluyó con la permanencia únicamente de dos aseguradoras, SegurCaixa Adeslas y Asisa, quedando fuera DKV, que sí participó en convenios anteriores.
Dicho acuerdo, que se extiende hasta finales del próximo ejercicio, cuenta con un presupuesto global de 4.808 millones de euros –lo que supuso un incremento de 1.276 millones respecto al concierto previo– e introdujo una nueva estructura de primas incrementales por tramos de edad con una subida media ponderada acumulada del 41,2% en los tres años, además de reintroducir el mes de junio como segundo periodo ordinario anual para que los mutualistas puedan cambiar de entidad.
En este debate también se pronunció la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que en su evaluación del mutualismo administrativo publicada en marzo de 2025 concluyó que el actual sistema presenta "ineficiencias" y una acusada selección de riesgos.
En concreto, detalló que, aunque de forma general solo el 24% de los mutualistas opta por la sanidad pública, el porcentaje alcanza hasta el 70% entre quienes precisan ingresos hospitalarios por patologías de severidad mayor o extrema –como tratamientos oncológicos o servicios de nefrología y diálisis–, concentrándose así los casos más graves y complejos en la red pública.
Asimismo, en el ámbito de los costes, el organismo advirtió de que los centros privados facturan a las mutualidades los medicamentos hospitalarios dispensados a pacientes externos a precios "muy superiores" a los de adquisición del Sistema Nacional de Salud, llegando en algunos casos a "sextuplicar su importe", además de señalar que entre 2010 y 2022 el gasto sanitario por persona creció más en el mutualismo (52,7%) que en el sistema público (40%).
Por ello, la AIReF recomendó "incorporar progresivamente a los nuevos mutualistas" al Sistema Nacional de Salud y transformar la actual adscripción obligatoria en un régimen voluntario, condicionando cualquier integración a un refuerzo previo de las capacidades asistenciales y las listas de espera de las comunidades autónomas.
En paralelo, la institución recordó que el mantenimiento de este sistema dual en España es "aún más excepcional" si se compara con el entorno europeo, puesto que otros países que históricamente mantenían sistemas similares al nacional como Italia, Portugal o Grecia, ya han completado la transición hacia un modelo plenamente integrado. En Reino Unido y Suecia, por su parte, los empleados públicos reciben directamente la misma cobertura sanitaria universal que el resto de la población a través de sus respectivos sistemas nacionales de salud.

