El Gobierno rebaja el umbral para acceder a las bonificaciones en la contratación de parados de larga duración de 50 a 45 años y mejora la cuantía de las ayudas. Así, la empresa que contrate a una persona mayor de 45 años podrá ahorrarse 1.536 euros al año en cotizaciones a la Seguridad Social. A cambio, ese contrato deberá ser indefinido, a tiempo completo y mantenido en el tiempo durante un mínimo de tres años.
Se trata de una de las medidas que forman parte del Anteproyecto de Ley de incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo y de calidad aprobado por el Consejo de Ministros y que, a partir de ahora, inicia su recorrido en el Parlamento. El objetivo del Ejecutivo es que esté aprobado en el mes de septiembre.
La norma que aprueba el Consejo de Ministros busca fomentar el empleo estable e indefinido y, para ello, reorienta las bonificaciones de las cotizaciones sociales. Es decir, se recortan todas las ayudas al empleo temporal para dedicarlas exclusivamente a las contrataciones indefinidas de colectivos vulnerables o de baja empleabilidad, con un compromiso de mantenimiento del empleo de tres años.
La contratación indefinida de un mayor de 45 años en paro de larga duración tendrá una bonificación en las cotizaciones sociales de 128 euros al mes, es decir, una subvención anual de 1.536 euros.
“La decisión del Gobierno de rebajar el umbral para acceder a las bonificaciones en la contratación de parados de larga duración nos parece una medida acertada” explica a 65YMÁS Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de Infojobs. Todos los expertos valoran positivamente este nuevo incentivo, pero se muestran prudentes. “Habrá que esperar varios meses para ver cómo evolucionan las cifras de paro en este colectivo, sobre todo en un contexto de desaceleración de la creación de empleo como el que estamos viviendo” añade Pérez.
El empleo ha de ser estable, es decir, las bonificaciones solo se darán para contrataciones indefinidas. Además, las empresas que reciban incentivos a la contratación tendrán que mantener el empleo durante tres años. Algunos expertos expresan temores, a micrófono cerrado, respecto a que, en este nuevo mapa de bonificaciones, la letra pequeña de la norma termine diluyendo sus efectos positivos. Desaparece las ayudas a la contratación temporal, y la condicionalidad de que el empleo sea indefinido y se mantenga durante al menos tres años, podría frenar contrataciones.
Sea como sea, el nuevo sistema se evaluará de forma permanente, con lo que "ningún incentivo tendrá carácter estructural", pues sólo se mantendrán los que funcionen, según ha indicado la vicepresidenta segunda.
2022 ha demostrado, de nuevo, las enormes dificultades de los trabajadores mayores de 45 años. Solo en el último trimestre se destruyeron 108.127 puestos de trabajo en este colectivo. Según detallan las estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el año pasado cerró con una destrucción de empleo sénior del 26,46% en tasa interanual.
Esta bonificación de 128 euros al mes es una de las medidas para acabar con una de las principales lacras de nuestro mercado laboral: el paro en el colectivo sénior y las dificultades con las que se encuentran los mayores de 45 años para reengancharse al mercado de trabajo. Una realidad que se materializa en la paradoja de que al mismo tiempo que el Gobierno anima a los trabajadores a alargar su vida laboral como medida para dar sostenibilidad al sistema de pensiones públicas, las empresas expulsan a los trabajadores mayores.
“Necesitamos no solo políticas que incentiven la contratación de mayores de 45 años, sino también otras que impulsen su formación y también un cambio de mentalidad social y empresarial (cultura)”, nos dice Mónica Pérez. “El problema reside en que muchas veces, las empresas no son capaces de garantizar a los profesionales de más de 45 años la formación y las herramientas necesarias para emprender ese reskilling que les permita adaptarse a las nuevas necesidades del mercado laboral, sobre todo en lo relacionado con la digitalización y transformación (metodologías, hábitos, etc.)”.
En efecto, los trabajadores sénior se encuentran a la hora de buscar trabajo con una terrible realidad que sigue muy viva en nuestro mercado laboral: la discriminación por edad o edadismo. El informe ‘La discriminación de las personas mayores en el ámbito laboral’ de HelpAge International España, concluye que las personas mayores de 55 años sufren una mayor inseguridad laboral, mayor nivel de desempleo y precariedad. Es el informe al respecto más reciente, pero no el único. En la misma línea, un estudio de PwC señala que el 22% de los trabajadores ha sufrido discriminación por su edad
Por eso, “la solución, como decimos, está en esa capacitación y en la generación de esa nueva cultura; así como en el refuerzo de políticas como la que se aprueba” insiste la experta.
El nuevo mapa de bonificaciones e incentivos a la contratación se centra en aquellos trabajadores considerados colectivos vulnerables o de baja empleabilidad, como parados de larga duración, mayores de 45 años, jóvenes sin formación, mujeres y personas con discapacidad. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las bonificaciones a la contratación se habían convertido en un "peso muerto", pues favorecían a las personas que estaban en mejor posición en el mercado laboral en lugar de a las más vulnerables. Lo que ha denominado “efecto Mateo”.
Con esta norma, que entrará en vigor en septiembre, se corrige esta situación, se adapta el sistema de incentivos al marco contractual de la reforma laboral y desaparecen "definitivamente" las reducciones de cotizaciones.
Las subvenciones a las cotizaciones de la Seguridad Social para las empresas que empleen a los trabajadores considerados prioritarios, como son los mayores de 45 años parados de larga duración, mujeres, jóvenes sin formación o personas con discapacidad física e intelectual supondrá un coste de 196,93 millones de euros, tal y como detalla la memoria económica del anteproyecto de ley.
Sin embargo, la supresión de las bonificaciones en las cotizaciones sociales para los contratos temporales supondrá un ahorro de 475,93 millones de euros al año, de forma que esta Ley de incentivos a la contratación laboral prevé un ahorro estimado de 280 millones de euros.
