El Anteproyecto de Ley de Regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo está a punto de ver la luz. Las diferencias surgidas en la mesa del diálogo social están retrasando la intención del Gobierno de haber llevado al Consejo de Ministros este mismo mes de enero los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública y los planes de pensiones de empleo simplificados.
Dado este retraso, el área de jubilaciones de Willis Towers Watson ha realizado una valoración del fondo público de pensiones, con el que el Gobierno pretende modernizar y reforzar el sistema de pensiones e impulsar los planes de empresa frente a los planes individuales. La consultora realiza además algunas consideraciones y recomendaciones, dado que el texto está pendiente de acordar en la Mesa de Diálogo. Y expresa su preocupación por el hecho de que la norma vaya a nacer “sin el apoyo de la patronal y con muchas reticencias por la parte social”.
La creación de este fondo público de pensiones busca facilitar el acceso a planes de pensiones de empleo a asalariados, autónomos y empleados públicos. “Supondrá un impulso al desarrollo de la previsión social complementaria y el segundo pilar en España, actualmente muy poco desarrollado en comparación a los países de su entorno”, aseguran desde la consultora. Y para fomentar especialmente la adscripción de pequeñas y medianas empresas, se propone el impulso de la negociación colectiva (convenios colectivos de carácter sectorial o acuerdos colectivos sectoriales sobre materias concretas).
No obstante, y para que realmente tenga éxito en su objetivo, el mánager del área de Jubilaciones de Willis Towers Watson en España, Rafael Villanueva, y el director técnico de Jubilaciones, Ángel García, consideran que “debe generar incentivos al empleado para su aportación, pero también a la empresa para su implementación”.
Por otro lado, insisten en que el esquema diseñado debería recoger buenas prácticas internacionales que en su diseño actual no recoge, como la “adscripción por defecto de los trabajadores o un esquema de incentivo a las aportaciones en el que además de la empresa, participe el Estado, como ocurre en el Reino Unido”.
Rafael Villanueva y Ángel García, sostienen que la creación del fondo público de pensiones supondrá "un impulso al desarrollo de la previsión social complementaria", aunque insisten en que no debe hacerse en detrimento del ahorro particular.
Los dos expertos de la consultora señalan que este segundo pilar del ahorro todavía está "muy poco desarrollado" en España, en comparación con otros países del entorno, y solo alcanza a "trabajadores de empresas medianas a grandes y de multinacionales".
Desde la consultora, recalcan que la promoción del ahorro a través de este segundo pilar no es incompatible con el tercero, correspondiente a los planes de pensiones individuales. "No parece muy adecuado desincentivar el ahorro individual cuando el ahorro en la empresa aún carece de músculo", apuntan los expertos.
Además, recuerdan que tampoco deben olvidarse "soluciones más recientes o innovadoras, que podríamos encuadrar en un cuarto pilar, que contribuyen a la previsión en su conjunto, como por ejemplo aquellas destinadas a licuar el patrimonio inmobiliario y obtener rentas en la jubilación".
El Gobierno será el principal impulsor de estos fondos públicos de pensiones, actuando como entidad promotora, siendo la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) la encargada de la supervisión financiera. Ahora bien, aunque el fondo será público, la gestión la realizará una entidad privada. El anteproyecto recoge que el proceso de selección de entidades gestoras y depositarias estará sujeto a la ley de Contratos del Sector Público, para garantizar los principios de igualdad, transparencia y libre concurrencia.
“La gestión del plan debe basarse en criterios técnicos y financieros, y debe estar delegada en perfiles de máxima solvencia” dicen a este respecto los expertos de Willis. Y expresan abierta las dudas que “genera la posible presencia de representantes de ONGs para supervisar los criterios de sostenibilidad que se quiere incluir en la gestión”.
“Debería primarse el cobro de las prestaciones de esta previsión en forma de renta, mediante el establecimiento de algún tipo de incentivos, y con la idea de que este ahorro sea un complemento real y efectivo a la pensión pública. En sus últimas declaraciones, el ministro Escrivá dejaba entrever esta posibilidad”, aseguran desde Willis. En efecto, según ha trascendido, el Gobierno quiere evitar que los trabajadores adscritos a los planes de pensiones promocionados por el nuevo Fondo Público rescaten su dinero en forma de capital.
