El Gobierno reserva 20.000 millones para afrontar la subida de las pensiones con el IPC

El Consejo de Ministros daba este martes el primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Y lo hacía con la aprobación del límite de gasto no financiero, el conocido como techo de gasto, que alcanza la cifra récord de 198.221 millones de euros, un 1,1% más respecto al ejercicio anterior y que por tercer año consecutivo se sitúa en máximos. En este montante total está contemplado una transferencia de 19.888 millones a la Seguridad Social, un 8,1% más que en 2022.

"Estos recursos muestran el compromiso del Gobierno con el Pacto de Toledo y la sostenibilidad del sistema público de pensiones", explicó en rueda de prensa la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Y es que esta transferencia a la Seguridad Social es para poder hacer frente a la revalorización de las pensiones con el Índice de Precios al Consumo (IPC), un compromiso ratificado en el Congreso el pasado mes de diciembre y que el Gobierno ha asegurado por activa y por pasiva que piensa cumplir en 2023 por muy disparados que estén los precios. La ministra de Economía, Nadia Calviño, asumía este martes una inflación cercana al 8% a cierre de 2022.

Las presiones para que el Ejecutivo dé marcha atrás han llegado de todas partes. Bruselas, el Banco de España, CEOE y organismos como Fedea, Funcas o la AIReF han alertado de que subir las pagas a los pensionistas con el dato del IPC va a obligar a un ingente gasto público y va a poner en riesgo el sistema. Por ello, piden que los pensionistas formen parte del pacto de rentas. El Banco de España calcula que actualizar las pensiones con una inflación del 7% costaría 12.600 millones a las cuentas públicas. La AIReF realiza un cálculo similar y estima que por cada punto adicional de inflación, el gasto en pensiones sube en 1.500 millones.

Un compromiso irrevocable

Contra viento y marea, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha sido siempre tajante en que ese alza es innegociable y se le ha visto en varias ocasiones sorprendido y hasta molesto por este asunto.  "¿Pero qué debate es este cuando la Seguridad Social está yendo al equilibrio presupuestario? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Por qué esto es tan raro? ¿Por qué tenemos este debate artificial creado en España y nos bombardean otra vez con esto? Es una irresponsabilidad crear incertidumbre a 10 millones de pensionistas", decía el mes pasado, añadiendo que los pensionistas no son un problema para la inflación, ya que van "por el lado de la demanda, no de la oferta" y el problema actual es la oferta.

"Todos los países del entorno revalorizan las pensiones de acuerdo al IPC, porque no puede ser de otra forma. No encontrarán un solo Banco Central en Europa, con una excepción [el de España], que esté hablando de que las pensiones no tengan que revalorizarse en sus países. Ninguno, porque no tiene mucho que ver con el sistema inflacionista actual", zanjaba el ministro.

Así, Escrivá garantiza la sostenibilidad del sistema público de pensiones en los próximos años gracias a que los ingresos, con un aumento del 8%, crecen por encima de los gastos, con un repunte del 6%, lo que permite reducir el déficit de la Seguridad Social, que terminará el año en el 0,5%, según las previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).