El Tribunal de Cuentas ha desvelado que el Gobierno tuvo que recurrir en noviembre de 2024 a 2.389,4 millones de euros de fondos europeos para pagar pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas ante la falta de crédito presupuestario que ha generado la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado desde 2023.

Es una de las conclusiones que el organismo fiscalizador ha extraído de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio de 2024, que ha sido aprobada con una opinión favorable, pero poniendo en evidencia "salvedades o incidencias" que el Tribunal insta a corregir.

Una de ellas es que la insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos "ineludibles" de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas motivó que en noviembre de 2024 se autorizaran dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros, ambas financiadas con créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, al considerar que no comprometían el cumplimiento del Plan de Recuperación ni la capacidad de absorción de fondos europeos.

No se justificó bien

El Tribunal expone que esta actuación del Gobierno se llevó a cabo bajo unos fundamentos jurídicos "que deberían haber quedado mejor justificados", pues el organismo entiende que existe "una incertidumbre" sobre la aplicabilidad en 2024 de limitaciones al uso de los créditos sobrantes de los fondos europeos para financiar modificaciones presupuestarias fuera de dicho servicio.

En lo que respecta a las obligaciones en pensiones, el Tribunal de Cuentas también apunta que la prórroga presupuestaria ha venido provocando que el presupuesto siga siendo el mismo que el fijado para 2023, algo que ya en 2024 provocó una infravaloración neta de esta partida de 1.008,4 millones de euros.

Otro efecto de la prórroga presupuestaria es que los créditos definitivos superaron en 77.341,9 millones de euros a los iniciales, de los cuales el 95% se tuvieron que financiar apelando a la variación del saldo vivo de la deuda. Eso sí, el organismo indica que el buen comportamiento de los ingresos permitió que dicha variación del saldo vivo de la deuda no alcanzase este importe.

Deuda de la Seguridad Social

Además de estos movimientos en el pago de pensiones, el organismo presidido por Enriqueta Chicano ha vuelto a advertir que el patrimonio neto negativo de la Seguridad Social vuelve a situarse por octavo año consecutivo en negativo y ya supera los 106.000 millones de euros.

El informe apunta que el balance de la Seguridad Social se financia principalmente a través de préstamos del Estado cuyo importe acumulado en 2024 asciende a 126.170,2 millones de euros, un 7,91 % del PIB. Con este panorama, el Tribunal de Cuentas ha vuelto a incidir en la necesidad de adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad financiera del Sistema a medio y largo plazo.

Otros apuntes que deja el informe es que el saldo principal de la Deuda del Estado ascendía, a 31 de diciembre de 2024, a 1,46 billones de euros. La institución destaca la existencia de un "importante déficit estructural" en el ámbito de la gestión de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, el cual alcanza los 2.677,3 millones de euros.

Sobrevaloración

En lo que respecta al resto de salvedades detectadas por el organismo, el Tribunal de Cuentas apunta a una sobrevaloración del resultado presupuestario consolidado en 4.090,3 millones de euros por una incorrecta imputación temporal de obligaciones y derechos durante el ejercicio fiscalizado.

Además, ha puesto de manifiesto la existencia de pagos a justificar pendientes de justificación o aprobación a cierre de ejercicio por un importe de 1.627,1 millones de euros, que han superado los plazos establecidos en la normativa a estos efectos.

La fiscalización también ha puesto el foco en otras incidencias, como las relativas a los inventarios de inmovilizado de la Administración General del Estado, la falta de registro contable de las aplicaciones informáticas desarrolladas con medios propios de la Seguridad Social o la incertidumbre en la valoración del inmovilizado material de Renfe Mercancías por valor de 371,6 millones de euros.

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas indica que existen en la Cuenta General del Estado de 2024 deficiencias en los deudores y en sus correcciones valorativas, tales como la sobrevaloración de los deudores tributarios y no tributarios por 11.263 millones de euros.

Otros ejemplos son la infravaloración de deudores de la Seguridad Social, SEPE y Fogasa por 2.643,9 millones de euros, la falta de contabilización de los intereses de demora de las deudas por cuotas de la Seguridad Social por 781 millones de euros y la existencia de "dudas razonables" sobre la cobrabilidad de la deuda por cotizaciones sociales de las instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, objeto de moratoria desde 1995, por 672,3 millones de euros.

Por todo ello, el Tribunal de Cuentas sugiere a las Cortes Generales que insten al Gobierno a la subsanación de las salvedades e incidencias señaladas y resolver la situación del endeudamiento de la Seguridad Social. A su vez, piden que se modifique la normativa relativa a los plazos de rendición de cuentas para poder elaborar la Declaración sobre la Cuenta General en el plazo más cercano posible al ejercicio al que se refiera.

La Declaración, que se ha remitido a las Cortes Generales para su presentación y debate, ha sido aprobada con un voto particular en contra de uno de los consejeros del Tribunal de Cuentas y otros seis votos concurrentes explicativos, es decir a favor pero con matices.