Qué es la cláusula de cierre de las pensiones

Saiz, sobre las dudas de sostenibilidad de las pensiones: "Activar la cláusula no sería dramático"

El Gobierno pide otro informe a la AIReF sobre las pensiones ante las presiones de Bruselas

Saiz rinde cuentas al Pacto de Toledo, en plena tormenta por el nuevo examen de pensiones

La reforma de pensiones de 2023 (Real Decreto Ley 2/2023) estableció la llamada cláusula de cierre, un mecanismo de evaluación trienal del gasto neto en pensiones y, en última instancia, un instrumento que actúa como garantía adicional sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Activar esa cláusula, que conllevaría medidas de ajuste adicionales, corresponde a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF @AIReF_es), encargada de realizar un informe sobre el impacto de las medidas de ingresos de la Seguridad Social, y comprobar que los ingresos y el gasto en pensiones (promedio 2022-2050) estimado por el escenario del Ageing Report, estén bajo ciertos umbrales.

Tal como ha explicado la ministra, Elma Saiz, durante su intervención ante el Pacto de Toledo, la cláusula fija como umbral de referencia un gasto medio neto de medidas de ingresos de 13,3 puntos porcentuales del PIB para el período de 2022-2050. A efectos del mecanismo de evaluación de la reforma, se tienen en cuenta tanto la dimensión del gasto, como la de ingresos.

Esta cláusula también establece que, si se detectase un “exceso de gasto”, entendido este como un nivel de gasto neto por encima del umbral de 13,3, el Gobierno debe proponer nuevas medidas, cuyo impacto corrector será evaluado, nuevamente, por la AIReF, presidida por Cristina Herrero.

A continuación, dichas medidas se discutirían en el marco del Pacto de Toledo y en la Mesa de Diálogo Social, para consensuar políticas que fortalezcan la salud financiera del sistema de pensiones.

Y únicamente en caso de que no se aprobasen medidas extra, la cláusula de cierre prevé una subida gradual automática de cotizaciones del MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional) para cerrar la brecha de ese exceso de gasto.

Primer examen de la AIReF: aprobado raspado...

La primera evaluación de la AIReF, publicada el pasado 31 de marzo, dio como resultado un aprobado justo, pero de su evaluación se desprende que no era necesario tomar medidas adicionales. En concreto, constató que el gasto neto promedio para el período 2022-2050, obtenido a partir de las proyecciones de gasto en pensiones del Ageing Report y del impacto de las medidas de ingresos estimado por la propia AIReF, se situaba en 13,2 puntos porcentuales del PIB (14,6 puntos porcentuales de gasto – 1,4 puntos porcentuales de medidas de ingresos).

Esto es, tan solo una décima por debajo del máximo fijado por la cláusula de cierre.

... y nuevo chequeo a las pensiones en junio de 2026

Sin embargo, hace unos días saltaron las alarmas, ya que el Gobierno encargará un informe adicional a la AIReF y cambiará las reglas de evaluación de las pensiones, y para ello va a reformar el Real Decreto 100/2025, de 18 de febrero, que establecía qué criterios debía tener en cuenta la AIReF para su chequeo.

Entre los cambios ahora propuestos por el Ejecutivo, figura que en adelante no se considerarán las transferencias del Estado a la Seguridad Social como ingresos (frente a lo que el Ejecutivo sostenía anteriormente).

Según el Ejecutivo, es necesario modificar la normativa, "a pesar de su corta vigencia", para incorporar "una referencia tanto a la sostenibilidad del sistema público de pensiones como a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas", en línea de lo reclamado por la AIReF.

Asimismo, con el informe adicional pretende tener en cuenta "los grandes shocks en los datos definitivos macroeconómicos de los últimos años y disponer de suficientes datos para evaluar las reformas económicas", detalla el equipo de Elma Saiz.