UGT y CCOO exigen a Saiz información detallada de por qué convoca otra evaluación de las pensiones

Alerta en las pensiones: en un año habrá un nuevo examen para saber si hacen falta ajustes

El Gobierno pide otro informe a la AIReF sobre pensiones ante las presiones de Bruselas

El revuelo causado por el Gobierno al anunciar que ha pedido a la AIReF un informe adicional sobre la sostenibilidad de las pensiones, con fecha tope 1 de junio de 2026, es mayúsculo, debido a que el próximo chequeo del órgano fiscalizador estaba previsto por ley para dentro de tres años. Sin embargo, la semana pasada se supo que el Ministerio de Seguridad Social, que dirige Elma Saiz, tiene previsto desarrollar un proyecto de ley para cambiar la norma de evaluación de las pensiones y que la AIReF añada un examen adicional al sistema en 2026.

Los sindicatos UGT y CCOO, miembros de la Mesa de Diálogo Social en Pensiones, han reaccionado con contundencia, y exigen al ministerio información detallada de este cambio de dirección.

"Ante la noticia publicada por varios medios de comunicación, en la que se anuncia que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones va a promover un cambio normativo para que la AIREF proceda a una nueva evaluación de las proyecciones financieras del sistema público de pensiones en 2026, UGT y CCOO manifiestan su sorpresa por este anuncio, que no ha sido transmitido en modo alguno a los interlocutores sociales que han acordado la sucesión de acuerdos en materia de Seguridad Social suscritos entre 2021 y 2024", denuncian en un comunicado conjunto.

Ambos sindicatos se han dirigido al Ministerio para exigir esa información de forma inmediata, así como que se traslade también a la Mesa de Diálogo Social en materia de Seguridad Social, que se viene reuniendo periódicamente y a la que no se ha trasladado información alguna al respecto.

"Las transferencias deben ser consideradas ingresos"

Pese al enfado y sorpresa por el nuevo examen, ambos sindicatos reafirman su confianza en que las medias de refuerzo de ingresos acordadas en el marco del diálogo social garantizan la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en el corto, medio y largo plazo. Por ello, consideran que una nueva evaluación no debe dar un resultado distinto al que acaba de producirse y, en cualquier caso, debería ajustar mejor algunas proyecciones que, en su opinión, estaban infraestimadas (ingresos derivados de la cotización por ingresos reales en el RETA y efectos de la fuerte disminución de la jubilación anticipada involuntaria, de un lado, y el fuerte incremento de la jubilación demorada, de otro, en los últimos años, en un claro cambio de tendencia en estas dos figuras tras la última reforma).

En cuanto a los ingresos que recibe el sistema en concepto de transferencias, CCOO y UGT recuerdan que están regulados en la disposición adicional 32ª de la Ley General de la Seguridad Social, en cumplimiento del mandato 1º de las recomendaciones y conclusiones parlamentarias del Pacto de Toledo.

"Por tanto, estos ingresos deben ser considerados íntegramente en cualquier estimación de proyecciones sobre Seguridad Social. Y todo ello sin perjuicio de que la Comisión Europa requiera al Gobierno de España para adoptar la reforma fiscal pendiente, tal y como además reclaman las organizaciones sindicales y el propio Gobierno tiene comprometido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", matizan.

Reforzar los ingresos, clave para CCOO y UGT

No se debe olvidar que, en caso de que el nuevo análisis financiero que se realice estime que el incremento de recaudación fiscal estructural, que viene dándose y batiendo récords de recaudación en los últimos años, no es suficiente, tal conclusión debería acompañarse de medidas normativas que garanticen recursos tributarios adicionales para cumplir con las nuevas reglas fiscales.

En opinión de UGT y CCOO esa reforma fiscal es necesaria para equiparar nuestros ingresos tributarios a los de los países de nuestro entorno y garantizar el cumplimiento de las nuevas reglas fiscales, en las que el impacto de las transferencias adicionales del Tesoro a la Seguridad Social, reguladas legalmente, constituyen solo una parte.